“En todo momento, el Estado tiene que estar presente, porque el que consulta es el Estado y el que tiene derecho a ser consultado es el pueblo indígena”, explicó Mendoza.
Adelantó que la consulta previa es una reunión y no un referéndum, ni decisión individual. Agregó que se trata de una "conversación" para llegar a un acuerdo.
La Ley 222 denominada de Consulta Previa incluye tres aspectos en los que están el tema de la intangibilidad del Territoro Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), aspectos sobre la construcción de la carretera y las características de salvaguarda de ese territoro.
La ley establece en su artículo 3º que “la consulta previa, libre e informada se realizará en el ámbito de las comunidades indígena originario campesinas mojeño - trinitarias, chimanes y yuracarés, que habitan en el TIPNIS, respetando sus normas y procedimientos propios”, es decir, a través de asambleas, por ejemplo, como lo anunció el representante yuracaré del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Gumercindo Pradel.
Los ministerios a cargo de este proceso son el de Medio Ambiente y Aguas y el de Obras Públicas. El senador Mendoza explicó que la información será aplicada en todo el proceso y que la consulta previa es un mecanismo de resolución de conflictos.
Por otro lado, la ley en su artículo 10º determina el carácter obligatorio de los acuerdos, lo que no significa que exista un carácter vinculante.
“Lo vinculante es un concepto ligado a la democracia representativa y tiene que ver con el referéndum. El hecho vinculante está en la elección con voto ciudadano”, dice diferenciándolo de la consulta que está referida a tomar decisiones a favor o en contra de la construcción de la carretera, por ejemplo, pero argumentando la decisión y además en acuerdo con el Estado.
Mendoza agregó no puede cerrarse la consulta si es que no hay acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas.
Y respecto a la presencia de comisiones de Gobierno en las comunidades indígenas, previa aprobación del reglamento o protocolo de consulta previa, Mendoza explicó que el trabajo que se hace es el de acopio de información para consolidar la propuesta de protocolo, que será una guía de consulta para después ponerse de acuerdo con las autoridades de los tres pueblos a los que está previsto hacer la consulta.
Fuente: Opinion