A nivel mundial, la tala ilícita representa ya entre el 15% y el 30% del comercio lícito, según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
Los bosques de todo el mundo retienen el dióxido de carbono y lo almacenan (lo que se denomina el carbono limpio) y contribuyen a mitigar el cambio climático. Sin embargo, la deforestación, en gran medida de los bosques tropicales, supone alrededor del 17% de todas las emisiones antropogénicas, es decir, un 50% más que la suma de las emisiones del transporte marítimo, aéreo y terrestre.
En la Evaluación de respuesta rápida titulada Carbono limpio, negocio sucio se indica que el comercio ilegal, cuyo valor se calcula entre 30.000 y 100.000 millones de dólares de los Estados Unidos de América anualmente, dificulta el Programa de colaboración para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (ONU-REDD), uno de los instrumentos principales para impulsar el cambio ambiental positivo, el desarrollo sostenible, la creación de empleo y la reducción de las emisiones.
Con el aumento de la actividad delictiva organizada, la INTERPOL ha observado también delitos conexos, como el asesinato, la violencia y las atrocidades perpetradas contra habitantes indígenas de los bosques.
En el informe se llega a la conclusión de que sin una labor de represión coordinada internacionalmente, los madereros ilegales y los cárteles continuarán trasladando sus operaciones de un lugar a otro donde sigan quedando impunes para continuar con su lucrativo comercio a expensas del medio ambiente, las economías locales e incluso las vidas de los pueblos indígenas.
El informe fue presentado en la Conferencia Mundial sobre los Bosques celebrada en Roma, durante un acto de ONU-REDD, que es una coalición del PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
REDD y la iniciativa ampliada REDD+ proporcionan marcos jurídicos nacionales e internacionales, como acuerdos, convenios y sistemas de certificación, a fin de reducir la tala ilegal y apoyar las prácticas sostenibles. En el informe se señala que para que REDD+ sea sostenible a largo plazo, los pagos a las comunidades por sus labores de conservación deben ser superiores a los beneficios que se obtienen de las actividades que contribuyen a la degradación del medio ambiente.
“La financiación para ordenar mejor los bosques representa una oportunidad enorme no solo de hacer frente al cambio climático sino también de reducir los índices de deforestación, mejorar los suministros de agua, rebajar la erosión del suelo y generar trabajos ecológicos decentes en la gestión de los recursos naturales” dijo Achim Steiner, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Director Ejecutivo del PNUMA.
“La tala ilegal puede sin embargo boicotear esa labor, hurtando a los países y las comunidades un futuro sostenible, si las actividades ilegales son más rentables que las legales en el marco de la Iniciativa REDD+,” añadió.
Según el informe, los grupos delictivos están combinando tácticas tradicionales como los sobornos con métodos de alta tecnología como el pirateo informático de sitios web de los gobiernos. Las operaciones ilegales también se están haciendo más sofisticadas: los madereros y los intermediarios trasladan sus actividades a otras regiones y países para evitar las medidas represoras locales e internacionales.
Si bien se ha avanzado mucho gracias a programas como REDD+, la mayoría de las gestiones van encaminadas a alentar y crear incentivos para el comercio legal, no a luchar contra la delincuencia. Lamentablemente, los incentivos económicos actuales rara vez son eficaces para reducir la corrupción colusoria y las actividades de tala ilegal, ya que quienes las perpetran corren poco riesgo de ser detenidos.
“La amenaza que supone para el medio ambiente la delincuencia organizada transnacional exige una respuesta represiva internacional enérgica, efectiva e innovadora para proteger esos recursos naturales y luchar contra la corrupción y la violencia vinculadas con ese tipo de delito, que puede afectar también a la estabilidad y la seguridad de los países”, dijo Ronald K. Noble, Secretario General de la INTERPOL.
Los cálculos del informe que muestran que la magnitud del problema es mucho mayor que lo que se pensaba se deben a un mejor conocimiento de los métodos empleados para el blanqueo de la madera de origen ilícito.
En el informe se describen 30 modos ingeniosos de conseguir y blanquear madera de origen ilícito. Entre los métodos principales cabe citar la falsificación de los permisos para la tala, los sobornos para obtener permisos (hasta 50.000 dólares por un solo permiso en algunos países), la tala superior a las concesiones y el pirateo de sitios web gubernamentales para obtener o modificar permisos electrónicos.
Un modo nuevo de blanquear millones de metros cúbicos de madera es mezclarla con madera talada legalmente y procesarla y blanquearla por conducto de aserraderos, papeleras, plantas de celulosa y fábricas de tableros. Otro gran fraude consiste en vender árboles y madera originarios de bosques vírgenes como madera de plantaciones, frecuentemente con subsidios públicos para las plantaciones.
