“El análisis de toda la información sobre el proceso de capitalización y privatización de empresas públicas se basará en tres ejes: jurídico, económico y de impacto”, indicó en un comunicado legislativo.
Explicó que en el eje jurídico, no se tiene interés en judicializar a nadie sino ver qué tipo de leyes, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales y tipos de contratos se utilizaron para adornar el saqueo de Bolivia.
El eje económico o financiero tiene que ver con el cálculo del costo que significaron la privatización y la capitalización para el país.
“No solamente para el país en su conjunto, sino también para cada uno de los departamentos, pues muchas de las empresas privatizadas eran de algunos departamentos”, agregó.
En ese marco, dijo que en base en los ejes anteriores, se analizará los impactos de estos procesos en determinadas áreas, impactos económicos, políticos y sociales para el país y la sociedad boliviana.
Asimismo, Mendoza aclaró que no sólo se investiga el proceso de capitalización, a partir de 1994, sino también el proceso de privatización que se inició en el año 1989.
“Son estos dos ciclos de privatización que va a investigar la comisión, más allá de las amenazas que nos han lanzado respecto de la labor que estamos haciendo, es evidente que vamos a cumplir ya con la primera fase que es el acopio total de información”, indicó.
Fuente: ABI
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