Las personas de escasos recursos económicos también recibirán asistencia social y psicológica durante los actos iniciales en un proceso penal, hasta su conclusión.
En este proceso, la ley busca favorecer la reparación del daño originado y evitar, fundamentalmente, la revictimización.
Según el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas, “la asistencia psicológica y social podrá extenderse al cónyuge, a los parientes consanguíneos hasta primer grado, así como a los herederos en el caso de la muerte de la víctima”.
La norma señala que se “priorizará la asistencia a las víctimas de delitos de violencia sexual, trata y tráfico de personas y feminicidio”, con diferentes acciones que faciliten el acceso a la justicia.
El servicio de asistencia será financiada por el Tesoro General del Estado (TGE), pero el SPAV podrá buscar otras fuentes de cooperación.
El servicio de asistencia legal terminará cuando la víctima falsee la información sobre su situación económica, contrate otro servicio particular de un profesional en abogacía o desista de la acción judicial.
El proyecto de ley regula también la estructura, organización y atribuciones del SPAV como una institución pública descentralizada, que estará bajo la tuición del Ministerio de Justicia.
Fuente: Prensa Senado
No hay comentarios:
Publicar un comentario