La ley 2640 establecía un resarcimiento económico donde el 20% debía ser cubierto por el Tesoro General, y que el desembolso debía efectuarse en las gestiones 2005 al 2007, pero como ese plazo venció, se requiere de una nueva normativa que modifique esta ley, por lo que se espera desembolsar ese 20% en esta gestión.
El diputado Antonio Molina, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo que este es un trabajo de hace mucho tiempo atrás, y muy esperado por varias personas.
“Se hizo un trabajo muy minucioso y tiene una gran responsabilidad para el país, porque hay personas que han sufrido daños irreversibles y con el consenso de todas la organizaciones que se crearon desde 2004 han dado fruto a la consolidación de este proyecto de ley” aseveró.
El artículo único de esta normativa establece que el monto mínimo para todos los hechos resarcibles calificados procedentes, será equivalente a 30 días de resarcimiento.
Asimismo, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, asignar con recursos del Tesoro General de la Nación, un importe de 3.600.000 bolivianos, como pago único, correspondiente al 20% del monto total del resarcimiento excepcional a las víctimas de violencia política.
El documento también establece que el monto que percibirán las víctimas de violencia política, asciende al salario mínimo establecido en 2011.
La ley 2640 fue promulgada en el gobierno de Carlos Mesa, y es en base a esta ley que se ha realizado la calificación de expedientes de personas víctimas de violencia política y se debe mencionar que se han presentado 6.000 solicitudes, de las cuales quedaron 1.714 expedientes.
Fuente: Prensa Diputados