La Ley tiene por objeto establecer y regular el congelamiento preventivo de fondos y otros activos de las personas naturales o jurídicas vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo.
Asimismo, crea el Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo e incorpora y modifica artículos al Código Penal, relacionados al terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas.
La Ley fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación, luego de que fue aprobada en grande y detalle por más de dos tercios de votos de senadoras y senadores.
Ante la interpretación de los senadores de la oposición de que la Ley se convertiría en un instrumento contra los ciudadanos bolivianos, la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, pidió no escudarse ni mezclar conceptos.
“No se va a perseguir a dirigentes sociales ni líderes sindicales. Esta Ley dice: ‘Las conductas que tengan por finalidad la reivindicación o ejercicio de derechos humanos, derechos sociales o cualquier otro derecho constitucional, no serán sancionadas como delito de terrorismo’”, afirmó Montaño.
La disposición legal se aplicará a los fondos y otros activos que pertenecen a personas naturales o jurídicas vinculadas al terrorismo o financiamiento del terrorismo, que estén consignadas en las listas públicas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dentro de la persecución del terrorismo.
El senador por Convergencia Nacional (CN), Luis Pedraza, así como otros de sus colegas de partido, rechazó la aprobación de la Ley, considerando que ésta afectaría a los implicados en el caso de terrorismo liderado por Eduardo Rozsa.
La presidenta de la Comisión de Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, Sandra Soriano, explicó que está ley lo que hace es establecer un procedimiento de congelamiento preventivo de fondos y activos que financien el terrorismo. “En el caso de no demostrarse, inclusive, un juez cautelar los puede liberar, no estamos expropiando, como debería haber sido. Esta Ley es garantista”, informó.
Son más de 15 instrumentos internacionales para la represión a la financiación del terrorismo “de los cuales nuestro país no puede sustraerse, en consecuencia, es una actualización de nuestro Código Penal”, afirmó el senador oficialista Ignacio Mendoza.
“El congelamiento preventivo de fondos y otros activos es la prohibición de transferir, convertir, disponer o trasladar fondos u otros activos durante el plazo de vigencia de la medida dispuesta, no debiendo efectuarse registros, gravámenes o anotaciones posteriores en los registros públicos correspondientes”, señala la Ley.
Fuente: Prensa Senado
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