“La protección social requiere acuerdos nacionales para desarrollar políticas y programas que promuevan el acceso a una alimentación adecuada de forma permanente. Esto es consistente con el compromiso asumido por los países en el marco de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre,” señaló Alan Bojanic, el Representante Regional adjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La declaración fija una posición común para el trabajo de la FAO y la OEA en el marco de la Red Interamericana de Protección Social, un espacio lanzado en 2009 para el intercambio de experiencias y conocimientos en materia de protección social. “La Red Interamericana de Protección Social facilitará la cooperación entre los países de las Américas en materia de protección social y seguridad alimentaria,” indicó Jorge Saggiante, Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral de la Organización de los Estados Americanos.
Derecho a la alimentación y protección social
“Un sistema de protección social integral permite resguardar niveles más dignos y adecuados de vida para la población y fortalecer la autonomía y capacidades de los ciudadanos para su inclusión económica y social”, señala la declaración. Esto es necesario para consolidar un esquema institucional de garantías para la realización del derecho humano a una alimentación, el cual encuentra en las desigualdades sociales de la región la principal limitante para su realización. La declaración también señala que se requiere implementar planes a mediano y largo plazo para el fomento de mercados agroalimentarios más justos, eficientes y transparentes, políticas de inclusión social y económica y estrategias integrales de desarrollo local.
Hacia una estrategia de protección social en el marco de la seguridad alimentaria
Los organismos destacaron cuatro aspectos claves para llevar a cabo una estrategia de protección social adecuada para fortalecer la seguridad alimentaria:
I. Enfoque intersectorial: El hambre es un problema multidimensional, su erradicación involucra necesariamente intervenciones de amplio espectro y crecientes esfuerzos de coordinación intersectorial entre políticas sociales, de producción y de desarrollo local.
II. Programas de asistencia directa mediante transferencias: para una parte importante de la población más pobre no siempre es posible asegurarse un nivel de vida digno. Los programas de transferencias permiten fortalecer el acceso a los alimentos de la población más vulnerable.
III. Instrumentos de protección y fomento del desarrollo rural y la agricultura familiar: se requieren políticas y programas para la inclusión económica y social de los sectores más vulnerables del medio rural. Para ampliar el acceso a activos productivos básicos (agua, tierra, trabajo, insumos), además de sistemas de transferencia tecnológica.
IV. La regulación del mercado laboral: las falencias del mercado laboral, como la informalidad y su precariedad es una de las causas de la pobreza y la inseguridad alimentaria. Se debe avanzar en la formalización del empleo agrícola y no agrícola, junto con fortalecer el cumplimiento de la legislación laboral y el acceso a la seguridad social.
Para más información, visite la declaración conjunta “La Seguridad Alimentaria: Una prioridad para la Red Inter-Americana de Protección Social”.
Fuente: OEA