MC (21-07-14).- "Dale vida a tus derechos" es el nombre de la campaña que elabora el Ministerio de Comunicación con la participación de organizaciones y movimientos sociales, la cual tiene la finalidad de informar, sensibilizar y promover cambios de comportamiento en la ciudadanía sobre el respeto a los derechos de diferentes sectores sociales.
La viceministra de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, explicó que se pretende difundir el contenido de normas que reflejan el catálogo de derechos establecidos en la actual Constitución Política del Estado, las cuales expresan el respeto a los derechos de distintos sectores que históricamente han sido marginados.
"Se está trabajando en una estrategia para difundir los derechos de la tercera edad, de las personas con discapacidad, de las mujeres y otras normas como la seguridad ciudadana, el consumo de bebidas alcohólicas y la lucha contra la discriminación, con el propósito de que la sociedad en su conjunto conozca el contenido de estas normas y no se queden en el papel", explicó Espinoza.
Entre las normas a socializar están la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (Ley 348); Ley contra el racismo y toda forma de discriminación (45); Ley general para personas con discapacidad (223); Ley integral contra la trata y tráfico de personas (263); además de la Ley de control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas (259) y la Ley del sistema nacional de seguridad ciudadana ”para una vida segura” (264).
La actual Constitución, puesta en vigencia en 2009, reconoce como nunca antes, en casi 100 artículos, los derechos de distintos grupos sociales del país, incorporando, además, un lenguaje de género que iguala en condiciones a bolivianas y bolivianos.
"El Estado colonial ha dejado en el marginamiento a los sectores de la sociedad que hoy son visibles y están presentes, por eso hay tanta diversidad y ese es el resultado de la construcción del Estado Plurinacional, reconocer a la diversidad a la plurinacionalidad y ser respetados", acotó la autoridad gubernamental.
Construcción participativa
"A pesar de que tenemos leyes que nos amparan, existen todavía brechas inmensas, por eso esperamos que sean socializadas", dijo Carlos Loza, presidente de la Asociación Nacional del Adulto Mayor de Bolivia (Anambo), quien junto a otros representantes de una decena de organizaciones y movimientos sociales, participaron este lunes en un taller para exponer criterios y aportar ideas para los mensajes comunicacionales de la Campaña.
Por su parte, el representante del colectivo de lesbianas y gais (LGBT), David Aruquipa, expresó que "anteriormente ya habíamos planteado la necesidad de tener una estrategia de comunicación, trabajar en una sola agenda para conocer los derechos de los distintos grupos".
Del taller participaron también representantes del Concejo Nacional Afroboliviano (Conafro); la Confederación Sindical Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia (Csmcib), el sector de los Interculturales y personas con discapacidad, entre otros.
Fuente: Ministerio de Comunicación
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miércoles, 23 de julio de 2014
lunes, 30 de junio de 2014
Bolivia: un tercio de los pasajeros se sienten insatisfechos con el transporte
RH (30-06-14).- La tercera parte (33%) de los vecinos encuestados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en los veinte municipios que conforman las áreas metropolitanas de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, no están satisfechos con el servicio de transporte en su localidad. Este descontento también se siente con la falta de cordialidad y el maltrato al recibir el servicio (46% de los encuestados), la inseguridad (44%), el tiempo que se tarda en llegar a destino (39%) y el costo (33%) de un medio de transporte que en los hechos es un trufi o un minibús en tres de cada cuatro casos (74%).
Los niveles más bajos de satisfacción con el transporte se encuentran en La Paz (16%), Viacha (17%), El Alto (18%), Mecapaca (20%), Sipe Sipe (21%) y Sacaba (23%). El alcalde de Sacaba, Humberto Sánchez Sánchez, admite que el transporte público tiene “deficiencias” en su municipio. Gustavo, un paceño entrevistado a la sombra de la iglesia San Francisco, indica que “el tráfico en La Paz es caótico”. “Con el teleférico y los 61 buses Puma Katari (comprados por la alcaldía paceña), no hemos resuelto ni el 5% de la problemática del transporte”, analiza el presidente del concejo municipal de La Paz, Omar Rocha.
Al contrario, cuatro municipios cruceños son los más conformes: Warnes, La Guardia (ambos con el 64% de los encuestados totalmente o casi totalmente satisfechos con el transporte ), Cotoca (61%) y El Torno (45%). El alcalde de Cotoca, Wilfredo Añez, explica que el “transporte público está manejado por los sindicatos y no tenemos mayores problemas con ellos”. El periodista de radio Warnes, Ernesto Balcazar, dice que “gracias a Dios, no tenemos problemas con el transporte urbano; ya que contamos con muchas empresas que prestan este servicio”. El secretario municipal de Planificación y Coordinación de Warnes, Luis Martínez, es más crítico con la situación; explica que si la alcaldía negara algún permiso “a una cooperativa de motoristas o de trufistas, ellos organizarían un gran bloqueo”. El secretario Martínez concluye que “nos faltan años luz para poder organizar bien el transporte en (la gran región de) Santa Cruz”.
Gobierno municipal versus sindicatos de choferes
En Santa Cruz de la Sierra (32%) y Cochabamba (34%), los porcentajes de satisfacción son comparables al promedio registrado en el conjunto de los 20 municipios encuestados por el PNUD (33%). La presidenta del concejo municipal de Santa Cruz de la Sierra, Desirée Bravo, pone de manifiesto el desfase existente entre un marco legal que confiere al municipio la responsabilidad sobre el transporte local, y la realidad, en la cual el servicio de transporte se encuentra copado y dominado por los sindicatos de choferes: “El tema del transporte es privado porque los choferes son los dueños de los vehículos; si usted saca una norma, bloquean o paralizan la ciudad”. Indica también que en Santa Cruz, “se está haciendo un estudio muy grande para poder cambiar el tema de transporte”, el cual podría convertirse en “un transporte mixto, privado/municipal”, si así lo requieren los ciudadanos, quienes han sido invitados a “brindar sus sugerencias”.
“A final, el municipio no puede sustituir a los transportistas, eso está clarito”, dice el presidente del concejo municipal de La Paz, Omar Rocha Rojo. Él considera que el municipio debe ser el “regulador” del sector, “poner las condiciones técnicas y, sobre todo, garantizar que las infracciones y afectaciones a los ciudadanos serán sancionadas o cubiertas por los responsables”. Aboga por un sistema más abierto,“donde cualquier ciudadano, de manera organizada o individual, puede ofertar y participar de la licitación pública de las rutas de La Paz”.
El director de Planeamiento del gobierno municipal de Cochabamba, Andrés Loza, insiste en que “el transporte público es administrado y definido por sus mismos operadores privados (los gremios de transportistas), que han ido imponiendo sus intereses”gracias a su “poder, y a la cantidad de personas dedicadas a esta actividad”. “Actualmente tenemos en el municipio una congestión y una inmensa cantidad de servicios de transporte contaminantes y de mala calidad”. Loza aboga por un transporte intermodal que logre romper con el dominio absoluto del automotor, a modo de devolver la ciudad al peatón “que queda relegado totalmente”, así como a la bicicleta, que tuvo su época de gloria en Cochabamba, hasta ser “expulsada de nuestra sociedad por la invasión agresiva del automóvil y la imposición de sus condiciones de uso del espacio público”. Como todos los responsables municipales entrevistados en el eje central por el PNUD, Loza ve“con buenos ojos” la experiencia paceña de los buses municipales Puma Katari.
Articulo completo
Fuente: Revista Humanum
Los niveles más bajos de satisfacción con el transporte se encuentran en La Paz (16%), Viacha (17%), El Alto (18%), Mecapaca (20%), Sipe Sipe (21%) y Sacaba (23%). El alcalde de Sacaba, Humberto Sánchez Sánchez, admite que el transporte público tiene “deficiencias” en su municipio. Gustavo, un paceño entrevistado a la sombra de la iglesia San Francisco, indica que “el tráfico en La Paz es caótico”. “Con el teleférico y los 61 buses Puma Katari (comprados por la alcaldía paceña), no hemos resuelto ni el 5% de la problemática del transporte”, analiza el presidente del concejo municipal de La Paz, Omar Rocha.
Al contrario, cuatro municipios cruceños son los más conformes: Warnes, La Guardia (ambos con el 64% de los encuestados totalmente o casi totalmente satisfechos con el transporte ), Cotoca (61%) y El Torno (45%). El alcalde de Cotoca, Wilfredo Añez, explica que el “transporte público está manejado por los sindicatos y no tenemos mayores problemas con ellos”. El periodista de radio Warnes, Ernesto Balcazar, dice que “gracias a Dios, no tenemos problemas con el transporte urbano; ya que contamos con muchas empresas que prestan este servicio”. El secretario municipal de Planificación y Coordinación de Warnes, Luis Martínez, es más crítico con la situación; explica que si la alcaldía negara algún permiso “a una cooperativa de motoristas o de trufistas, ellos organizarían un gran bloqueo”. El secretario Martínez concluye que “nos faltan años luz para poder organizar bien el transporte en (la gran región de) Santa Cruz”.
Gobierno municipal versus sindicatos de choferes
En Santa Cruz de la Sierra (32%) y Cochabamba (34%), los porcentajes de satisfacción son comparables al promedio registrado en el conjunto de los 20 municipios encuestados por el PNUD (33%). La presidenta del concejo municipal de Santa Cruz de la Sierra, Desirée Bravo, pone de manifiesto el desfase existente entre un marco legal que confiere al municipio la responsabilidad sobre el transporte local, y la realidad, en la cual el servicio de transporte se encuentra copado y dominado por los sindicatos de choferes: “El tema del transporte es privado porque los choferes son los dueños de los vehículos; si usted saca una norma, bloquean o paralizan la ciudad”. Indica también que en Santa Cruz, “se está haciendo un estudio muy grande para poder cambiar el tema de transporte”, el cual podría convertirse en “un transporte mixto, privado/municipal”, si así lo requieren los ciudadanos, quienes han sido invitados a “brindar sus sugerencias”.
