El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luís Arce Catacora, expuso en detalle el proyecto en la Cámara Alta. “Fue un gran paso que la economía comenzara con la bolivianización (en 2005) y lo que se pretende es llegar a un nivel ‘óptimo de reservas’, cuya capacidad de atención económica responda a un nivel extremo (complicado)”. Ese argumento fue -para Arce- un primer elemento que motivó a su ministerio el llevar adelante la disposición.
En este marco, detalló que el país cuenta con 1.600 millones de dólares en reservas netas del Banco Central de Bolivia (BCB). Estos recursos están en proporción de oro y divisas que garantizan los pagos e inversiones que el Gobierno central debe realizar interna y externamente. “Es probable que el nivel económico siga creciendo de forma acelerada, así como las exportaciones, gracias al incremento de los precios internacionales que han superado el nivel previsto. Por eso surge, nuestra decisión de utilizar solamente 1.200 millones de dólares (de las Reservas Internacionales Netas, RIN) para incentivar iniciativas de producción”.
Así, el ministro remarcó que la creación del fondo no repercutirá negativamente en el sistema financiero. “Al contrario, la utilización de estos recursos será una inyección muy positiva para el producto interno bruto y la generación de nuevos empleos”.
El Gobierno central pretende que los recursos sean destinados a proyectos productivos donde el Estado tenga la mayor participación y control sobre su factibilidad.
“Se establece en el proyecto de ley que los beneficiados pasen por un proceso riguroso de control y selección. Ellos deben generar necesariamente rentabilidad para garantizar la devolución del dinero prestado, esto con el fin de destinar este monto para otros nuevos proyectos (…) No se financia ningún proyecto que no tenga retorno, ni siquiera los de pre factibilidad”, enfatizó.
En este sentido, cuatro niveles estatales fiscalizarán los proyectos productivos. Pasada la primera etapa en la que el Ministerio de Economía apruebe la entrega de los recursos, se derivará el proyecto, para su análisis, al CONAPES (Consejos de Nacional de Política Económica y Social) que realizará la evaluación técnica. Pasada esta fase, se podrá llevar la iniciativa al ministerio correspondiente que la tratará ‘técnicamente’. La cuarta y última instancia donde se presentará la iniciativa es el Gabinete ministerial en pleno, que contará con la presidencia Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera, quienes lo revisarán y, de ser aceptado, se lo aprobará mediante decreto Supremo.
“Quien se beneficie tendrá que responder del manejo adecuado de estos recursos y en el caso de ocurrir irregularidades se aplicarán sanciones como la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz”, aclaró.
Sobre las críticas de una falta de independencia del BCB ante las decisiones del Ejecutivo, el ministro señaló que “la ley 1670 del Banco Central es absolutamente neoliberal porque establece que esta entidad no va a efectuar ningún préstamo al sector público. Por eso estamos redactando una nueva ley del Banco Central donde eliminemos esta imposibilidad de préstamo”.
Sobre los proyectos que tienen prioridad para el Estado, Arce reflejó que hay la intención de establecer empresas de textiles, madereras, manufacturas y otras que contribuyan la soberanía alimentaria.
Debate
Terminada la explicación, los senadores Luís Pedraza (Convergencia Nacional), Andrés Villca (MAS), expresaron sus preocupaciones al titular de la cartera de Economía.
Pedraza manifestó su preocupación sobre el alza de precios internacionales de hidrocarburos y minerales, considerando que “desde el 2000 subieron los precios internacionales y no así de 2005”, tal como lo señala el gobierno nacional.
Al respecto, el ministro Arce aclaró que “no es argumento sólido el cambio de los precios internacionales y de las reservas porque ya en 2005 se realizó la bolivianización que fue muy positiva”. A su vez, agregó que si no se hubiese nacionalizado, el auge de los precios y sus ganancias estarían en manos de “las transnacionales”.
Arce fue más allá e indicó que si los recursos pasarán a ser controlados por las empresas privados, se estaría privatizando los montos estatales y se eliminaría el riguroso control de cuatro pasos planteados por el Gobierno nacional.
El senador Villca pidió a Arce aclarar la participación de las cooperativas mineras dentro del proyecto de ley, a lo que el ministro mencionó que “el Gobierno nacional plantea que el sector público debe manejar y administrar todos los recursos (del FINPRO)”.
La senadora Rhina Aguirre celebró que el Estado clarifique el destino de los recursos internacionales a través de los proyectos que serán aceptados en FINPRO. “El hecho que los más desprotegidos sepan dónde van a parar nuestros recursos, nos debe alegrar. Esta ley es una respuesta a expectativas de sectores que antes no hubieran tenido acceso a crédito”.
La senadora Lucy Arce lamentó que Órgano Ejecutivo sea quien defina quiénes serán los beneficiarios sin que en el proyecto se aclare en qué condiciones se lo hará, de qué manera se retornará el dinero a las RIN. “Aunque el ministro diga que serán responsables en la administración, en ningún lugar del proyecto se aclara esto. Los créditos no van a volver, serán perdidos”.
El senador René Martínez calificó como “demagogia política” las críticas de opositores quienes “no recuerdan que antes, en gobiernos neoliberales, se administraban mal los recursos. Mientras que ahora se pretende mostrar dónde se invertirán parte de nuestras reservas internacionales”.
El senador Mario Choque respaldó que el Gobierno central esté a cargo de las empresas estratégicas del país porque -a su criterio- esto genera mayor cantidad de divisas para los bolivianos.
Fuente: Prensa Senado