El informe de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la investigación de la privatización y la capitalización da cuenta del pago de estos bonos en 23 empresas públicas, de unas 57 que pertenecían a las prefecturas, alcaldías y cooperativas de servicios públicos.
El 11 de diciembre de 2013, cuando la Comisión Legislativa dio a conocer la primera ola de las privatizaciones, señaló que se recurrió al “pago de sobornos” a dirigentes y trabajadores movilizados en contra de las privatizaciones.
En el informe presentado por Sonia Conde, técnico de la Comisión Investigadora sobre el proceso de privatización de la Fábrica Nacional de Vidrio Plano (Fanviplan), se reveló que “nueve huelguistas fueron los primeros en aceptar los 2.000 dólares del denominado bono de apoyo a la privatización, luego un segundo grupo de 95 trabajadores recibió este bono y finalmente el total de los 180 fueron obligados a recibir el pago para la privatización”.
En el eje
Para llevar adelante el traspaso de las empresas públicas a manos privadas, los gobiernos neoliberales recurrieron al pago de estos bonos, que se encontraban fuera de la norma establecida para la privatización. En siete departamentos se recurrió a esta maniobra, sólo en Potosí y Chuquisaca no fue necesario.
Santa Cruz es el departamento en el que más empresas fueron entregadas con el pago de este bono: en el Ingenio Azucarero Guabirá se utilizaron dos millones de dólares; en la Cabaña Lechera Santos (Caletsa) $us 46.000; mientras que en la Planta Industrializadora de Leche (Pil-Santa Cruz) se pagaron $us 334.000; en la empresa Productos Alimenticios de Maíz (Mairana PAM) se utilizaron $us 26.000; en el Hotel Asahi, $us 4.000 y en la Hilandería Santa Cruz (Hilancruz) $us 352.000.
En Cochabamba se hizo el pago del bono en la Fabrica Boliviana de Cerámica (Faboce), 210.000 dólares; en el Criadero de Truchas Piusilla, 4.000 dólares; en la Planta Industrializadora de Leche (PIL-Cochabamba) 240.000 dólares y en la Planta Industrializadora de Tarhui, 12.000 dólares.
En La Paz, para la Planta Industrializadora de Leche (PILLa paz) se destinaron 12.000 dólares; para Industrias Metálicas (Inmetal) 172.000 dólares; a la Planta Procesadora de Quinua (Piquin) 28.000 dólares y la Planta Industrializadora de té Chimate (Techimate) 60.000 dólares.
Empresas cerradas
El informe detalla —por departamentos— las empresas prefecturales, municipales y cooperativas de servicios que debían pasar a manos privadas, en total llegan a 145 unidades productivas, de éstas sólo 57 fueron vendidas con licitación o subasta, el resto tuvieron que ser cerradas.
La presentación del informe aún no tiene fecha. Se realiza un análisis jurídico del documento.
Fuente: Cambio
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