Entre otros ejemplos concretos de actividades ilegales cabe citar los siguientes:
- En 2008, las autoridades del Brasil dijeron que piratas informáticos que trabajaban para cárteles madereros ilegales en el estado brasileño de Pará lograron acceder a permisos de transporte y tala, lo que permitió robar alrededor de 1,7 millones de m3 de bosque. Un fiscal federal brasileño acusó de estar implicadas a 107 empresas, 30 cabecillas y unas 200 personas y demandó a esas empresas por casi 1.100 millones de dólares.
- En 2009, otro fiscal federal del Brasil investigó un fraude en el que habían participado presuntamente unas 3.000 empresas del sector maderero que habían certificado como “ecológica” madera de origen ilícito y la habían exportado a los Estados Unidos de América, la Unión Europea y Asia.
- En Indonesia, la cantidad de madera supuestamente producida en plantaciones aumentó de 3,7 millones de m3 en 2000 a más de 22 millones de m3 en 2008. Los cálculos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) parecen indicar que en la realidad existía menos de la mitad de las plantaciones, lo que refleja una operación organizada de blanqueo masivo.
- En Kalimantán (Indonesia), un soborno para obtener un permiso para talar unos 20 km2 cuesta entre 25.000 y 30.000 dólares. Las discrepancias entre las declaraciones de importación y exportación entre Kalimantán y Malasia muestran que hay hasta el triple de madera efectivamente importada que madera oficialmente exportada, lo que parece indicar un fraude fiscal masivo.
- En la República Democrática del Congo, más de 200 guardias forestales del Parque Nacional de Virunga, famoso por sus gorilas, han sido asesinados en los últimos diez años por defender las fronteras del parque contra milicias que organizan un comercio de carbón por un importe calculado en más de 28 millones de dólares anualmente.
- En cuanto a Uganda, en el informe se describen casos de personal militar que escoltaba a madereros para franquear los puestos de control fronterizos con la República Democrática del Congo a fin de traer a los mercados locales para su venta madera de origen ilícito y de gran valor.
En varios casos, la madera de origen ilícito transportada a través de puestos fronterizos y puertos fue 30 veces superior a los volúmenes oficiales. Sin embargo, ese blanqueo y contrabando de madera permite a la INTERPOL actuar con mayor firmeza, ya que la legislación contra el fraude fiscal se aplica más estrictamente que la legislación en materia ambiental, que con frecuencia es deficiente.
Gran parte del blanqueo es posible gracias a que las empresas implicadas en los delitos reciben importantes fondos para invertir basados en la Unión Europea, los Estados Unidos de América y Asia, entre otras cosas para establecer plantaciones con el único objetivo de blanquear madera talada ilegalmente.
En muchos casos, militares y policías locales y funcionarios corruptos terminan por obtener ingresos diez veces superiores a los que obtendrían con las actividades legalmente permitidas, lo que menoscaba gravemente las inversiones tan necesarias en operaciones forestales sostenibles y en incentivos para unos medios de vida alternativos.
Por conducto de su centro GRID Arendal de Noruega, la INTERPOL y el PNUMA han establecido un proyecto piloto denominado LEAF (Aplicación de la ley para la protección de los bosques), financiado por el Organismo Noruego de Desarrollo Internacional (NORAD), a fin de elaborar un sistema internacional para luchar contra la delincuencia organizada en estrecha colaboración con los asociados principales.
Para complementar y ampliar esas labores, en el informe se formulan las recomendaciones principales siguientes:
- Intensificar y estudiar las posibilidades de financiar el pleno desarrollo de un programa de aplicación de la ley para la protección de los bosques (LEAF) bajo la dirección de la INTERPOL y el PNUMA, en estrecha colaboración con la iniciativa REDD+, el Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y todos los socios pertinentes.
- Aumentar las capacidades nacionales de investigación y operativas por conducto de capacitación sobre la delincuencia ambiental transnacional.
- Centralizar en un único registro nacional todos los permisos de desmonte, lo que facilitará mucho la transparencia y la investigación.
- Clasificar las regiones geográficas según el grado presunto de ilegalidad y restringir las corrientes de madera y productos madereros procedentes de esas zonas, incluido el transporte.
- Alentar las investigaciones sobre el fraude fiscal, prestando atención especial a plantaciones y aserraderos.
- Hacer menos atractivas las inversiones en empresas forestales activas en las regiones definidas como zonas de tala ilegal mediante la aplicación de un sistema internacional, gestionado por la INTERPOL, para clasificar a las empresas que extraigan, operen o compren madera en las regiones con una alta incidencia de actividades ilegales.
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