“A final, el municipio no puede sustituir a los transportistas, eso está clarito”, dice el presidente del concejo municipal de La Paz, Omar Rocha Rojo. Él considera que el municipio debe ser el “regulador” del sector, “poner las condiciones técnicas y, sobre todo, garantizar que las infracciones y afectaciones a los ciudadanos serán sancionadas o cubiertas por los responsables”. Aboga por un sistema más abierto,“donde cualquier ciudadano, de manera organizada o individual, puede ofertar y participar de la licitación pública de las rutas de La Paz”.
El director de Planeamiento del gobierno municipal de Cochabamba, Andrés Loza, insiste en que “el transporte público es administrado y definido por sus mismos operadores privados (los gremios de transportistas), que han ido imponiendo sus intereses”gracias a su “poder, y a la cantidad de personas dedicadas a esta actividad”. “Actualmente tenemos en el municipio una congestión y una inmensa cantidad de servicios de transporte contaminantes y de mala calidad”. Loza aboga por un transporte intermodal que logre romper con el dominio absoluto del automotor, a modo de devolver la ciudad al peatón “que queda relegado totalmente”, así como a la bicicleta, que tuvo su época de gloria en Cochabamba, hasta ser “expulsada de nuestra sociedad por la invasión agresiva del automóvil y la imposición de sus condiciones de uso del espacio público”. Como todos los responsables municipales entrevistados en el eje central por el PNUD, Loza ve“con buenos ojos” la experiencia paceña de los buses municipales Puma Katari.
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Fuente: Revista Humanum
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jueves, 26 de junio de 2014
Semillas de ‘libre acceso’ contra restricción de patentes
SD (26-06-14).- Una iniciativa de semillas de ‘fuente abierta’ liberó 36 variedades de 14 cultivos alimenticios, lo que según los líderes del proyecto podría ayudar a los agricultores pobres a tener acceso a semillas de mejor calidad.
Las nuevas variedades de semillas están disponibles desde mediados de mayo para su distribución en todo el mundo, informa Irwin Goldman, fitomejorador y horticultor de la Universidad de Wisconsin-Madison, y uno de los impulsores de la liberación.
Confirma a SciDev.Net que ya se han recibido más de 350 pedidos de diversas partes del mundo, y que el objetivo final del proyecto es ayudar a cambiar la normativa internacional que limita el intercambio de semillas de cultivos como zanahoria, col rizada, lechuga, brócoli y quinua.
Todos los envases incluyen un ‘compromiso de mantener las semillas en código abierto’. Esto significa que las semillas podrán usarse en cualquier forma y que las nuevas variedades desarrolladas a partir de ellas seguirán siendo libres de usarse por quienquiera.
“No podemos estar seguros de que alguien no intentará patentar o restringir [las semillas que hemos liberado], pero haremos nuestro mejor esfuerzo para estudiar qué sucede con estos materiales cuando llegan a la comunidad”, señala Goldman.
En la actualidad, muchos países han adoptado la compleja legislación internacional sobre semillas, que implica regulaciones de patentes y otras formas de protección a la propiedad intelectual. Esto significa que se les prohíbe a los agricultores sembrar esas semillas e incluso resembrarlas en la siguiente estación.
“Queremos restaurar la práctica de compartir libremente los materiales de siembra entre los mejoradores. Esta era una maravillosa forma de trabajar hasta hace unos 20 años atrás”, afirma Goldman.
La liberación estuvo a cargo de la Iniciativa Open Source Seed (OSSI), un proyecto creado en los Estados Unidos en 2011 que sostiene que los recursos genéticos —en forma de semillas— deben ser un recurso común que cualquiera pueda usar como mejor le convenga. Sus miembros temen que las leyes actuales de propiedad intelectual y las que se dicten en el futuro podrían dar lugar a que los materiales genéticos de muchas plantas queden fuera del alcance público.
Janny van Beem, jefa de la Unidad de Adquisición y Distribución de Germoplasma del Centro Internacional de la Papa, organización de investigación científica, alaba las iniciativas que comparten y facilitan el intercambio de recursos genéticos.
Los agricultores pobres por lo general no pueden acceder a las semillas de buena calidad desarrolladas por las corporaciones multinacionales y así terminan usando las de los cultivos locales, explica. “Este tipo de movimiento tiene un impacto en los agricultores pobres de los países en desarrollo: una nueva variedad libre usada correctamente —liberada por las autoridades nacionales— puede cambiar drásticamente su situación y sus medios de subsistencia”, añade.
Van Beem resalta el caso de ‘Cooperación 88’, una variedad de papa liberada hace casi 30 años por la Universidad Normal de Yunnan, en China, después de un libre intercambio de material genético del Centro Internacional de la Papa. Asegura que esta variedad ahora es sembrada en más de 390.000 hectáreas del mundo en desarrollo, casi el doble del área cubierta por la variedad de papa más popular de los Estados Unidos.
“El código abierto significa compartir, y el intercambio de semillas puede ser la base de un sistema alimentario más justo y sostenible”, subraya Jack Kloppenburg, profesor de sociología de la comunidad y el medio ambiente de la Universidad de Wisconsin-Madison, quien coordina la iniciativa OSSI junto con Goldman y un estudiante de esa universidad.
Indica que un grupo reducido de grandes empresas agrícolas —entre las que se cuentan Monsanto, Syngenta, Dow y BASF— comparten el 66 por ciento del mercado de semillas comerciales.
Kloppenburg recuerda que hay varios movimientos similares a OSSI en todo el mundo —como el grupo ‘Seed Freedom’— que hacen campaña contra todo lo que consideran leyes ‘ilegítimas’ y restrictivas de las semillas, y no está claro aún qué modelo será el mejor.
Fuente: Sci Dev
Las nuevas variedades de semillas están disponibles desde mediados de mayo para su distribución en todo el mundo, informa Irwin Goldman, fitomejorador y horticultor de la Universidad de Wisconsin-Madison, y uno de los impulsores de la liberación.
Confirma a SciDev.Net que ya se han recibido más de 350 pedidos de diversas partes del mundo, y que el objetivo final del proyecto es ayudar a cambiar la normativa internacional que limita el intercambio de semillas de cultivos como zanahoria, col rizada, lechuga, brócoli y quinua.
Todos los envases incluyen un ‘compromiso de mantener las semillas en código abierto’. Esto significa que las semillas podrán usarse en cualquier forma y que las nuevas variedades desarrolladas a partir de ellas seguirán siendo libres de usarse por quienquiera.
“No podemos estar seguros de que alguien no intentará patentar o restringir [las semillas que hemos liberado], pero haremos nuestro mejor esfuerzo para estudiar qué sucede con estos materiales cuando llegan a la comunidad”, señala Goldman.
En la actualidad, muchos países han adoptado la compleja legislación internacional sobre semillas, que implica regulaciones de patentes y otras formas de protección a la propiedad intelectual. Esto significa que se les prohíbe a los agricultores sembrar esas semillas e incluso resembrarlas en la siguiente estación.
“Queremos restaurar la práctica de compartir libremente los materiales de siembra entre los mejoradores. Esta era una maravillosa forma de trabajar hasta hace unos 20 años atrás”, afirma Goldman.
La liberación estuvo a cargo de la Iniciativa Open Source Seed (OSSI), un proyecto creado en los Estados Unidos en 2011 que sostiene que los recursos genéticos —en forma de semillas— deben ser un recurso común que cualquiera pueda usar como mejor le convenga. Sus miembros temen que las leyes actuales de propiedad intelectual y las que se dicten en el futuro podrían dar lugar a que los materiales genéticos de muchas plantas queden fuera del alcance público.
Janny van Beem, jefa de la Unidad de Adquisición y Distribución de Germoplasma del Centro Internacional de la Papa, organización de investigación científica, alaba las iniciativas que comparten y facilitan el intercambio de recursos genéticos.
Los agricultores pobres por lo general no pueden acceder a las semillas de buena calidad desarrolladas por las corporaciones multinacionales y así terminan usando las de los cultivos locales, explica. “Este tipo de movimiento tiene un impacto en los agricultores pobres de los países en desarrollo: una nueva variedad libre usada correctamente —liberada por las autoridades nacionales— puede cambiar drásticamente su situación y sus medios de subsistencia”, añade.
Van Beem resalta el caso de ‘Cooperación 88’, una variedad de papa liberada hace casi 30 años por la Universidad Normal de Yunnan, en China, después de un libre intercambio de material genético del Centro Internacional de la Papa. Asegura que esta variedad ahora es sembrada en más de 390.000 hectáreas del mundo en desarrollo, casi el doble del área cubierta por la variedad de papa más popular de los Estados Unidos.
“El código abierto significa compartir, y el intercambio de semillas puede ser la base de un sistema alimentario más justo y sostenible”, subraya Jack Kloppenburg, profesor de sociología de la comunidad y el medio ambiente de la Universidad de Wisconsin-Madison, quien coordina la iniciativa OSSI junto con Goldman y un estudiante de esa universidad.
Indica que un grupo reducido de grandes empresas agrícolas —entre las que se cuentan Monsanto, Syngenta, Dow y BASF— comparten el 66 por ciento del mercado de semillas comerciales.
