Ayllón destacó esa acción al recordar que debieron transcurrir 16 años para un nuevo informe ante ese comité, obligación que -dijo- fue eludida por los gobiernos anteriores.
'Bolivia cumple con la presentación de este importante informe demostrando su amplia voluntad y apertura al diálogo constructivo. Creemos firmemente que espacios como éste permiten afianzar el proceso de cambio ya iniciado en Bolivia y que en tan poco tiempo ha reportado notables cambios e importantes avances en la mejora de la vida de los bolivianos', dijo en su intervención transmitida por circuito cerrado.
La Ministra de Justicia consideró que la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009, permitió consagrar en Bolivia un catálogo de derechos fundamentales que retoma los principales instrumentos de carácter universal y regional sobre derechos humanos, que clasifica los mismos en grupos y que por primera vez se reconoce de manera integral los derechos colectivos y los que se encuentran en riesgo de vulnerabilidad.
'Nuestra Constitución establece que los tratados y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado boliviano, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta y que serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales cuando estos prevean normas más favorables', fundamentó.
En ese contexto, aseguró que Bolivia ratificó varios instrumentos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destacan la Convención Sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño.
Además de la norma sobre prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; el Protocolo Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; el convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas; entre otros.
Ayllón destacó la aprobación de una serie de leyes para adecuar la norma al mandato constitucional, entre las que destacó la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación; la Ley Integral 348 que Garantiza a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; la Ley Integral 263 Contra la Trata y Tráfico de Personas; la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional; la Ley 300 de la Madre Tierra; la Ley General 233 de Personas con Discapacidad y la Ley 369 de Adultos Mayores, entre otras.
Fuente: ABI
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