La firma digital es una rúbrica electrónica que identifica únicamente a su titular y es creada por métodos que se hallan bajo el absoluto y exclusivo control de éste, es susceptible de verificación y está vinculada a los datos del documento digital, de modo tal que cualquier modificación de los mismos ponga en evidencia su alteración.
El primero de los siete beneficios que ofrece esta herramienta es su validez legal —como la firma física de un escrito—, que permite distribuir, firmar y verificar cualquier documento digital. "Gracias a ello, un trámite de firma que antes requería días, ahora puede enviarse vía email en minutos", explicó a La Razón el director ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), Nicolás Laguna.
Este sistema, sostuvo, posibilita además el ahorro de espacio porque se reducirá el uso del papel en todos los trámites y se conservará los documentos en formato digital en servidores.
El servicio facilitará también la búsqueda de trámites así como la realización de auditorías en el rubro estatal y privado. "Mejorará los servicios y trámites que realizan las entidades porque evitará el desplazamiento de un sitio a otro y un ahorro de tiempo". Agregó que la firma digital es una tecnología más segura y en la región tiene un costo promedio de $us 100. Detalló que ahora la Aduana, el fisco y el Banco Central de Bolivia (BCB) usan la firma digital de modo interno.
La Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, promulgada en 2011, dispone la validez jurídica de todo acto o negocio jurídico hecho por una persona natural o jurídica en documento digital y aprobado por las partes mediante la firma digital, realizado por un medio electrónico u otro de mayor avance tecnológico. Además, da validez legal a los mensajes electrónicos.
Laguna explicó que el decreto reglamentario de Tecnologías de Información y Comunicación, aprobado el 13 de noviembre de 2013, dispone que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) debe elaborar y aprobar los estándares técnicos para el funcionamiento de las entidades certificadoras de la firma y el certificado digital hasta julio de este año. La norma indica que, tras esa tarea, la ATT debe implementar en seis meses (hasta enero de 2015) la infraestructura y los procedimientos internos para aplicar ambos servicios como certificadora raíz. En tanto, en ese lapso la ADSIB debe hacer la misma medida como entidad certificadora pública.
El director ejecutivo de la ADSIB agregó que el certificado raíz o "madre" es el certificado digital administrado por la autoridad reguladora, a partir del cual se firmarán los otros certificados, que serán distribuidos por la ADSIB a los usuarios tanto del sector público como del privado.
Aplicación del servicio
La incorporación de la firma y el certificado digital en las entidades serán paulatinos y se prevé que las primeras en usarlas públicamente serán la vicepresidencia, el Ministerio de Obras Públicas, el BCB, el fisco y la Aduana.
El colectivo denominado "Más y mejor internet para Bolivia" considera que es necesario aumentar el acceso de internet en el país para que la implementación de la firma y el certificado digitales beneficie a más usuarios. Además, indicó, se debe acelerar la aplicación de ambos servicios con el fin de reducir la burocracia en toda la gestión pública.
Mario Durán, miembro de la agrupación, dijo que la implementación de la rúbrica y el certificado virtuales es una "medida positiva" del Gobierno y sus ventajas son el ahorro de tiempo, la mejora de servicios a los usuarios, la reducción de gastos administrativos y mayor seguridad, entre otros.
Durán señala que "se debe incrementar el acceso al servicio de internet en todos los rincones del país y debe convertirse en un servicio masivo para ello se debe reducir más su costo, mejorar la calidad y la velocidad". Según datos del colectivo, solo el 5,4% de las familias del país tiene internet, siendo que el porcentaje promedio sube a 41,3 en Sudamérica.
Los resultados oficiales del Censo de Población y Vivienda 2012 establecen que de las 3,13 millones de casas particulares encuestadas solo el 23,36% tenía acceso a una computadora.
Fuente: La Razon
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