Las personas de escasos recursos económicos también recibirán asistencia social y psicológica desde los actos iniciales en un proceso penal, hasta su conclusión.
En este proceso, la ley busca favorecer la reparación del daño originado y evitar, fundamentalmente, la revictimización.
Según el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas, “la asistencia psicológica y social podrá extenderse al cónyuge, a los parientes consanguíneos hasta primer grado, así como a los herederos en el caso de la muerte de la víctima”.
La norma señala que se “priorizará la asistencia a las víctimas de delitos de violencia sexual, trata y tráfico de personas y feminicidio”, con diferentes acciones que faciliten el acceso a la justicia.
El servicio de asistencia será financiado por el Tesoro General del Estado (TGE), pero podrá buscar otras fuentes de cooperación.
El servicio de asistencia legal terminará cuando la víctima falsee la información sobre su situación económica, contrate otro servicio particular de un profesional en abogacía o desista de la acción judicial.
El proyecto de ley regula también la estructura, organización y atribuciones del SPAV como una institución pública descentralizada, que estará bajo la tuición del Ministerio de Justicia.
Esta norma fue sancionada y remitida al Órgano Ejecutivo la noche de este miércoles, luego de haber sido devuelta con modificaciones por la Cámara de Diputados, se espera su promulgación en los próximos días.
Fuente: Prensa Senado
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