En el anteproyecto de esta Ley se plantea que se regule a los medios declarados como social-comunitario, publico estatal y publico no estatal, privado-comercial, nuevas tecnologías de comunicación e información; además del ejercicio del periodismo, servicios de comunicación audiovisual publicidad y propaganda, derechos libertades, deberes y garantías comunicacionales.
Se reconoce que la comunicación es la herramienta principal para hacer conocer sus demandas, tanto de salud, educación, empleo digno, proyectos productivos, proyectos de vivienda social, entre otras, ante las autoridades y organismos del Estado Plurinacional.
Así mismo, se plantea que se deben observar los contenidos de los medios de comunicación, para que se incluyan aspectos relacionados en la recuperación de las culturas, costumbres, cosmovisiones y lenguajes originarios que existen en nuestro país.
Un siguiente planteamiento se refiere a la necesidad de incluir la equidad de género en la información, a fin de que se garantice un mayor equilibrio informativo con respecto a la expresión de opinión que realizan tanto mujeres, niños y adolescentes, en áreas urbanas y rurales de todo el territorio nacional.
En este sentido, demandan equidad de información y comunicación, es decir que la información llegue a todos los rincones del país y que los pueblos indígenas originarios, campesinos e interculturales y comunidades afro descendientes, tengan acceso a todas las nuevas tecnologías de información.
Por otra parte, se plantea la necesidad de regular los contenidos de la publicidad, evitando que se difundan contenidos publicitarios que generen malos hábitos alimenticios que van en contra de la salud humana, y que se controle la oferta mediática de medicamentos que muchas veces pueden causar daños en nuestro organismo.
En otro aspecto, se demanda que el Estado promueva la igualdad de condiciones de operación técnica de los medios comunitarios con relación a los estatales y privados, generando mecanismos de apoyo económico para que los medios de los pueblos indígenas originarios campesinos puedan sostenerse a lo largo del tiempo.
Finalmente, se manifiesta que esta Ley de Comunicación no debe ser prioridad de las empresas que lucran con la información, ni de los gremios periodísticos, sino que debe aglutinar a todo la sociedad en general y en especial a las organizaciones indígenas originarias y campesinas, a fin de que no se viole este derecho humano, básico y fundamental que tienen todas las personas.
Fuente: APC