Kloppenburg recuerda que hay varios movimientos similares a OSSI en todo el mundo —como el grupo ‘Seed Freedom’— que hacen campaña contra todo lo que consideran leyes ‘ilegítimas’ y restrictivas de las semillas, y no está claro aún qué modelo será el mejor.
Fuente: Sci Dev
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martes, 20 de mayo de 2014
El maíz andino se incorpora a los alimentos del 'Arca del Gusto' para ser protegido
Pieb (19-05-14).- El Arca del Gusto es como un “arca de Noé” a la que ingresan los alimentos, animales o vegetales, con una alta necesidad de preservación frente a las amenazas del avance de la modernidad. En esa nómina privilegiada está ahora el colorido maíz andino, propio de la región del lago Titicaca, que se produce específicamente para el autoconsumo de los pequeños campesinos de la zona.
“Si vemos nuestros mercados, todos consumimos humintas, choclos, y todo proviene de Cochabamba y de los valles calientes. El maíz andino no tiene mercado, es básicamente el maíz amarillo que lo conservan en seco y que nadie compra, se volvió un producto netamente de autoconsumo de los campesinos”, explica María Julia Jiménez, coordinadora en Bolivia del movimiento Slow Food y facilitadora con organizaciones de productores. La migración hacia las ciudades también tiene su impacto en el cultivo del producto pues se pierde paulatinamente la posibilidad de su conservación; mientras que las familias que no migran comienzan a verse presionados cada vez más por el mercado y reservan hasta los últimos metros de terreno para cultivos más comerciales, como el haba por ejemplo.
Sin embargo de esos problemas, para Jiménez nada representa una mayor amenaza que la ampliación del cultivo intensivo del llamado maíz cubano, en los llanos orientales, que se destina al alimento balanceado para los animales de granja. El problema radica en que la necesidad de mayor rendimiento podría llevar a los grandes productores a incorporar semillas transgénicas y a inundar el mercado con maíz para los animales.
En ese contexto es un logro haber introducido al maíz andino en una nómina de alimentos a proteger, junto a otro producto del territorio boliviano, como la nuez amazónica, que había sido incorporada años antes. El movimiento mundial Slow Food promueve la protección de producciones en pequeña escala que pertenecen a las culturas, historia y tradiciones del planeta, incorporando a esos productos en una nómina de patrimonio extraordinario de frutas, vegetales, alimento animal, quesos, panes, dulces y carnes curadas.
La incorporación del maíz andino al Arca del Gusto tuvo que pasar por un proceso de validación de su, por así decirlo, postulación. María Julia Jiménez explica que las investigaciones actuales y de la historia arqueológica del maíz de altura justificaron la inclusión del producto. La campaña sobre el maíz andino comenzó en realidad desde 2012, dentro de la Alianza para el Consumo Responsable, lo que fue una motivación para impulsar más estudios al respecto.
El maíz andino se cultiva principalmente en las islas del lago Titicaca, y la arqueología ha registrado su consumo ancestral asociado a los rituales y como un elemento “mediador de las relaciones entre los pueblos”, más precisamente con los señoríos aymaras cuando los incas ingresaron a imponer su dominio. Actualmente se puede ver el cultivo del maíz andino combinado con otras plantaciones nativas porque sirve específicamente para el consumo familiar y en menor medida para el trueque.
La incorporación en el Arca del Gusto se constituye principalmente en un respaldo moral y ético para continuar con la defensa del maíz andino, en este caso, y llegar a las autoridades gubernamentales y departamentales para exigirles actuar en consecuencia. Jiménez dio la noticia en el marco del Primer Taller Nacional “Consumo Responsable y Solidario” realizado esta semana por la Alianza para el Consumo Responsable y Solidario.
Fuente: PIEB
“Si vemos nuestros mercados, todos consumimos humintas, choclos, y todo proviene de Cochabamba y de los valles calientes. El maíz andino no tiene mercado, es básicamente el maíz amarillo que lo conservan en seco y que nadie compra, se volvió un producto netamente de autoconsumo de los campesinos”, explica María Julia Jiménez, coordinadora en Bolivia del movimiento Slow Food y facilitadora con organizaciones de productores. La migración hacia las ciudades también tiene su impacto en el cultivo del producto pues se pierde paulatinamente la posibilidad de su conservación; mientras que las familias que no migran comienzan a verse presionados cada vez más por el mercado y reservan hasta los últimos metros de terreno para cultivos más comerciales, como el haba por ejemplo.
Sin embargo de esos problemas, para Jiménez nada representa una mayor amenaza que la ampliación del cultivo intensivo del llamado maíz cubano, en los llanos orientales, que se destina al alimento balanceado para los animales de granja. El problema radica en que la necesidad de mayor rendimiento podría llevar a los grandes productores a incorporar semillas transgénicas y a inundar el mercado con maíz para los animales.
En ese contexto es un logro haber introducido al maíz andino en una nómina de alimentos a proteger, junto a otro producto del territorio boliviano, como la nuez amazónica, que había sido incorporada años antes. El movimiento mundial Slow Food promueve la protección de producciones en pequeña escala que pertenecen a las culturas, historia y tradiciones del planeta, incorporando a esos productos en una nómina de patrimonio extraordinario de frutas, vegetales, alimento animal, quesos, panes, dulces y carnes curadas.
La incorporación del maíz andino al Arca del Gusto tuvo que pasar por un proceso de validación de su, por así decirlo, postulación. María Julia Jiménez explica que las investigaciones actuales y de la historia arqueológica del maíz de altura justificaron la inclusión del producto. La campaña sobre el maíz andino comenzó en realidad desde 2012, dentro de la Alianza para el Consumo Responsable, lo que fue una motivación para impulsar más estudios al respecto.
El maíz andino se cultiva principalmente en las islas del lago Titicaca, y la arqueología ha registrado su consumo ancestral asociado a los rituales y como un elemento “mediador de las relaciones entre los pueblos”, más precisamente con los señoríos aymaras cuando los incas ingresaron a imponer su dominio. Actualmente se puede ver el cultivo del maíz andino combinado con otras plantaciones nativas porque sirve específicamente para el consumo familiar y en menor medida para el trueque.
La incorporación en el Arca del Gusto se constituye principalmente en un respaldo moral y ético para continuar con la defensa del maíz andino, en este caso, y llegar a las autoridades gubernamentales y departamentales para exigirles actuar en consecuencia. Jiménez dio la noticia en el marco del Primer Taller Nacional “Consumo Responsable y Solidario” realizado esta semana por la Alianza para el Consumo Responsable y Solidario.
Fuente: PIEB
viernes, 25 de abril de 2014
NetMundial: acuerdos sobre el futuro de Internet
AP (25-04-14).- La Conferencia NetMundial (Reunión Global de Múltiples Actores Interesados sobre el Futuro de la Gobernanza de Internet), llevada a cabo el 23 y 24 de abril en Río de Janeiro, reunió a casi mil 500 representantes de gobiernos, sector privado, sociedad civil, comunidades especializadas y la academia de 97 países para tomar acuerdos sobre el futuro de Internet.
NetMundial, la primera en su tipo, presentó un documento final a partir de propuestas globales y las discusiones realizadas en Brasil esta semana. El documento presenta un esbozo de las regulaciones necesarias para la evolución hacia una gobernanza en el ecosistema de Internet, es decir, una regulación compartida y con legitimidad.
La declaración de la cumbre exige un control multilateral de Internet, buscando reducir el control mayoritario que ejerce Estados Unidos sobre la red, lo que favoreció el espionaje revelado por organizaciones y activistas como Edward Snowden y Wikileaks, uno de los temas principales en los dos días de pláticas.
Las recientes polémicas sobre Internet se vieron reflejadas en los dos días de pláticas con temas centrales como neutralidad de la red, los derechos de propiedad intelectual, la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios.
Los diversos sectores se vieron representados de la siguiente forma: 19% gobiernos, 20% sector privado, 23% sociedad civil, 10% academia y 10% comunidad técnica.
Las discusiones durante miércoles y jueves concluyeron con la Declaración NetMundial de Múltiples Actores Interesados, la presenta un conjunto de recomendaciones no vinculantes para los países participantes, algunos de los cuales podrían asumir el documento.
La declaración buscó -pese a las polémicas- encontrar consensos de una forma colaborativa, además de tomar en cuenta más de 180 documentos enviados de diversas naciones. Sin embargo, representantes de países como Rusia, Cuba e India, así como miembros de la sociedad civil y de la comunidad técnica, se mostraron decepcionados con temas como neutralidad de la red y privacidad, temas sobre los que afirmaron que aún existen riesgos y violaciones de derechos.
La Declaración NETmundial
El documento final de NETmundial consiste en una serie de principios básicos que den legitimidad y gobernanza a Internet de forma democrática y que reconozca la necesidad de que la red sea manejada para el interés público.
La declaración incluyó seis principios básicos, entre los que destaca el concerniente a los derechos humanos y los valores compartidos para Internet, donde se afirma que los derechos defendidos de forma tradicional (offline), deben respetarse de la misma forma en línea, de acuerdo con los tratados internacionales en la materia.
Estos son los principales derechos y principios defendidos por la Conferencia NETmundial:
NetMundial, la primera en su tipo, presentó un documento final a partir de propuestas globales y las discusiones realizadas en Brasil esta semana. El documento presenta un esbozo de las regulaciones necesarias para la evolución hacia una gobernanza en el ecosistema de Internet, es decir, una regulación compartida y con legitimidad.
