Cedida la administración del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) a la empresa Aguas del Tunari, en 1999, comienza la nueva gestión privada con el alza de tarifas y otros planes que benefician sólo a los inversionistas omitiendo considerar a los usuarios residentes de la ciudad de Cochabamba (agua para beber) y a los campesinos de las zonas aledañas (agua para regar).
Fabriles y regantes inician un movimiento de oposición a esas medidas asumiendo como consigna la expulsión de Aguas del Tunari.
La privatización del agua contó con el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Los préstamos otorgados a Bolivia eran totalmente condicionados e iban en desmedro de la soberanía nacional.
Los accionistas de Aguas del Tunari S.A. (ATSA)
Dos transnacionales y cuatro empresas nacionales formaban parte de ATSA. Como se aprecia en la tabla, los mismos personajes promotores de la privatización son también adjudicatarios de las empresas que pusieron en venta.
Este proceso de enajenación de la propiedad de Bolivia marcó una etapa crítica para la economía departamental y nacional.
De acuerdo al presidente de la Comisión Especial Mixta, senador Adolfo Mendoza, “a partir de la recuperación de las empresas del estado, principalmente las estratégicas, tarea emprendida por el presidente Evo Morales, por regla general, se ha seguido un curso ascendente y los beneficios generados van a manos del pueblo directa o indirectamente”.
Fuente: Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización
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