Luego de la aprobación en grande y artículo por artículo, la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, remitió la Ley al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación.
En la sesión estuvo presente el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, quien explicó los aspectos técnicos del proyecto de ley. Informó que YPFB buscó un socio para que arriesgue en la etapa de exploración de los hidrocarburos, porque este proyecto es de alto riesgo, y en la cual, la empresa estatal “no pone ni un boliviano”.
“Si en esta actividad de exploración, el socio no encuentra un resultado positivo, puede ahí acabarse el contrato, asume bajo su propia cuenta y riesgo todo lo que ha invertido”, informó.
Sosa explicó que este trabajo se está realizando “con una incertidumbre de más de 80 por ciento en algunos casos, y el riesgo de que un pozo exploratorio sea exitoso está alrededor de 15 a 20 por ciento”.
El ministro anunció que si Eastern Petroleum hace un descubrimiento comercial en uno o varios campos dentro del área de contrato señalado, a partir de ese momento, YPFB se asociará con la empresa y pondrá cuota aparte para hacer el plan de desarrollo de los campos y una vez que entre en producción se pagará al socio lo que ha invertido en etapa de exploración.
Los senadores por Convergencia Nacional (CN), Luis Pedraza y Bernard Gutiérrez, manifestaron que primero se debía haber una consulta a los Weenhayek antes de la consideración de esta autorización para la exploración. “Mi posición es que tal vez debería apostarse al proceso de consulta en este particular tema”, afirmó Gutiérrez.
Por su parte, el senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Adolfo Mendoza, aclaró las dudas de los asambleístas opositores: “Que si como fruto de este contrato, Yacimientos y la otra empresa se ponen de acuerdo, a partir de los anexos, en un conjunto de proyectos y actividades hidrocarburíferas específicas, esas actividades hidrocarburíferas y esas obras específicas deberán someterse a la consulta”, explicó.
En esa dirección, la Cámara de Senadores aprobó un Resolución Camaral, propuesta por la senadora Martha Poma (MAS), el documento recomienda al Ministerio de Hidrocarburos y Energía velar por la estricta aplicación de la normativa vigente referida al derecho a la consulta a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, para la ejecución de la presente ley.
Finalmente, el senador opositor Germán Antelo pidió “garantizar la seguridad jurídica” a la empresa privada para que invierta sus recursos y despolitizar el tema económico en el país.
Fuente: Prensa Senado