La declaración de la cumbre exige un control multilateral de Internet, buscando reducir el control mayoritario que ejerce Estados Unidos sobre la red, lo que favoreció el espionaje revelado por organizaciones y activistas como Edward Snowden y Wikileaks, uno de los temas principales en los dos días de pláticas.
Las recientes polémicas sobre Internet se vieron reflejadas en los dos días de pláticas con temas centrales como neutralidad de la red, los derechos de propiedad intelectual, la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios.
Los diversos sectores se vieron representados de la siguiente forma: 19% gobiernos, 20% sector privado, 23% sociedad civil, 10% academia y 10% comunidad técnica.
Las discusiones durante miércoles y jueves concluyeron con la Declaración NetMundial de Múltiples Actores Interesados, la presenta un conjunto de recomendaciones no vinculantes para los países participantes, algunos de los cuales podrían asumir el documento.
La declaración buscó -pese a las polémicas- encontrar consensos de una forma colaborativa, además de tomar en cuenta más de 180 documentos enviados de diversas naciones. Sin embargo, representantes de países como Rusia, Cuba e India, así como miembros de la sociedad civil y de la comunidad técnica, se mostraron decepcionados con temas como neutralidad de la red y privacidad, temas sobre los que afirmaron que aún existen riesgos y violaciones de derechos.
La Declaración NETmundial
El documento final de NETmundial consiste en una serie de principios básicos que den legitimidad y gobernanza a Internet de forma democrática y que reconozca la necesidad de que la red sea manejada para el interés público.
La declaración incluyó seis principios básicos, entre los que destaca el concerniente a los derechos humanos y los valores compartidos para Internet, donde se afirma que los derechos defendidos de forma tradicional (offline), deben respetarse de la misma forma en línea, de acuerdo con los tratados internacionales en la materia.
Estos son los principales derechos y principios defendidos por la Conferencia NETmundial:
- Libertad de expresión: Todos tienen el derecho a la libertad de opinión y expresión, sin ninguna limitante, así como a buscar, recibir y comunicar información e ideas a través de cualquier medio a través de las fronteras.
- Libertad de asociación: Las personas tienen el derecho a una asamblea pacífica y de asociación en la red, ya sea a través de redes sociales o cualquier plataforma.
- Privacidad: El derecho a la privacidad debe ser protegido, lo cual implica el derecho a no ser sujeto a vigilancias arbitrarias o fuera de la ley, así como la recolección, el procesamiento y la utilización de la información personal. Los procedimientos y las legislaciones en materia de vigilancia de comunicaciones, intercepción de información personal, la vigilancia masiva, deberían ser revisadas con la intención de defender la privacidad y los derechos.
- Accesibilidad: Las personas con discapacidades deben disfrutar el completo acceso a los recursos en línea y se debe promover el diseño, desarrollo, producción y distribución de información, tecnologías y sistemas accesibles para todos.
- Acceso a la información: Todos deben tener derecho a acceder, compartir, crear y distribuir información en Internet, basados en la legislación internacional de derechos de autor.
- Desarrollo: Todas las personas tienen el derecho al desarrollo y la red tiene un papel clave en ayudar a cumplir las metas del desarrollo sustentable global y es una herramienta vital para dar a la gente en condición de pobreza los medios para participar en el desarrollo.
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miércoles, 4 de diciembre de 2013
Ley protegerá a usuarios y consumidores de servicios básicos, alimentación y la banca
PS (4-12-13).- El senador Efraín Condori, presidente de la Comisión de Economía Plural, Industria e Industrialización, en contacto con la Red Patria Nueva, señaló que a partir de la promulgación de la ley general de los derechos de las usuarias y usuarios y de las consumidoras y consumidores, “el Estado brindará seguridad y garantía en el consumo de alimentos, servicio de teléfonos, transporte, bancos y otros”.
La norma fue aprobada recientemente en la Cámara de Senadores y espera su promulgación por parte del Ejecutivo.
Según el Legislador, el proyecto de ley, presentado por el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, fue consensuado con el sector empresarial que presentó sus propuestas y observaciones al instrumento legislativo.
Asimismo, señaló que “la competencia abarca más allá de los gobiernos autónomos que deben sumarse para brindar protección al usuario y usuaria”.
En ese contexto, las empresas tendrán la obligación de proporcionar toda la información que requiera el usuario y los posibles daños o riesgos a la salud de personas vulnerables, como las mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.
Con respecto de las sanciones, Condori indicó “que existen sanciones penales y sanciones civiles que, de alguna manera, antes el usuario o la usuaria no estaba protegido, el que estaba protegido era solo el empresario o el intermediario”, dijo.
En caso de encontrarse algunas irregularidades y que no sean manejadas transparentemente como la adulteración de productos o trato prepotente del empresariado, estas serán sancionadas de acuerdo al delito que cometan.
Finalmente, la autoridad legislativa señaló que, a partir de su promulgación, se tiene un plazo de 120 días para que realizar la reglamentación. Por su parte, las entidades de regulación y fiscalización sectorial, luego de la reglamentación, tendrán un plazo de 60 días para adecuar su normativa conforme a la ley.
Según los antecedentes de la norma, Bolivia es el único país en la región que no cuenta con una ley de este tipo. A partir de su promulgación, el Estado podrá proteger a los ciudadanos en servicios de atención médica, financiera, alimenticia, transporte, y otros.
Fuente: Prensa Senado
La norma fue aprobada recientemente en la Cámara de Senadores y espera su promulgación por parte del Ejecutivo.
Según el Legislador, el proyecto de ley, presentado por el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, fue consensuado con el sector empresarial que presentó sus propuestas y observaciones al instrumento legislativo.
Asimismo, señaló que “la competencia abarca más allá de los gobiernos autónomos que deben sumarse para brindar protección al usuario y usuaria”.
En ese contexto, las empresas tendrán la obligación de proporcionar toda la información que requiera el usuario y los posibles daños o riesgos a la salud de personas vulnerables, como las mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.
Con respecto de las sanciones, Condori indicó “que existen sanciones penales y sanciones civiles que, de alguna manera, antes el usuario o la usuaria no estaba protegido, el que estaba protegido era solo el empresario o el intermediario”, dijo.
En caso de encontrarse algunas irregularidades y que no sean manejadas transparentemente como la adulteración de productos o trato prepotente del empresariado, estas serán sancionadas de acuerdo al delito que cometan.
Finalmente, la autoridad legislativa señaló que, a partir de su promulgación, se tiene un plazo de 120 días para que realizar la reglamentación. Por su parte, las entidades de regulación y fiscalización sectorial, luego de la reglamentación, tendrán un plazo de 60 días para adecuar su normativa conforme a la ley.
Según los antecedentes de la norma, Bolivia es el único país en la región que no cuenta con una ley de este tipo. A partir de su promulgación, el Estado podrá proteger a los ciudadanos en servicios de atención médica, financiera, alimenticia, transporte, y otros.
Fuente: Prensa Senado
miércoles, 27 de noviembre de 2013
Bolivia contará con una ley que protegerá a usuarios y consumidores
PS (27-11-13).- El pleno de la Cámara de Senadores sancionó este martes la “Ley general de los derechos de las usuarias y usuarios y de las consumidoras y consumidores”, que tiene el objetivo de establecer los derechos de los usuarios y consumidores en relación a los proveedores de servicios y productos, así como establecer garantías en la provisión de los servicios básicos, médicos, bancarios y financieros.
En este sentido, entre sus disposiciones, el proyecto aprobado establece el derecho a la salud y la integridad física, el derecho a la alimentación y sus condiciones y el derecho a la información sobre las características y contenidos de los servicios y productos.
Con esta normativa también se fortalecerá el derecho al trato equitativo del consumidor, el derecho a la libre elección de productos y servicios y el derecho a la reclamación, así como otras disposiciones relacionadas con estos ámbitos.
La “Ley general de los derechos de las usuarias y usuarios y de las consumidoras y consumidores” comprende una serie de políticas destinadas a la protección de los usuarios y consumidores, como ser la obligación de los proveedores de suministrar productos y servicios en condiciones de inocuidad, calidad y seguridad.
El artículo 20, parágrafo II, de la Constitución Política del Estado (CPE), establece: “Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social”
Este proyecto de ley aprobado por la Cámara de Senadores, fue remitido al Órgano Ejecutivo para su posterior promulgación.
Fuente: Prensa Senado
En este sentido, entre sus disposiciones, el proyecto aprobado establece el derecho a la salud y la integridad física, el derecho a la alimentación y sus condiciones y el derecho a la información sobre las características y contenidos de los servicios y productos.
Con esta normativa también se fortalecerá el derecho al trato equitativo del consumidor, el derecho a la libre elección de productos y servicios y el derecho a la reclamación, así como otras disposiciones relacionadas con estos ámbitos.
La “Ley general de los derechos de las usuarias y usuarios y de las consumidoras y consumidores” comprende una serie de políticas destinadas a la protección de los usuarios y consumidores, como ser la obligación de los proveedores de suministrar productos y servicios en condiciones de inocuidad, calidad y seguridad.
El artículo 20, parágrafo II, de la Constitución Política del Estado (CPE), establece: “Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social”
Este proyecto de ley aprobado por la Cámara de Senadores, fue remitido al Órgano Ejecutivo para su posterior promulgación.
Fuente: Prensa Senado
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Derechos del Consumidor
martes, 26 de noviembre de 2013
Ley que protege a usuarios y consumidores será tratada en Senado
PS (26-11-13).- El pleno de la Cámara de Senadores, iniciará el tratamiento de la “Ley General de los Derechos de las Usuarias y Usuarios y de las Consumidoras y Consumidores”, que tiene como objetivo establecer una serie de políticas destinadas a la protección de los usuarios y consumidores, como ser la obligación de los proveedores de suministrar productos y servicios en condiciones de inocuidad, calidad y seguridad.
