El servicio de gratuidad está pensado para toda persona que no cuente con los recursos económicos necesarios para la contratación de un abogado particular y para los servidores públicos que hubieran sido denunciados por delitos en el ejercicio de la función pública.
Asimismo, luchará en contra de la retardación o denegación de justicia y la vulneración de derechos de las personas denunciadas, imputadas o procesadas.
La Ley del Servicio Nacional de Defensa Pública tiene la finalidad de garantizar la inviolabilidad del derecho de defensa y el acceso a una justicia plural, pronta, oportuna y gratuita, y se regirá bajo los principios de: autonomía, legalidad y probidad, gratuidad, idoneidad, unidad y jerarquía, conciliatorio y de salida alternativa, responsabilidad, celeridad, complementariedad, calidez y calidad, competencia, pluralismo jurídico e interculturalidad y tendrá como sede principal la ciudad de La Paz.
Finalmente financiará sus operaciones al interior de su presupuesto con recursos económicos asignados por el Tesoro General de la Nación (TGN), e ingresos específicos. Los recursos se ejecutarán bajo las previsiones de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales.
Una vez aprobada la norma en sus estaciones grande y detalle fue remitida a la Cámara de Diputados para su posterior tratamiento.
Fuente: Prensa Senado
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