PS (17-09-13).- El presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Álvaro García Linera, demandó a los jueces “cambiar de actitud” y asumir su responsabilidad con relación al trabajo que desempeñan. Esto sucedió ayer, en la aprobación, por mayoría, del decreto presidencial que tiene por objeto regular la concesión de indulto y amnistía a favor de las personas privadas de libertad, con el compromiso de trabajar coordinadamente entre el Legislativo y Ejecutivo.
Previa aprobación de la norma, García Linera dijo que “no es una sola medida, es una suma articuladas de varias medidas, la primera es esta que ha sido aprobada por el Ejecutivo, llegó a la Asamblea y por la importancia y urgencia que tiene, hemos agendado como parte del debate de esta Asamblea”, señaló.
El instrumento legislativo suscrito el 11 de septiembre por el presidente del Estado, Evo Morales y enviado a la ALP sin dispensación de trámite, cuenta con 6 artículos y una disposición final.
García Linera destacó, luego del debate, las propuestas de los asambleístas oficialistas y opositores a tiempo de reconocer que “esta medida de amnistía y del indulto no es suficiente y tiene que venir inmediatamente complementada más de fondo, una corresponderá al Órgano Legislativo y otra al Ejecutivo”, dijo.
El presidente de la ALP, además, pidió a la Comisión Mixta del Legislativo realizar una evaluación e informar en Asamblea el avance de la aplicación de la norma a fin de año.
El Legislativo tendrá la tarea de aprobar el nuevo Código de Procedimiento Penal, seguimiento de aplicación de la ley a través de la Comisión Mixta y evaluación de jueces y fiscales.
El Ejecutivo tiene la tarea de construir más recintos penitenciarios, fortalecimiento de la Policía, asumir el control de las cárceles, atender cosas básicas como la clasificación de los detenidos, atención de alimentos, entre otros.
La autoridad dijo que es posible entrar a un régimen de control estatal humanizado garantizando aspectos básicos como: “un lugar donde dormir, comida y control de horarios y candados”, que no significa un régimen opresivo.
Con esta medida, se pretende evitar problemas en los centros penitenciarios del país, como lo ocurrido en el penal de Palmasola que fue un “campanazo” que llamó la atención a las autoridades y la población, por poner en evidencia la retardación de justicia, hacinamiento y violación de los derechos humanos.
Asimismo, cuestionó el porcentaje de presos que se encuentra sin sentencia, “en el año 92, cuando entré a la cárcel, el 95% eran presos sin sentencia; han pasado 21 años y el mismo porcentaje sigue sin sentencia”, dijo. Linera calificó como una barbaridad, para eso el Juez no requiere dinero, sino voluntad.
Fuente: Prensa Senado
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