Esta ley establece el derecho a la salud y la integridad física, el derecho a la alimentación y sus condiciones y el derecho a la información sobre las características y contenidos de los servicios y productos.
Asimismo la normativa establece el derecho al trato equitativo del consumidor, el derecho a la libre elección de productos y servicios y el derecho a la reclamación, así como otras disposiciones relacionadas con estos ámbitos.
El documento consta de 62 artículos, una disposición adicional, tres disposiciones finales y una disposición abrogatoria y derogatoria, que fue remitida de la Cámara de Diputados y será tratada esta jornada en el pleno de Senado a las 15:00.
Fuente: Prensa Senado
Esta ley establece el derecho a la salud y la integridad física, el derecho a la alimentación y sus condiciones y el derecho a la información sobre las características y contenidos de los servicios y productos.
Asimismo la normativa establece el derecho al trato equitativo del consumidor, el derecho a la libre elección de productos y servicios y el derecho a la reclamación, así como otras disposiciones relacionadas con estos ámbitos.
El documento consta de 62 artículos, una disposición adicional, tres disposiciones finales y una disposición abrogatoria y derogatoria, que fue remitida de la Cámara de Diputados y será tratada esta jornada en el pleno de Senado a las 15:00.
Fuente: Prensa Senado
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Derechos del Consumidor
viernes, 25 de enero de 2013
La FAO y el PNUMA lanzan una campaña contra el desperdicio de alimentos
Fao (22-01-13).- Medidas sencillas por parte de consumidores y vendedores minoristas de alimentos pueden reducir drásticamente los 1 300 millones de toneladas de alimentos que cada año se pierden o desperdician y ayudar así a crear un futuro sostenible, según una nueva campaña mundial para reducir el desperdicio de alimentos presentada hoy por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros socios.
La campaña Think.Eat.Save. Reduce Your Foodprint ("Piensa. Aliméntate. Ahorra. Reduce tu huella alimentaria") surge en apoyo de la Iniciativa SAVE FOOD ("Ahorrar alimentos") para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de producción y consumo de alimentos -promovida por la FAO y los organizadores de la feria comercial Messe Düsseldorf- y la Iniciativa Hambre Cero del Secretario General de la ONU. La nueva campaña se dirige específicamente a los alimentos desperdiciados por los consumidores, los minoristas y la industria hotelera.
La campaña aprovecha la experiencia de organizaciones como WRAP (siglas en ingles de Waste and Resources Action Programme, Programa de acción para el desperdicio y los recursos), Feeding the 5,000 y otros socios, incluyendo gobiernos nacionales, que tienen considerable experiencia en identificar y modificar las prácticas derrochadoras.
La campaña Think.Eat.Save. tiene como objetivo acelerar las medidas y proporcionar una visión global y un portal de intercambio de información (www.thinkeatsave.org) para las múltiples y diversas iniciativas en curso en todo el mundo.
A nivel mundial, alrededor de un tercio de todos los alimentos que se producen -por valor de cerca de un billon de dólares EEUU- se pierde o se desperdicia en los sistemas de producción y consumo alimentarios, según los datos publicados por la FAO. La pérdida de alimentos se produce sobre todo en las etapas de producción -recolección, procesamiento y distribución- mientras que el desperdicio ocurre por lo general a nivel del minorista y el consumidor, al final de la cadena de suministro de alimentos.
"En un mundo de siete mil millones de habitantes, que aumentarán a nueve mil millones en 2050, el desperdicio de alimentos no tiene sentido ni a nivel económico, ni ambiental ni ético", aseguró el Secretario General Adjunto de la ONU y Director Ejecutivo del PNUMA, Achim Steiner.
"Aparte del coste que conlleva, toda la tierra, agua, fertilizantes y la mano de obra necesarios para cultivar esos alimentos se pierde. Por no hablar de las emisiones de gases de efecto invernadero producidos por la descomposición de los alimentos en los vertederos y el transporte de los alimentos que finalmente se desechan", añadió Steiner. "Para hacer realidad la visión de un mundo realmente sostenible -concluyó-, necesitamos transformar la forma en que producimos y consumimos nuestros recursos naturales".
"Juntos, podemos invertir esta tendencia inaceptable y mejorar la vida de las personas. En las regiones industrializadas, casi la mitad del total de alimentos desperdiciados, alrededor de 300 millones de toneladas al año, se debe a que los productores, minoristas y consumidores desechan alimentos que todavía son aptos para el consumo ", señaló el Director General de la FAO, José Graziano da Silva. "Es más que la producción total neta de alimentos de África subsahariana, y sería suficiente para alimentar a los cerca de 870 millones de personas con hambre que hay en el mundo", alertó.
"Si podemos ayudar a los productores de alimentos a reducir las pérdidas a través de mejores métodos de recolección, procesado, almacenamiento, transporte y comercialización, y combinar esto con cambios profundos y duraderos en la forma de consumir alimentos, podremos entonces tener un mundo más sano y sin hambre, añadió Graziano da Silva.
El sistema alimentario mundial tiene profundas implicaciones para el medio ambiente, y producir más alimentos de los que se consumen sólo agrava las presiones, entre ellas las siguientes:
Uno de los factores que impulsaron la campaña fue el resultado de la Cumbre de Río +20 en junio de 2012, en la que los Jefes de Estado y de gobierno dieron el visto bueno para la creación de un marco de diez años de Programas de patrones de consumo y producción sostenibles (CPS). El desarrollo de un programa de CPS para el sector de la alimentación debe ser un elemento esencial de este marco, dada la necesidad de mantener la base mundial de producción alimentaria, reducir su impacto ambiental, y alimentar a una creciente población humana.
"No puede haber ninguna otra área tan representativa de las oportunidades para un mundo que haga un uso mucho más eficiente de los recursos y sostenible. Y no hay otro tema que puede unir Norte y Sur, consumidores y los productores de todas partes en una causa común", añadió Steiner.
Según la FAO (http://www.fao.org/save-food/es/), cerca del 95 por ciento de la pérdida y el desperdicio de alimentos en los países en desarrollo son pérdidas involuntarias en las primeras etapas de la cadena de suministro de alimentos debido a limitaciones financieras, técnicas y de gestión en las técnicas de recolección, instalaciones de refrigeración y almacenamiento en condiciones climáticas difíciles, infraestructuras, y sistemas de envasado y comercialización.
Sin embargo, en el mundo desarrollado tiene mucha mayor importancia el final de la cadena. Aquí al nivel de elaboración de alimentos y venta minorista, se desperdician grandes cantidades de alimentos debido a prácticas ineficientes, estándares de calidad que dan excesiva importancia a la apariencia, confusión sobre las fechas en las etiquetas y consumidores que se apresuran a tirar alimentos en buen estado debido a que han comprado en exceso, por almacenarlos de forma inadecuada y la preparación de demasiada cantidad de comida.
El desperdicio per cápita de los consumidores se sitúa entre 95 y 115 kg al año en Europa y Norteamérica/Oceanía, mientras que los consumidores en África subsahariana, Asia meridional y Sudeste asiático tiran solamente entre 6 a 11 kg al año.
Según WRAP, una familia media del Reino Unido podría ahorrar 680 libras esterlinas por año (1 090 dólares EEUU) y el sector británico de hostelería podría ahorrar 724 millones de libras (1 200 millones de dólares EEUU) al año si hiciera frente al desperdicio de alimentos.
"En el Reino Unido hemos demostrado que abordar el desperdicio de alimentos a través de la participación con los consumidores y mediante un acuerdo colectivo con los minoristas y las marcas, reduce las presiones medioambientales y ayuda al crecimiento económico ", explicó Liz Goodwin, Directora ejecutiva de WRAP. "Con una población en aumento, se pondrá aún más presión sobre los recursos, y estamos contentos de habernos asociado a la campaña Think. Eat. Save del PNUMA y la FAO. Es un gran comienzo para hacer frente al desperdicio de alimentos a escala mundial".
En línea similar a la de otras partes del mundo, la Unión Europea está estudiando la cuestión del desperdicio de alimentos, y la Comisión Europea ha prestado su apoyo a la nueva iniciativa.
"En la UE nos hemos fijado la meta de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos comestibles para 2020 y para eliminar virtualmente su envío a vertederos para el año 2020, la Comisión tiene previsto presentar el año que viene ideas sobre la sostenibilidad del sistema alimentario que estarán muy centradas en el desperdicio alimentos ", aseguró el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik
"Un menor desperdicio de alimentos llevaría a un uso más eficiente de la tierra, mejor gestión de los recursos hídricos, un uso más sostenible de fósforo, y tendría repercusiones positivas sobre el cambio climático. Nuestro trabajo encaja perfectamente con el lanzamiento de esta iniciativa", añadió Potocnik.
Para que la campaña desarrolle su gran potencial, todo el mundo tiene que participar: familias, supermercados, cadenas hoteleras, escuelas, clubes deportivos y sociales, directores de empresas, alcaldes, líderes nacionales y mundiales.
El sitio en Internet de la campaña, www.thinkeatsave.org proporciona consejos sencillos para consumidores y minoristas, permite a los usuarios comprometerse a evitar el desperdicio de alimentos, y ofrece una plataforma para que los que dirigen campañas intercambien ideas y creen una verdadera cultura global de consumo sostenible de alimentos.
