Con distintos nombres y alcance, estos planes sociales se implementaban en 2010 en 18 países, abarcando entonces a 19 por ciento de los alrededor de 600 millones de habitantes de la región, logrando “una disminución sustancial de la pobreza extrema y una notable caída de la desigualdad”, según el trabajo publicado por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la estatal Universidad Nacional de La Plata.
Elaborado por Leonardo Gasparini y Guillermo Cruces, el informe “Políticas sociales para la reducción de la desigualdad y la pobreza en América Latina y el Caribe” hace un recuento de las modalidades regionales de transferencia de ingresos a los más pobres y recomienda ampliar estos programas para erradicar la indigencia.
Gasparini y Cruces, director y subdirector del Cedlas respectivamente, consideran que los programas no contributivos “fueron la principal innovación” de las políticas sociales en la última década en la región.
“Las transferencias monetarias son instrumentos muy útiles como parte de una estrategia global de reducción de la pobreza y las desigualdades”, dijo Gasparini a IPS. “Son relativamente fáciles de implementar, administrar y monitorear, y tienen un impacto directo sobre el nivel de vida de los beneficiarios”, subrayó.
Gasparini también destacó las ventajas de los condicionamientos de estos planes para “incentivar ciertos comportamientos, como una mayor asistencia de los niños, niñas y adolescentes a la escuela o a controles más frecuentes de salud”. Si bien “no son la solución a problemas distributivos profundos, su relevancia no debería minimizarse”, agregó.
Según el estudio publicado en marzo, aun en un escenario de crecimiento económico sostenido, programas como Asignación Universal por Hijo, en Argentina, y Beca Familia, en Brasil, “tienen un papel fundamental para lograr mejoras distributivas”.
“La región no puede depender solo del crecimiento económico, incluso si se da con pleno empleo, pues hace falta la protección social”, señala la investigación.
Con matices, los diversos planes apuntan a transferir mensualmente recursos monetarios del Estado a familias pobres o a retirados que se desempeñaron en la economía informal y, por tanto, carecen de pensiones. Entre los primeros, la mayoría exigen a cambio la asistencia a la escuela y controles sanitarios a los menores de 18 años.
El Bono de Desarrollo Humano, de Ecuador, es el que tiene mayor alcance, ya que llega a 44 por ciento de la población total de ese país. Pero Beca Familia es el más grande en términos absolutos, pues protege a 52 millones de los 198 millones de habitantes de Brasil.
A ellos se agregan Oportunidades, de México, Bono Juancito Pinto, de Bolivia, Chile Solidario, Familias en Acción, de Colombia, Avancemos, de Costa Rica, Red Solidaria, de El Salvador, Mi Familia Progresa, de Guatemala, Programa de Asignación Familiar, de Honduras, Red Oportunidades, de Panamá, Tekoporâ/ProPaís II, de Paraguay, Juntos, de Perú, Solidaridad, de República Dominicana, Plan Equidad y Asignaciones Familiares, de Uruguay, y similares en Nicaragua y Venezuela.
El plan que parece tener peores resultados es Oportunidades, por el avance de la pobreza en México, que afectaba hasta fines del año pasado a 53,3 millones de sus 118 millones de habitantes, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Ante ello, el gobierno revisa sus reglas de operación.
“La debilidad de origen es la concepción de que el problema de la pobreza es de falta de capacidades de la población y que lo que hay que apoyar y financiar es su aumento”, criticó Clara Jusidman, presidenta honoraria de la organización no gubernamental Incide Social.
“Es típicamente un programa que ve el problema del lado de la oferta, y los que tienen deficiencias para insertarse en el mercado laboral y en el curso del desarrollo son las personas”, dijo a IPS.
Oportunidades, creado a fines de los años 90 y que adoptó su formato actual en 2002, cuenta en 2013 con un presupuesto superior a los 5.000 millones de dólares y aspirar a cubrir a 5,8 millones de familias. El beneficio está condicionado a que niños, niñas y adolescentes permanezcan en la escuela y asistan a centros de salud.
Para Jusidman, “el plan produjo violaciones de derechos y exclusión de personas y también hay paternalismo estatal, pues se convierte a los beneficiarios en subordinados a la espera de ver qué dicen los gobiernos y los funcionarios”.
Gasparini y Cruces recuerdan que en los años 90, paradójicamente, el crecimiento económico en la región estuvo asociado a una mayor desigualdad. En cambio, desde fines de esa década y más decididamente a partir del pasado decenio, los planes de transferencia de ingresos contribuyeron a un avance acelerado de la reducción de la pobreza y muy especialmente de la indigencia.
Así, quienes vivían con menos de 2,5 dólares por día sumaban 27,8 por ciento de la población latinoamericana en 1992, se redujeron a 24,9 por ciento en 2003, a 16,3 por ciento en 2009 y a 14,2 por ciento en 2010, señala el estudio. Por eso recomienda ampliar la cobertura para potenciar el impacto en un plazo más corto.
“En varios países la base (de población beneficiada) todavía es muy chica y en otros el monto es exiguo. Hay margen para ampliar esos programas”, comentó Gasparini. No obstante, consideró innecesario pensar en programas universales. “No tiene sentido abarcar a la población no vulnerable”, apuntó.
El estudio observa que, con un crecimiento más lento, la lucha contra la pobreza será un proceso más largo. Por ejemplo, si se crece a un promedio de dos por ciento anual por persona, 5,5 por ciento de la población viviría en la indigencia en 2025, mientras que, si la expansión es de cuatro por ciento, casi tres por ciento permanecería en esa situación extrema para ese mismo año.
En cambio, con un “esfuerzo fiscal adicional de 0,5 por ciento” del producto interno bruto (PIB) para estos programas sociales, la región lograría la misma reducción de la pobreza extrema 10 años antes, en 2015.
En base a datos de 2010 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la región gastaba en promedio 0,4 por ciento del PIB en las transferencias. Los autores estiman que algunos países podrían incrementar ese esfuerzo, según las recomendaciones, y otros tendrían que tomar créditos externos.
Los países que requieren mayores transferencias son aquellos que mantienen un alto porcentaje de la población en la informalidad y, por lo tanto, sin cobertura de salud ni previsional. En esa situación se encuentran Bolivia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Ecuador, detallan. Allí la protección social es insuficiente.
“Bolivia, Nicaragua y Guatemala son los que requieren ayuda externa para programas que cubran a toda su población en la pobreza extrema”, precisó Gasparini. El resto tienen los recursos para financiar estos programas y aún ampliarlos, afirmó.
El director del Cedlas reconoció que el gasto promedio actual parece relativamente menor en comparación con otros subsidios económicos que benefician a las clases media y alta y consideró que, si bien existe cierta crítica a estos programas, “el apoyo social es amplio en la mayoría de los países y son muy pocos los candidatos (a cargos electivos) en la región que proponen abiertamente eliminarlos”.
Gasparini también remarcó que el apoyo a estos programas, empero, “no implica desconocer que pueden tener aspectos indeseados, como el de ralentizar el proceso de formalización de la economía u otros vinculados a la oferta laboral, sobre los cuales es necesario trabajar más seriamente”.
Fuente: IPS
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