Según el informe presentado por la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, de la Cámara Baja, esta normativa está basada en el principio de respeto a la propiedad privada, hábitat y vivienda.
Asimismo, establece que los bienes inmuebles que serán sujetos a la regularización, son las viviendas que fueron ocupadas al menos cinco años de forma pacífica y continua, por lo que no beneficiará a las que tengan demandas legales.
En ese marco, el documento también determina que no entrarán dentro el proceso de regularización, bienes e inmuebles que están en calidad de prenda, que han sido arrendadas, en alquiler o anticrético; tampoco aquellas viviendas que se hayan dejado a personas de guardias y vigilantes.
Esta propuesta también establece que las oficinas de Derechos Reales deben realizar la corrección de errores como los existentes en apellidos, es decir la corrección de identidad de los propietarios, la superficie, ubicación y la colindancia de los terrenos, en 20 días.
Cabe destacar que la norma no prohíbe que una persona tenga varias propiedades, en distintos lugares del país, aunque esto no significa que pueda regularizar más de una propiedad a la vez.
Fuente: Prensa Diputados