Pieb (13-03-12).- Un diagnóstico socioeconómico y productivo sobre los niveles de extrema pobreza y vulnerabilidad en los que se encuentran los municipios del país, además de un amplio proceso de consulta con los diferentes actores de los niveles nacional, departamental y municipal logró fijar en 1.000 bolivianos el monto referencial del Seguro Agrario como compensación monetaria por hectárea de cultivo agrícola afectada por heladas, inundaciones, sequías y/o granizos.
La información fue proporcionada por el director Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguro Agrario (INSA), el ingeniero agrónomo José Alfredo Terán quien explicó que en cumplimiento al Decreto Supremo 592, que establece el Seguro Agrario Universal “Pachamama” en el marco de la aplicación de Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria se lograron algunos avances, en una lógica de responsabilidad compartida.
El Seguro Agrario Universal según la norma, irá destinado a municipios con mayores niveles de Extrema Pobreza (SAMEP). El Ministerio de Planificación clasificó hasta la fecha, 75 de los 339 municipios con los índices más altos de pobreza, basados en indicadores y estudios.
El SAMEP cubre las pérdidas derivadas de daños causados por heladas, inundaciones, sequías y granizos que afecten a la producción agrícola. “Es así que se ha ido aproximando una estimación inicial pero referencial de 1.000 bolivianos como el monto de indemnización”, señala.
Según el especialista en temas agrarios e investigador sobre estrategias del desarrollo, hubo varios intentos por llevar adelante el seguro agrario sin mucho éxito debido a que no se incorporaron a los beneficiarios. “Lo primero es generar un proceso de sostenibilidad al seguro agrario”, dice.
“Ya hay un punto de partida, de articulación de niveles territoriales, que es el primer nivel de sostenibilidad, a eso se deben sumar recursos que se deben gestionar y luego remitir a la instancia legislativa, pero el enfoque fundamental del seguro es que se va a trabajar en los diferentes niveles productivos, pequeños, grandes, con sus propias particularidades, y de manera progresiva llegar a todo el país”, sostiene.
La modalidad pasa por generar vinculaciones entre los niveles nacional, departamental y municipal, con responsabilidad compartida en el pago de la póliza de seguro como en la propia indemnización. De manera preliminar se determinó que el porcentaje mayor será asumido por el Gobierno, aproximadamente en un 50%, el otro 40% será compartido por la Gobernación Departamental y el municipio, y el 10% restante por el propio productor.
Como resultado de los ampliados y reuniones con autoridades y organizaciones productoras se logró que los gobiernos municipales incorporen sus contrapartes en los reformulados de sus Programas Operativos Anuales (POAs), mientras que las Gobernaciones fueron informadas para garantizar recursos para el Seguro Agrario, que será puesto en práctica desde el segundo semestre del año.
Seguro y el cambio climático
El Seguro Agrario Universal considerará también la variable Cambio Climático según el Director del INSA, para lo cual se requiere generar mayor información producto de diagnósticos y estudios al respecto.
“Estamos en la fase piloto donde seguro podrán haber muchísimos aciertos y quizás se cometan algunas deficiencias pero servirán para ajustar y generar mayor información en el proceso”, señala el ex Director Departamental de Planificación Estratégica de Chuquisaca.
Fuente: PIEB