“Se espera que empecemos a dividir entre los intereses particulares y el interés de la patria, el interés del país y sobre todo valorar el bien común, los recursos naturales en el caso de los minerales y otro tipo de recursos naturales son de dominio y propiedad del pueblo boliviano, ni siquiera en la Constitución se definen como propiedad del Estado, (...) No se trata de afectar los intereses de los cooperativistas porque son parte de la economía plural y no solo se trata de pensar en el fortalecimiento de la participación estatal en toda la cadena productiva de la minería, debemos reponer en la discusión de la Ley minera el bien común”.
Asimismo exhortó a los cooperativistas no dejarse llevar por una ola conservadora de diversos sectores al interior de sus organizaciones, que pueden conectarse peligrosamente con la defensa de intereses de las empresas transnacionales o de sectores de la minería privada.
Según el legislador otro elemento es avanzar en la garantía de los derechos que están en la Constitución Política del Estado (CPE) y que se replican en ese proyecto de ley.
“El movimiento cooperativo tiene una tensión interna y hay un sector que está entendiendo mal las cosas no se trata de sobreponer los intereses particulares y segundo, pensar en un sistema de alianzas económicas que permita beneficiar una lógica ya tradicional en el pasado de los intereses de las transnacionales”, mantuvo.
Finalmente Mendoza, aclaró que los diferentes contratos deben pasar para su aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional como lo establece al CPE. “Es parte de un sistema no solo de fiscalización sino de direccionamiento y fortalecimiento de la economía estratégica, en este caso de la minería como parte de una política estratégica de Estado, es necesario trabajar un proyecto de ley más consensuado dure el tiempo que dure”, enfatizó.
Fuente: Prensa Senado
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