En su calidad de instancia plural de organizaciones de la sociedad civil, la CBDE, como actor social en defensa del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad; reconoce la constitucionalización de los derechos de las mujeres, la decisión de remontar la transgresión de estos, asumiendo que toda mujer y todo hombre son iguales en derechos y dignidad. Se identifica con la voluntad ética y política de avanzar -en tiempos de cambio- en la construcción de un Estado Plurinacional, democrático, justo, solidario, con igualdad y equidad de género; en equilibrio con la madre tierra y la naturaleza.
Asume que desde la sociedad civil, se han dado importantes aportes que han contribuido en la definición de políticas públicas de género, y al mismo tiempo entiende que es necesario crear puentes para avanzar en su cumplimiento; para superar las brechas entre la política como el ideal del “deber ser” y la práctica como una realidad cotidiana del “ser”, donde se vive y se siente la colonialidad en sus múltiples expresiones de exclusión, racismo y discriminación hacia las mujeres; en las concepciones de vida, de sociedad; en la institucionalidad, en las prácticas sociales, en el Sistema Educativo.
¡Esta realidad nos desafía!, en el ámbito educativo aún se mantiene, reproduce y legitima el patriarcado; están ancladas posiciones discriminatorias, visiones sectarias, prácticas culturales, formas organizativas y funcionamiento segregador. En muchos casos, planteamientos curriculares formales, contenidos de género en sí mismos, en la lógica de la enseñanza que no logran trascender en la vida diaria, en los sentidos y acciones de la comunidad educativa.
En el último tiempo ha sido elocuente, en centros educativos, la exclusión de mujeres indígenas, adolescentes embarazadas, y son mujeres las que sufren violencia y acoso sexual[2]; Y es que no es suficiente reconocer en la Ley 070/2010, al Sistema Educativo como patriarcal, ya que si bien se ha dado un paso importante, ahora hay que avanzar en la toma de decisiones, en las reglamentaciones para el cumplimiento de las políticas; la propia acción tiene que ser educadora, aportar a desmontar el patriarcado y ser transformadora.
Por lo que demandamos:
- Desarrollar una educación Despatriarcalizadora, que contribuya a superar las desigualdades de género, además de la discriminación y exclusión de las mujeres, bajo una nueva visión de vida y sociedad expresada en su institucionalidad; en la gestión administrativa –organizativa, pedagógica y comunitaria.
- Incorporar, en los Proyecto Sociocomunitarios Productivos (PSP) como producto de un profundo análisis y posicionamiento institucional, el “principio” de la Educación No Sexista para promover la libertad y la autonomía, para que se reconozca y devele las desigualdades y las discriminaciones, basadas en estereotipos por sexo o por orientación sexual, para aportar en el ejercicio del derecho a la educación; la construcción de una sociedad más justa e igual en derechos, para todas las personas, y no en detrimento de otra.
- Desarrollar en los planteamientos curriculares, visiones de sociedad con igualdad y equidad de género; incorporar la educación sobre los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos como una herramienta para aportar a la despatriarcalización, desde los espacios educativos.
- Fortalecer, las nuevas visiones de género en el Sistema de Formación Docente desde el enfoque de los Derechos Humanos, en concordancia con la Constitución Política del Estado, para constituirse en instancia viabilizadora del ejercicio del Derecho a la Educación y promover el respeto de todas las personas, así como la erradicación de la violencia.
- Incorporar la investigación y la sistematización para generar conocimientos, información, comunicación, sobre procesos, avances, limitaciones que muestren estados de situación la educación con enfoque de género, para el planteamiento de nuevas acciones y decisiones políticas que garanticen una Educación no Sexista, de calidad.
Fuente: Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación
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