—¿Cómo marcha el proceso de elaboración de la Ley Marco de Consulta?
—El proceso abarca varias fases, estamos iniciando la primera, que comenzó con la convocatoria presidencial para la elaboración conjunta de una propuesta de Ley Marco de Consulta. Se ha quedado en que cada una de las organizaciones matrices trabaje internamente sus propuestas, es decir la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Federación de Mujeres Campesinas-Bartolina Sisa, los interculturales, la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), que delegó a su secretario de recursos naturales para asistir a estas reuniones; sin embargo, tuvimos la nutrida presencia de varias regionales y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).
Una vez que concluya el trabajo de discusión interna, reuniremos todo el material y lo entregaremos a un equipo técnico conformado por dos dirigentes por organización, más uno o dos técnicos para sistematizar las propuestas, coincidencias y someter a votación las divergencias, que formarán parte de otro borrador que será puesto a consideración de cada una de las entidades indígenas para que inicien la discusión de los puntos de disenso o en los que no hay convergencia.
—¿Hay algún plazo para que presenten sus propuestas o algunas ya lo han hecho?
—Conamaq presentó una propuesta en julio del año pasado, ninguna otra organización tiene formalmente una propuesta, entonces se ha decidido tener una pausa hasta mediados de este mes para volvernos a reunir. Una vez que tengamos todas las propuestas pueden seguir trabajando las organizaciones, pero si alguna de las afiliadas no presenta una propuesta no quiere decir que no lo hagan en el futuro.
—¿La comisión o el Órgano Ejecutivo tienen alguna propuesta?
—La comisión está conformada por representantes de organizaciones, más el Ejecutivo, con los ministerios de Gobierno y de Autonomías, y la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo que no hemos querido hacer es presentar una propuesta de inicio, sino un conjunto de sugerencias porque se ha adoptado la metodología de trabajo del viejo Pacto de Unidad, que trabajó para el borrador de la nueva Constitución y eso se está aplicando para una construcción colectiva del proyecto de Ley Marco de Consulta.
—¿Hay algunos documentos base para la elaboración de la Ley Marco de Consulta?
—Las jornadas que se organizaron entre la Asamblea Legislativa y el Sistema de las Naciones Unidas tenían como objetivo brindar los insumos necesarios a nivel internacional de la problemática de la consulta para ver la jurisprudencia y la legislación comparada, las jornadas formaron parte de los insumos para que las organizaciones trabajen sus propuestas.
—¿Qué aportes significativos emanaron de las jornadas?
—Fundamentalmente el significado de la jurisprudencia a nivel internacional, la riqueza establecida en la Constitución, que es acompañado de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT, además sirvió para fijar los términos de la consulta, diferenciar consulta de consentimiento, del conjunto de derechos indígenas y de autonomías y del derecho de libre determinación.
—¿Una vez que se complete la fase de propuestas, qué pasos más se deben seguir?
—Luego de las propuestas vienen los consensos, después la presentación formal de una propuesta a la Asamblea Legislativa Plurinacional, la cual debe ser sancionada para su promulgación, para esto debemos darnos el tiempo necesario de lograr esta construcción colectiva, que no es algo sencillo ni puede tener un plazo muy rígido, hay asuntos que la Conamaq acepta y la Cidob no, que la CSUTCB propone y la Conamaq rechaza por sus distintas tradiciones organizativas, entonces todo va a depender de la capacidad que se tenga a nivel de las organizaciones sociales para buscar los consensos. La consulta no es a las organizaciones ni a los territorios, es a los pueblos y con base a la consulta del pueblo ahí pueden diferenciarse las cosas.
—¿La consulta tiene que ver con los recursos naturales o con otros asuntos?
—Tiene que ver con cualquier medida legislativa o administrativa que sea susceptible de afectar a un pueblo indígena, lo que amplía a una variedad de tópicos, no sólo los recursos naturales que, de acuerdo a la Constitución, no son propiedad de los indígenas ni siquiera los renovables. A nivel de los pueblos indígenas se tiene el uso y aprovechamiento exclusivo a nivel colectivo de los recursos naturales renovables, pero lo que ocurre con los no renovables es que existen problemas de impacto socioeconómico y sociocultural, incluso ambiental, que deben medirse y permiten un tratamiento específico para hacer las compensaciones que no son económicas sino de diverso tipo. Una buena Ley Marco nos permitirá fijar un límite, porque no todo es susceptible de consultarse, por ejemplo las competencias privativas del nivel central no son objeto de consulta, se consultan proyectos, planes, programas concretos que el Estado tiende a ejecutar en cualquiera de sus niveles central, departamental, municipal e indígena y que sean susceptibles de afectar a los pueblos en un determinado lugar.
—¿La consulta determina en qué instancia se define, en una asamblea, cabildo o lo fija el protocolo?
—Se deja en el protocolo, pero el principio mayor es que una consulta debe tener como finalidad el acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas y se ejecuta a partir de una propuesta estatal. El Tribunal Supremo Electoral participa sólo como observador.
—¿Hay urgencia de aprobar la Ley Marco de Consulta o se van a dar el tiempo necesario?
—Es urgente, pero hay que trabajar sin prisa, pero sin pausa, porque toca a una definición de carácter estratégico en tanto es un poderoso mecanismo de democracia intercultural que permite solucionar un conjunto de conflictos a través de una medida institucional, es necesaria su adopción, pero sólo se va a aprobar la Ley Marco de Consulta Previa, Libre e Informada cuando se construyan los consensos.
Fuente: Cambio