“Es fundamental hacer la consulta previa de buena manera y por eso se requiere más tiempo”, afirmó el jefe de la Bancada del MAS en Senado, Eugenio Rojas quien, a la par de sus colegas, remarcaron que lo relevante es comprender a los indígenas que viven en la zona.
El artículo único del proyecto, aprobado hoy, modifica a la Ley 222 de Consulta Previa que, en su artículo 8, cita el tema de la ampliación de forma textual: “La Consulta previa, libre e informada se realizará desde su inicio hasta su conclusión en el plazo máximo de hasta 210 días, a partir de la promulgación de la presente Ley 222 del 10 de febrero del 2012".
El principal argumento para realizar esta modificación emana de la sugerencia del Alto Comisionado de la Organizaciones de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Denis Racicot, quien indicó al Órgano Ejecutivo, que lo mejor en el caso era “crear un ambiente de confianza” con los indígenas del TIPNIS para aplicar la consulta previa.
Al respecto, la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral del Senado, que recibió el proyecto de Diputados, consideró la exposición de la antropóloga Irmalicia Velásquez en abril del presente año. En la misma, la estudiosa hizo una analogía entre la consulta efectuada en el municipio Maya Mam de San Juan Ostuncalco, México; con el caso boliviano, y señaló que "es poco realista y culturalmente inapropiado esperar que las remotas comunidades (…), muchas de las cuales no hablan castellano, que no tienen acceso a internet, descarguen el extenso documento y presenten sus objeciones por escrito en un plazo tan corto (en referencia a los 120 días establecidos en la Ley 222, en primer término)”.
Por tal motivo, los legisladores tomaron en cuenta la “razonabilidad del plazo” que efectivice un proceso productivo y dúctil, que permita a las instituciones estatales brindar la mayor información sobre la medida, empleando todos los medios y mecanismos de comunicación, con el fin de que todos los indígenas conozcan, reflexionen y analicen sobre propuestas concretas a la medida legislativa que es el objeto de la consulta previa.
“Se debe tener en cuenta siempre el elemento de la temporalidad como forma de garantizar que dichas consultas no se conviertan en una simple transmisión de información”, señala el informe de la comisión del Senado
En este marco, la consulta ya no deberá concluir el 10 de junio, sino el 10 de septiembre del presente año. En la oportunidad, los asambleístas oficialistas afirmaron que el objetivo de la prórroga es para comprender de manera más adecuada la realidad de los indígenas y, así, poder proceder con una consulta más efectiva y verosímil.
Un elemento transversal en el discurso de oposición, giró en torno a que la ampliación del plazo no garantizará la solución al conflicto que, al momento, encuentra un rechazo movilizado a la Consulta previa en la Novena Marcha Indígena, conformada por un sector de la dirigencia del TIPNIS, a la cabeza de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).
“La ampliación significará un paso cualitativo importante que establecerá la antesala a los resultados óptimos de la consulta previa, libre e informada, la cual sí permitirá que los indígenas decidan sobre su territorio”, resaltó la senadora por Tarija, Rhina Aguirre.
La consulta está destinada a las 65 comunidades de las tres etnias (Yuracaré, Mojeño y Chimane) que viven en el TIPNIS, en pleno reconocimiento a sus derechos nacionales e internacionales, agregó la asambleísta Aguirre.
Antecedentes
La consulta determinará la intangibilidad del área protegida y parque nacional, así como la posible construcción de la vía interdepartamental, según señaló el presidente Evo Morales los días previos a la promulgación de la Ley 222, que data del 10 de febrero en Palacio de Gobierno.
“Unos marcharon por la construcción del camino y otros para impedir la construcción del camino en el TIPNIS. Tal vez para quienes estamos acá, es difícil entender quién tiene la razón. Lo mejor es que quienes viven ahí decidan qué hacer con esta ley de consulta”, expresó en ese entonces el mandatario de Estado.
Un par de meses después (26 de abril), el pleno de la Cámara de Diputados, tras un debate de más de seis horas, aprobó el proyecto de ley de ampliación de plazo para la consulta previa.
Así, el proyecto fue remitido a la Cámara Alta, en su comisión de Constitución que, después de un análisis a detalle, envió el informe al pleno para su tratamiento respectivo hasta su aprobación, este miércoles, en una sesión cuyo debate se prolongó por más de cinco horas y media.
Fuente: Prensa Senado