El Banco Mundial reconoce su error en la participación del proceso de privatización de empresas públicas en la década del 90

PS (4-06-14).- La Comisión Especial Mixta que investiga los procesos de Privatización y Capitalización, presidida por el senador Adolfo Mendoza, emitió un boletín donde indica que el gobierno de Jaime Paz Zamora, expresidente de Bolivia, provocó un endeudamiento mayor a los 147 millones de dólares, que fueron otorgados por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo condiciones que vulneraron la soberanía de Bolivia.

Ante este panorama, el representante del Banco Mundial, Faris Hadad Zervos, reconoció ante los medios que fue un error participar en el proceso de privatización de empresas públicas en la década del 90. “El Banco Mundial cuando estaba aquí no tenía llaves del Tesoro, no tenía llaves de los ministerios, eso fue el propio gobierno que trabaja y el gobierno siempre ha tenido la soberanía de decir no quiero hacer esto, quiero hacer esto", dijo.

Por su parte, el senador Adolfo Mendoza considera que estas afirmaciones son un claro indicador de la importancia de las investigaciones que se vienen realizando por un equipo profesional multidisciplinario para establecer responsabilidades fundadas y documentadas.

De acuerdo a la información obtenida por esta comisión, el 20 de septiembre de 1991, Bolivia firmó el Convenio de Crédito de Desarrollo con la Asociación Internacional de Fomento (AIF), dependiente del Banco Mundial (BM), por un monto total de 58,8 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) o su equivalente de $us 87,2 millones, incluyendo cuatro modificaciones.

El préstamo tenía entre sus principales objetivos ayudar en la reforma y el programa de privatizaciones de las empresas públicas de Bolivia, bajo las condiciones estipuladas en el contrato, entre otras la contratación de asesores que satisfagan a la AIF con los mismos recursos del préstamo.

Por otra parte, el crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrado el 20 de septiembre de 1991, se enmarcó en el Programa de Reforma del Sector Financiero y Promoción de la Inversión Privada, que incluyó un acápite para “Implementar un programa de privatización de entidades públicas dedicadas a actividades productivas”. El organismo ejecutor del préstamo fue el Ministerio de Planeamiento y Coordinación (MPC).

El monto del financiamiento fue de 60 millones de dólares “o su equivalente en otras monedas, excepto la de Bolivia”, como se indicaba en el contrato del préstamo. Además, en claro desmedro de la soberanía del Estado se indicaba que los desembolsos futuros estaban condicionados al avance de las privatizaciones de las empresas públicas y el cobro de comisiones no requería autorización del país prestamista, entre otros aspectos.

Fuente: Prensa Senado