En este sentido, entre sus disposiciones, el proyecto aprobado establece el derecho a la salud y la integridad física, el derecho a la alimentación y sus condiciones y el derecho a la información sobre las características y contenidos de los servicios y productos.
Con esta normativa también se fortalecerá el derecho al trato equitativo del consumidor, el derecho a la libre elección de productos y servicios y el derecho a la reclamación, así como otras disposiciones relacionadas con estos ámbitos.
La “Ley general de los derechos de las usuarias y usuarios y de las consumidoras y consumidores” comprende una serie de políticas destinadas a la protección de los usuarios y consumidores, como ser la obligación de los proveedores de suministrar productos y servicios en condiciones de inocuidad, calidad y seguridad.
El artículo 20, parágrafo II, de la Constitución Política del Estado (CPE), establece: “Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social”
Este proyecto de ley aprobado por la Cámara de Senadores, fue remitido al Órgano Ejecutivo para su posterior promulgación.
Fuente: Prensa Senado
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