Fuente: Centro de Prensa FAO
La campaña Think.Eat.Save. Reduce Your Foodprint ("Piensa. Aliméntate. Ahorra. Reduce tu huella alimentaria") surge en apoyo de la Iniciativa SAVE FOOD ("Ahorrar alimentos") para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de producción y consumo de alimentos -promovida por la FAO y los organizadores de la feria comercial Messe Düsseldorf- y la Iniciativa Hambre Cero del Secretario General de la ONU. La nueva campaña se dirige específicamente a los alimentos desperdiciados por los consumidores, los minoristas y la industria hotelera.
La campaña aprovecha la experiencia de organizaciones como WRAP (siglas en ingles de Waste and Resources Action Programme, Programa de acción para el desperdicio y los recursos), Feeding the 5,000 y otros socios, incluyendo gobiernos nacionales, que tienen considerable experiencia en identificar y modificar las prácticas derrochadoras.
La campaña Think.Eat.Save. tiene como objetivo acelerar las medidas y proporcionar una visión global y un portal de intercambio de información (www.thinkeatsave.org) para las múltiples y diversas iniciativas en curso en todo el mundo.
A nivel mundial, alrededor de un tercio de todos los alimentos que se producen -por valor de cerca de un billon de dólares EEUU- se pierde o se desperdicia en los sistemas de producción y consumo alimentarios, según los datos publicados por la FAO. La pérdida de alimentos se produce sobre todo en las etapas de producción -recolección, procesamiento y distribución- mientras que el desperdicio ocurre por lo general a nivel del minorista y el consumidor, al final de la cadena de suministro de alimentos.
"En un mundo de siete mil millones de habitantes, que aumentarán a nueve mil millones en 2050, el desperdicio de alimentos no tiene sentido ni a nivel económico, ni ambiental ni ético", aseguró el Secretario General Adjunto de la ONU y Director Ejecutivo del PNUMA, Achim Steiner.
"Aparte del coste que conlleva, toda la tierra, agua, fertilizantes y la mano de obra necesarios para cultivar esos alimentos se pierde. Por no hablar de las emisiones de gases de efecto invernadero producidos por la descomposición de los alimentos en los vertederos y el transporte de los alimentos que finalmente se desechan", añadió Steiner. "Para hacer realidad la visión de un mundo realmente sostenible -concluyó-, necesitamos transformar la forma en que producimos y consumimos nuestros recursos naturales".
"Juntos, podemos invertir esta tendencia inaceptable y mejorar la vida de las personas. En las regiones industrializadas, casi la mitad del total de alimentos desperdiciados, alrededor de 300 millones de toneladas al año, se debe a que los productores, minoristas y consumidores desechan alimentos que todavía son aptos para el consumo ", señaló el Director General de la FAO, José Graziano da Silva. "Es más que la producción total neta de alimentos de África subsahariana, y sería suficiente para alimentar a los cerca de 870 millones de personas con hambre que hay en el mundo", alertó.
"Si podemos ayudar a los productores de alimentos a reducir las pérdidas a través de mejores métodos de recolección, procesado, almacenamiento, transporte y comercialización, y combinar esto con cambios profundos y duraderos en la forma de consumir alimentos, podremos entonces tener un mundo más sano y sin hambre, añadió Graziano da Silva.
El sistema alimentario mundial tiene profundas implicaciones para el medio ambiente, y producir más alimentos de los que se consumen sólo agrava las presiones, entre ellas las siguientes:
- Más del 20 por ciento de las tierras cultivadas, el 30 por ciento de los bosques y el 10 por ciento de los pastizales se encuentran en proceso de degradación;
- A nivel mundial, han desaparecido el 9 por ciento de las reservas de agua dulce. El 70 por ciento de este recurso se destina a la agricultura de regadío;
- La agricultura y los cambios de uso del suelo, como la deforestación, contribuyen al 30 por ciento del total de las emisiones de gases de efecto invernadero;
- El sistema agroalimentario consume cerca del 30 por ciento de la enegía disponible en el mundo;
- La sobrepesca y la mala gestión contribuyen a la reducción de las poblaciones de peces: cerca del 30 por ciento de las poblaciones de peces marinos se consideran hoy sobreexplotadas.
Uno de los factores que impulsaron la campaña fue el resultado de la Cumbre de Río +20 en junio de 2012, en la que los Jefes de Estado y de gobierno dieron el visto bueno para la creación de un marco de diez años de Programas de patrones de consumo y producción sostenibles (CPS). El desarrollo de un programa de CPS para el sector de la alimentación debe ser un elemento esencial de este marco, dada la necesidad de mantener la base mundial de producción alimentaria, reducir su impacto ambiental, y alimentar a una creciente población humana.
"No puede haber ninguna otra área tan representativa de las oportunidades para un mundo que haga un uso mucho más eficiente de los recursos y sostenible. Y no hay otro tema que puede unir Norte y Sur, consumidores y los productores de todas partes en una causa común", añadió Steiner.
Según la FAO (http://www.fao.org/save-food/es/), cerca del 95 por ciento de la pérdida y el desperdicio de alimentos en los países en desarrollo son pérdidas involuntarias en las primeras etapas de la cadena de suministro de alimentos debido a limitaciones financieras, técnicas y de gestión en las técnicas de recolección, instalaciones de refrigeración y almacenamiento en condiciones climáticas difíciles, infraestructuras, y sistemas de envasado y comercialización.
Sin embargo, en el mundo desarrollado tiene mucha mayor importancia el final de la cadena. Aquí al nivel de elaboración de alimentos y venta minorista, se desperdician grandes cantidades de alimentos debido a prácticas ineficientes, estándares de calidad que dan excesiva importancia a la apariencia, confusión sobre las fechas en las etiquetas y consumidores que se apresuran a tirar alimentos en buen estado debido a que han comprado en exceso, por almacenarlos de forma inadecuada y la preparación de demasiada cantidad de comida.
El desperdicio per cápita de los consumidores se sitúa entre 95 y 115 kg al año en Europa y Norteamérica/Oceanía, mientras que los consumidores en África subsahariana, Asia meridional y Sudeste asiático tiran solamente entre 6 a 11 kg al año.
Según WRAP, una familia media del Reino Unido podría ahorrar 680 libras esterlinas por año (1 090 dólares EEUU) y el sector británico de hostelería podría ahorrar 724 millones de libras (1 200 millones de dólares EEUU) al año si hiciera frente al desperdicio de alimentos.
"En el Reino Unido hemos demostrado que abordar el desperdicio de alimentos a través de la participación con los consumidores y mediante un acuerdo colectivo con los minoristas y las marcas, reduce las presiones medioambientales y ayuda al crecimiento económico ", explicó Liz Goodwin, Directora ejecutiva de WRAP. "Con una población en aumento, se pondrá aún más presión sobre los recursos, y estamos contentos de habernos asociado a la campaña Think. Eat. Save del PNUMA y la FAO. Es un gran comienzo para hacer frente al desperdicio de alimentos a escala mundial".
En línea similar a la de otras partes del mundo, la Unión Europea está estudiando la cuestión del desperdicio de alimentos, y la Comisión Europea ha prestado su apoyo a la nueva iniciativa.
"En la UE nos hemos fijado la meta de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos comestibles para 2020 y para eliminar virtualmente su envío a vertederos para el año 2020, la Comisión tiene previsto presentar el año que viene ideas sobre la sostenibilidad del sistema alimentario que estarán muy centradas en el desperdicio alimentos ", aseguró el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik
"Un menor desperdicio de alimentos llevaría a un uso más eficiente de la tierra, mejor gestión de los recursos hídricos, un uso más sostenible de fósforo, y tendría repercusiones positivas sobre el cambio climático. Nuestro trabajo encaja perfectamente con el lanzamiento de esta iniciativa", añadió Potocnik.
Para que la campaña desarrolle su gran potencial, todo el mundo tiene que participar: familias, supermercados, cadenas hoteleras, escuelas, clubes deportivos y sociales, directores de empresas, alcaldes, líderes nacionales y mundiales.
El sitio en Internet de la campaña, www.thinkeatsave.org proporciona consejos sencillos para consumidores y minoristas, permite a los usuarios comprometerse a evitar el desperdicio de alimentos, y ofrece una plataforma para que los que dirigen campañas intercambien ideas y creen una verdadera cultura global de consumo sostenible de alimentos.
Fuente: Centro de Prensa FAO
viernes, 4 de enero de 2013
Bolivia busca equilibrar ventajas y beneficios con Ley de Bancos
Cri (4-01-13).- El gobierno de Bolivia espera equilibrar los beneficios y las ventajas para bancos y clientes con la iniciativa de la Ley de Bancos, denominada Ley de Servicios Financieros, enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su debate el año próximo.
El ministro boliviano de Economía, Luis Arce, dijo que debe acabarse el "sometimiento" de bancos y entidades financieras contra los ciudadanos, quienes al necesitar los servicios financieros se ven forzados a aceptar las condiciones que imponen los prestadores de estos servicios.
"Lo que se busca con esta nueva Ley de Bancos es equilibrar el favoritismo en la vieja ley neoliberal que favorece al oferente de servicios financieros en detrimento del que utiliza esos servicios", agregó.
Recordó que la vigente Ley de Bancos, todavía "neoliberal", tiene un sesgo hacia el cliente que tenía que someterse prácticamente hacia la "dictadura" de quienes ofrecen los servicios financieros.
Según el titular de Economía, la medida legal busca otorgar todos los derechos del consumidor contemplados de servicios financieros y ponerlos en la nueva ley.
"Esta nueva Ley de Bancos tiene dos características fundamentales, una preservar la estabilidad macrofinanciera, macroeconómica que tenemos y, en segundo lugar, mejorar los derechos de quienes utilizan los servicios financieros en todas las instancias en nuestro país", puntualizó Arce.
