'Se ha encontrado incumplimiento de la antigua Constitución Política del Estado, incumplimiento de contratos en el propio proceso de privatización, incumplimiento de las normas que se aprobaron para la privatización, no se cumplieron, es decir, un vacío jurídico verdaderamente notable, en varios de los procesos de privatización específicos', indicó.
Mendoza explicó que además de la violación a las normas existe daño económico al Estado por la transferencia de capital público hacia manos privadas favoreciendo a una 'determinada concentración de capital' en manos privadas.
'El concepto es daño económico por una lado, que sí se lo ha verificado, que resulta una operación sencilla, cantidad de recursos que el Estado invirtió en las empresas que después fueron privatizadas y luego cuánto el Estado tuvo que prestarse adicionalmente para el propio proceso de privatización', agregó.
Asimismo, señaló que en el tema jurídico se incumplió además de la CPE, en muchos casos, los contratos, reglamentos, las disposiciones de los ministerios y los decretos que se establecieron en el proceso de privatización.
En esa línea, subrayó que 'ni siquiera cumplieron las reglas de juego que impusieron para el proceso de privatización'.
En julio pasado, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) conformó una comisión especial que investiga el proceso de privatización en Bolivia, en un período comprendido entre 1989 y 2000.
Fuente: ABI
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