La norma fue aprobada recientemente en la Cámara de Senadores y espera su promulgación por parte del Ejecutivo.
Según el Legislador, el proyecto de ley, presentado por el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, fue consensuado con el sector empresarial que presentó sus propuestas y observaciones al instrumento legislativo.
Asimismo, señaló que “la competencia abarca más allá de los gobiernos autónomos que deben sumarse para brindar protección al usuario y usuaria”.
En ese contexto, las empresas tendrán la obligación de proporcionar toda la información que requiera el usuario y los posibles daños o riesgos a la salud de personas vulnerables, como las mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.
Con respecto de las sanciones, Condori indicó “que existen sanciones penales y sanciones civiles que, de alguna manera, antes el usuario o la usuaria no estaba protegido, el que estaba protegido era solo el empresario o el intermediario”, dijo.
En caso de encontrarse algunas irregularidades y que no sean manejadas transparentemente como la adulteración de productos o trato prepotente del empresariado, estas serán sancionadas de acuerdo al delito que cometan.
Finalmente, la autoridad legislativa señaló que, a partir de su promulgación, se tiene un plazo de 120 días para que realizar la reglamentación. Por su parte, las entidades de regulación y fiscalización sectorial, luego de la reglamentación, tendrán un plazo de 60 días para adecuar su normativa conforme a la ley.
Según los antecedentes de la norma, Bolivia es el único país en la región que no cuenta con una ley de este tipo. A partir de su promulgación, el Estado podrá proteger a los ciudadanos en servicios de atención médica, financiera, alimenticia, transporte, y otros.
Fuente: Prensa Senado
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