La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, adoptó este instrumento para la aplicación a todas las actividades de construcción como son: la edificación de obras públicas, los trabajos de montaje y desmontaje, incluido cualquier proceso de operaciones y transportes en las obras, desde la preparación de obras hasta la conclusión del proyecto.
El Estado deberá adoptar y mantener en vigor una legislación que asegure la aplicación de las disposiciones del convenio, y que las personas responsables de la planificación de un proyecto de construcción deberán tomar en consideración la seguridad y la salud de los trabajadores de la construcción, de conformidad con la legislación y práctica nacional.
La Constitución Política del Estado contempla el derecho al trabajo y al empleo, indicando que toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional.
La legislación nacional deberá establecer que todo trabajador tendrá el derecho de alejarse de toda situación de riesgo que pueda dañar su salud y poner en riesgo su seguridad.
También, adopta medidas de prevención y protección en la construcción, indica, que los lugares de trabajo sean seguros y exentos de riesgos.
Asimismo, hace referencia a condiciones para trabajos en altura, trabajos con aire comprimido; sobre armaduras y encofrados, trabajos de demolición, sobre electricidad, alumbrado, explosivos y otros que deberán insertarse en la legislación nacional.
Fuente: Prensa Senado
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