Dentro los principales pilares de esta nueva medida legal que se encuentra en consideración de los banqueros y empresarios, está el otorgarle al Estado la decisión de fijar tasas de interés para créditos y depósitos.
Con esto se pretende obligar a los banqueros a ofrecer un premio a los clientes que cumplen puntualmente sus obligaciones de pagos de créditos.
También se establece que los Fondos Financieros Privados (FFP) deberán convertirse en bancos múltiples, cuya constitución jurídica será la de una sociedad anónima.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) reglamentará el proceso y plazo de adecuación a la que deberán acogerse estas entidades.
Las entidades financieras deberán destinar una parte de sus ganancias que obtengan cada año para tareas sociales, principalmente para el desarrollo productivo en el área rural.
El gobierno emitirá un decreto para que esta actividad sea cumplida por el sistema financiero.
Para que la gente tenga acceso a un crédito en mejores condiciones de las entidades financieras, la Asfi establecerá formatos y modelos de contratos para todas las operaciones que se realicen.
Reacciones
Analistas económicos están de acuerdo en que se transparenten los contratos de crédito, con la finalidad de evitar abusos por parte de las entidades financieras, ya que muchos ciudadanos desconocen los alcances de las cláusulas en la "letra chica" de los contratos al adquirir un crédito.
Pero también ven con cierta cautela y susceptibilidad el hecho de que el Estado, a través de la Asfi, fije las tasas de interés de créditos y depósitos, porque afecta a la competitividad.
Sobre estos temas, el presidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Kurt Koenigsfest, aclaró que no conoce de forma oficial la norma y por ello no emitirá ningún criterio.
Señalo sin embargo que su sector confía en el compromiso del Ejecutivo de que una vez que "exista un proyecto perfilado y oficial, el mismo será de conocimiento del sector para realizar un análisis".
El analista Armando Méndez manifestó que los modelos y formatos de contratos que fije la Asfi en las entidades financieras son una "buena idea".
Por su parte el economista Luis Ballivián manifestó que los modelos de contratos que se vayan a aplicar protegerán a los usuarios y planteó trabajar en la difusión de información sobre sus derechos para los clientes.
Ahorristas
El proyecto de Ley de Servicios Financieros establece la creación del Fondo de Protección al Ahorrista con el objetivo de proteger a los clientes de las entidades de intermediación financiera (bancos, financieras, cooperativas y mutuales) ante eventuales quiebras.
Según la media legal, la entidad estará financiada con recursos acumulados en el Fondo de Reestructuración Financiera; los aportes de bancos, fondos financieros, cooperativas y mutuales; el rendimiento neto de las inversiones del Fondo de Protección al Ahorrista; y otros recursos provenientes de donaciones o transferencias definitivas realizadas por organismos e instituciones privadas o públicas, nacionales o extranjeras.
Fuente: China Radio International
El ministro boliviano de Economía, Luis Arce, dijo que debe acabarse el "sometimiento" de bancos y entidades financieras contra los ciudadanos, quienes al necesitar los servicios financieros se ven forzados a aceptar las condiciones que imponen los prestadores de estos servicios.
"Lo que se busca con esta nueva Ley de Bancos es equilibrar el favoritismo en la vieja ley neoliberal que favorece al oferente de servicios financieros en detrimento del que utiliza esos servicios", agregó.
Recordó que la vigente Ley de Bancos, todavía "neoliberal", tiene un sesgo hacia el cliente que tenía que someterse prácticamente hacia la "dictadura" de quienes ofrecen los servicios financieros.
Según el titular de Economía, la medida legal busca otorgar todos los derechos del consumidor contemplados de servicios financieros y ponerlos en la nueva ley.
"Esta nueva Ley de Bancos tiene dos características fundamentales, una preservar la estabilidad macrofinanciera, macroeconómica que tenemos y, en segundo lugar, mejorar los derechos de quienes utilizan los servicios financieros en todas las instancias en nuestro país", puntualizó Arce.
Dentro los principales pilares de esta nueva medida legal que se encuentra en consideración de los banqueros y empresarios, está el otorgarle al Estado la decisión de fijar tasas de interés para créditos y depósitos.
Con esto se pretende obligar a los banqueros a ofrecer un premio a los clientes que cumplen puntualmente sus obligaciones de pagos de créditos.
También se establece que los Fondos Financieros Privados (FFP) deberán convertirse en bancos múltiples, cuya constitución jurídica será la de una sociedad anónima.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) reglamentará el proceso y plazo de adecuación a la que deberán acogerse estas entidades.
Las entidades financieras deberán destinar una parte de sus ganancias que obtengan cada año para tareas sociales, principalmente para el desarrollo productivo en el área rural.
El gobierno emitirá un decreto para que esta actividad sea cumplida por el sistema financiero.
Para que la gente tenga acceso a un crédito en mejores condiciones de las entidades financieras, la Asfi establecerá formatos y modelos de contratos para todas las operaciones que se realicen.
Reacciones
Analistas económicos están de acuerdo en que se transparenten los contratos de crédito, con la finalidad de evitar abusos por parte de las entidades financieras, ya que muchos ciudadanos desconocen los alcances de las cláusulas en la "letra chica" de los contratos al adquirir un crédito.
Pero también ven con cierta cautela y susceptibilidad el hecho de que el Estado, a través de la Asfi, fije las tasas de interés de créditos y depósitos, porque afecta a la competitividad.
Sobre estos temas, el presidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Kurt Koenigsfest, aclaró que no conoce de forma oficial la norma y por ello no emitirá ningún criterio.
Señalo sin embargo que su sector confía en el compromiso del Ejecutivo de que una vez que "exista un proyecto perfilado y oficial, el mismo será de conocimiento del sector para realizar un análisis".
El analista Armando Méndez manifestó que los modelos y formatos de contratos que fije la Asfi en las entidades financieras son una "buena idea".
Por su parte el economista Luis Ballivián manifestó que los modelos de contratos que se vayan a aplicar protegerán a los usuarios y planteó trabajar en la difusión de información sobre sus derechos para los clientes.
Ahorristas
El proyecto de Ley de Servicios Financieros establece la creación del Fondo de Protección al Ahorrista con el objetivo de proteger a los clientes de las entidades de intermediación financiera (bancos, financieras, cooperativas y mutuales) ante eventuales quiebras.
Según la media legal, la entidad estará financiada con recursos acumulados en el Fondo de Reestructuración Financiera; los aportes de bancos, fondos financieros, cooperativas y mutuales; el rendimiento neto de las inversiones del Fondo de Protección al Ahorrista; y otros recursos provenientes de donaciones o transferencias definitivas realizadas por organismos e instituciones privadas o públicas, nacionales o extranjeras.
Fuente: China Radio International
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Proyecto de Ley
viernes, 9 de noviembre de 2012
Gobierno lanza campaña por seguridad y derechos de pasajeros de flotas
PV (8-11-12).- El Gobierno de Bolivia lanzó el jueves la “Campaña por la Seguridad y los Derechos de los Pasajeros de Flotas”, que tiene el objetivo de hacer prevalecer los derechos de la población que usa ese servicio. Además, de recordar que la normativa vigente señala que los niños menores de 12 años y las personas con discapacidad grave y muy grave tienen un descuento del 50 por ciento, y los adultos mayores del 20 por ciento a sola presentación de su cédula de identidad.
“El Estado está para proteger a los 10 millones de bolivianos que en un momento son consumidores, que al momento de comprar adquieren un bien, y ahí tienen derecho y su Estado está para protegerlos, en este caso estamos hablando específicamente de la campaña para el uso de flotas, pero tiene que haber otras campañas para los celulares y otras campañas para los supermercados y otras campañas para los radiotaxis y otra campaña para los minibuses, y donde vayamos a consumir para proteger a ese ciudadano”, manifestó el vicepresidente Álvaro García Linera, durante el lanzamiento de la campaña.
El Segundo Mandatario recordó que la campaña nace porque el servicio de transporte interdepartamental es uno de los más requeridos a nivel nacional, puesto que mensualmente alrededor de 1,4 millones de personas se transportan en flotas.
“Estamos hablando de 16.800.000 pasajeros que se mueven al año, ¿quién no ha usado flota y quien no va a usar flota?, todo el mundo, es el transporte más masivo, más democrático y más barato para transportarnos en largas distancias, entonces quién va a proteger a esos 16 millones de usuarios anuales cuando tienen algún problema, su Estado, en coordinación con quien ofrece el servicio”, explicó el también Presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera.
En la cruzada participan activamente los viceministerios de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, de Transportes, y de Seguridad Ciudadana. Además, de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
La campaña tiene el propósito de comunicar masivamente, a través de spots televisivos, radiales y escritos mensajes referentes a los derechos de los usuarios de flotas, basándose en la normativa vigente. Los mensajes serán emitidos en castellano, aymara, quechua y guaraní.
El Vicepresidente, recordó que los derechos de los pasajeros que más se vulneran son los referentes a las rebajas de los precios en los pasajes para niños entre 3 y 12 años, y personas con discapacidad grave y muy grave, el cual asciende al 50 por ciento del costo. Asimismo, la norma vigente establece que los adultos mayores son acreedores al 20 por ciento de reducción en el costo del pasaje a sola presentación de su cédula de identidad.
