“Nos reunimos con los diputados para expresar la preocupación de más de mil funcionarios judiciales entre jueces y vocales, sobre la mutualidad, toda vez que desde hace cinco meses no nos descuentan, lo que es un grave perjuicio, por lo que estamos solicitando la promulgación de una ley que sustente la existencia de la mutualidad”, explicó el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Bolivia (Amabol), César Suárez.
Suárez puntualizó que los beneficios que los jueces y vocales tienen al finalizar su ciclo de trabajo, se ha creado en forma privada. “Los funcionarios que dejen de trabajar no pueden quedar desprotegidos, esta institución no puede extinguirse”, agregó.
Por su parte, el presidente de la Mutualidad, Iván Campero, expresó que la mutualidad consiste en el descuento mensual del 8,2 por ciento de los sueldos y que al finalizar el ciclo de trabajo se otorga a los funcionarios salientes “beneficios a largo plazo que el Estado no otorga”, tales como la indemnización en caso de fallecimiento, despido o jubilación, “ya que no están contemplados dentro de la Ley General de Trabajo”.
Tales descuentos no se estarían efectuando desde el mes de enero y hasta el momento suman 500 funcionarios los que dejaron sus cargos tanto en el Órgano Judicial como en el Ministerio Público, “quienes aportaron durante varios años y se fueron sin su respectiva compensación”, según el presidente de la Amabol.
Al respecto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado se comprometió a dar una respuesta hasta mediados del mes de junio, ya que el tema “puede generar un conflicto social”. Informó también, que el proyecto ya fue remitido a la Comisión de Justicia, de acuerdo al procedimiento legal.
Asimismo, el segundo secretario de la Cámara de Diputados, Luis Alfaro afirmó que a partir de la reunión sostenida con las instituciones mencionadas, se recabará la información respectiva, para determinar si se promulga la Ley o una disposición gubernamental de carácter administrativo, “al tratarse de una entidad privada, donde el Estado no debería interferir”.
Fuente: Prensa Diputados