Fuente: Prensa Vicepresidencia
“El Estado está para proteger a los 10 millones de bolivianos que en un momento son consumidores, que al momento de comprar adquieren un bien, y ahí tienen derecho y su Estado está para protegerlos, en este caso estamos hablando específicamente de la campaña para el uso de flotas, pero tiene que haber otras campañas para los celulares y otras campañas para los supermercados y otras campañas para los radiotaxis y otra campaña para los minibuses, y donde vayamos a consumir para proteger a ese ciudadano”, manifestó el vicepresidente Álvaro García Linera, durante el lanzamiento de la campaña.
El Segundo Mandatario recordó que la campaña nace porque el servicio de transporte interdepartamental es uno de los más requeridos a nivel nacional, puesto que mensualmente alrededor de 1,4 millones de personas se transportan en flotas.
“Estamos hablando de 16.800.000 pasajeros que se mueven al año, ¿quién no ha usado flota y quien no va a usar flota?, todo el mundo, es el transporte más masivo, más democrático y más barato para transportarnos en largas distancias, entonces quién va a proteger a esos 16 millones de usuarios anuales cuando tienen algún problema, su Estado, en coordinación con quien ofrece el servicio”, explicó el también Presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera.
En la cruzada participan activamente los viceministerios de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, de Transportes, y de Seguridad Ciudadana. Además, de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
La campaña tiene el propósito de comunicar masivamente, a través de spots televisivos, radiales y escritos mensajes referentes a los derechos de los usuarios de flotas, basándose en la normativa vigente. Los mensajes serán emitidos en castellano, aymara, quechua y guaraní.
El Vicepresidente, recordó que los derechos de los pasajeros que más se vulneran son los referentes a las rebajas de los precios en los pasajes para niños entre 3 y 12 años, y personas con discapacidad grave y muy grave, el cual asciende al 50 por ciento del costo. Asimismo, la norma vigente establece que los adultos mayores son acreedores al 20 por ciento de reducción en el costo del pasaje a sola presentación de su cédula de identidad.
Fuente: Prensa Vicepresidencia
Etiquetas:
Derechos del Consumidor,
Seguridad
lunes, 4 de junio de 2012
Piden que 42 Asamblea de la OEA defina patrones sostenibles de producción y consumo de alimentos

Abi (3-06-12).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, consideró el domingo que la 42 Asamblea General del foro hemisférico tiene la oportunidad de elaborar una agenda para cambiar a patrones más sostenibles de producción y consumo de alimentos en el contexto del insoslayable cambio climático.
"Existe un consenso bastante grande en la necesidad de cambiar a patrones más sostenibles de producción y consumo, en un contexto de cambio climático que ya nadie puede dejar de obviar", argumentó, en la inauguración del foro que se realizará hasta el martes en la población de Tiquipaya, a 12 kilómetros de la ciudad central de Cochabamba.
En ese contexto, dijo que la cita que reúne a los 34 países miembros ofrece una oportunidad para profundizar la correlación que existe entre seguridad alimentaria y el cambio climático.
A su juicio, está vigente la posibilidad de impulsar una agenda de desarrollo sostenible en los ámbitos socio-económico y medio ambientales, que sea inclusiva, a pocos días de la realización de la Conferencia Rio 20.
Por esa razón, Insulza destacó que Bolivia eligió para la 42 Asamblea General de la OEA el tema de seguridad alimentaria con soberanía, porque dijo que ese tema está ligado a la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
"Es esa desigualdad lo que hace que en la región que produce alimentos más que suficientes para su propio consumo y que puede llegar a ser la mayor proveedora de alimentos al mundo persista el hambre entre muchos de sus habitantes", complementó.
El Secretario General de la OEA dijo que es necesario, en ese sentido, terminar con la paradoja de que en el continente con mayores posibilidades de alimento, cerca de 50 millones de personas padecen de hambre.
Insulza señaló que también preocupa que cuando hay alimentos suficientes, la gente no dispone del dinero necesario para adquirirlos.
Fuente: ABI
martes, 10 de enero de 2012
Implementar la nueva Ley del Consumidor y generar ‘Cultura de Reclamo’ retos de 2012 en Cochabamba
Gaia (10-01-12).- Dentro de los retos que se plantean para la gestión 2012 en el área de derechos del consumidor, se encuentra en primer lugar la implementación de la nueva Ley de Protección al Usuario en Bolivia. Por otro lado, las autoridades y representantes departamentales coinciden en que no existe ‘Cultura de Reclamo’, motivo por el que se encararán diferentes proyectos para erradicar este hábito que daña a la ciudadanía boliviana.
Conversamos con Ricardo Rojas, responsable departamental del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor de Cochabamba, quien nos comentó acerca de las perspectivas para esta gestión.
“Seguir trabajando coordinadamente con las diferentes instituciones para poder llegar al origen de todo lo que es la situación de Defensa del Consumidor, para que se puedan brindar los productos con las características y las especificaciones que debe tener este producto. También informar que estamos en campañas para poder crear las secretarías de defensa del consumidor en los diferentes municipios aquí en Cochabamba”, aseveró.
El 2 de septiembre de 2011, GAIA Noticias informó que las juntas vecinales de las ciudades de Cochabamba y Sucre ya cuentan con sus secretarías de defensa de usuarios y consumidores, que se encargarán a partir de la fecha de recibir denuncias y difundir los derechos de la población, como parte de la iniciativa impulsada por el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor.
A decir de Rojas, también se planea y se está coordinando salidas a colegios, escuelas y otros establecimientos educativos cochabambinos para informar y educar a niños y jóvenes acerca de sus derechos como usuarios y consumidores. Además se trabajará en la difusión de la Ley del Consumidor; este es el principal desafío, aseguró.
“El reto es poder implementar la ley (…) que se aplique y se pueda luchar contra esa gente que va en contra de los derechos del usuario y consumidor; específicamente la gente que se dedica a vender diferentes productos que no están en condiciones adecuadas”, expresó.
Durante 2011 el Viceministerio de Defensa del Consumidor atendió más de 500 reclamos en Cochabamba, con la nueva ley se espera optimizar la labor.
Dificultades
Algunas notas de prensa muestran que la situación actual en Cochabamba con relación a derechos del consumidor es deficiente. Por ejemplo, de acuerdo a una nota del periódico cochabambino Opinión del 29 de diciembre pasado, la Intendencia Municipal desarrolló inspecciones en hoteles y otros recintos: “La Colonia, Portales y la repostería Break& Donuts, situados en la exclusiva zona de La Recoleta, donde los ingenieros de alimentos y expertos en inocuidad alimentaria confirmaron las irregularidades que atentan a la salud de los clientes”.
Asimismo, en el mismo diario en un artículo editorial del 3 de enero expresan su preocupación por el actual estado de derechos del consumidor en Cochabamba. “Encontraron comidas guardadas y cocinas sucias en hoteles, restaurantes y rotiserías. Según la Intendencia, la mayoría de los locales y centros gastronómicos de Cochabamba presenta algún grado de contaminación, incluso los de cinco estrellas (…) Por ahora, las cárceles no tienen a ningún responsable de atentados contra la salud”.
Fuente: Gaia Noticias
Conversamos con Ricardo Rojas, responsable departamental del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor de Cochabamba, quien nos comentó acerca de las perspectivas para esta gestión.
“Seguir trabajando coordinadamente con las diferentes instituciones para poder llegar al origen de todo lo que es la situación de Defensa del Consumidor, para que se puedan brindar los productos con las características y las especificaciones que debe tener este producto. También informar que estamos en campañas para poder crear las secretarías de defensa del consumidor en los diferentes municipios aquí en Cochabamba”, aseveró.
El 2 de septiembre de 2011, GAIA Noticias informó que las juntas vecinales de las ciudades de Cochabamba y Sucre ya cuentan con sus secretarías de defensa de usuarios y consumidores, que se encargarán a partir de la fecha de recibir denuncias y difundir los derechos de la población, como parte de la iniciativa impulsada por el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor.
A decir de Rojas, también se planea y se está coordinando salidas a colegios, escuelas y otros establecimientos educativos cochabambinos para informar y educar a niños y jóvenes acerca de sus derechos como usuarios y consumidores. Además se trabajará en la difusión de la Ley del Consumidor; este es el principal desafío, aseguró.
“El reto es poder implementar la ley (…) que se aplique y se pueda luchar contra esa gente que va en contra de los derechos del usuario y consumidor; específicamente la gente que se dedica a vender diferentes productos que no están en condiciones adecuadas”, expresó.
Durante 2011 el Viceministerio de Defensa del Consumidor atendió más de 500 reclamos en Cochabamba, con la nueva ley se espera optimizar la labor.
Dificultades
Algunas notas de prensa muestran que la situación actual en Cochabamba con relación a derechos del consumidor es deficiente. Por ejemplo, de acuerdo a una nota del periódico cochabambino Opinión del 29 de diciembre pasado, la Intendencia Municipal desarrolló inspecciones en hoteles y otros recintos: “La Colonia, Portales y la repostería Break& Donuts, situados en la exclusiva zona de La Recoleta, donde los ingenieros de alimentos y expertos en inocuidad alimentaria confirmaron las irregularidades que atentan a la salud de los clientes”.
Asimismo, en el mismo diario en un artículo editorial del 3 de enero expresan su preocupación por el actual estado de derechos del consumidor en Cochabamba. “Encontraron comidas guardadas y cocinas sucias en hoteles, restaurantes y rotiserías. Según la Intendencia, la mayoría de los locales y centros gastronómicos de Cochabamba presenta algún grado de contaminación, incluso los de cinco estrellas (…) Por ahora, las cárceles no tienen a ningún responsable de atentados contra la salud”.
Fuente: Gaia Noticias
Etiquetas:
Derechos del Consumidor,
Derechos Humanos,
Salud Publica
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