PO (30-03-14).- El senador del Movimiento al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización, Adolfo Mendoza, inició la socialización del estudio multidisciplinario sobre los procesos de privatización y capitalización en el periodo 1989-2000.
La etapa se la conoce como la primera ola de privatizaciones. Según los datos generales, el Estado boliviano invirtió aproximadamente 1.000 millones de dólares en la instalación de al menos 60 empresas departamentales. Los gobiernos de entonces, a tiempo de vender estas empresas, recuperaron menos del 10 por ciento del costo de inversión. Además, para costear su proceso de privatización, tuvieron que endeudar más al país prestándose dinero de organismos financieros internacionales.
Mendoza denunció que se formaron redes de poder para usufructuar los bienes del Estado, “para el robo y el saqueo” y endeudar al Estado.
P.- ¿Qué alcance tiene el estudio y qué falta?
R.: La investigación que encara la Comisión Especial Mixta debe abarcar los procesos privatizadores que los gobiernos neoliberales implementaron en nuestro país, entre 1989 y 2000. En ese sentido, debemos indagar respecto de los procedimientos, la normativa aplicada, las personas o grupos de poder que se beneficiaron y las pérdidas ocasionadas al Estado y la sociedad boliviana.
De momento, la investigación está cerrando la primera fase de privatizaciones iniciada durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, que tuvo como puntales a Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga. En esa fase se inició la privatización de las empresas que pertenecían a las Corporaciones de Desarrollo Regional, 60 en total. Sin embargo, no todas esas empresas públicas fueron transferidas a grupos privados, sino tan solo 36 y muchas de éstas recién fueron transferidas en los siguientes gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) y de Banzer (1997-2000). En esa primera fase comandada por Doria Medina y Tuto también se inició el ingreso de capitales transnacionales en la explotación hidrocarburífera y minera, vía contratos de riesgo compartido y entrega de recursos naturales en concesión. Aunque ya en esa fase quisieron privatizar las empresas estratégicas no pudieron porque la Constitución de entonces les prohibía y la propia sociedad civil les dijo no en numerosas acciones de resistencia a la privatización. Recordemos que en esa etapa de nuestra historia el proletariado minero, debilitado físicamente por la política “relocalizadora” del MNR, constituía aún un actor con fuerza y capacidad para producir efectos en las políticas gubernamentales.
Simultáneamente, hemos iniciado la investigación de la llamada “capitalización” de las empresas estratégicas: ENTEL, ENDE, ENFE, YPFB y LAB. De esta última, presentamos avances de investigación en el taller de socialización que efectuamos la semana pasada en la UMSS.
Una vez que concluyamos la investigación, la Comisión Especial Mixta que presido debe emitir un informe de conclusiones al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
P.- ¿En qué situación se encontraban estas empresas?
R.: Estaban desarrollando importantes emprendimientos productivos y de servicios, siendo los más importantes los subsectores de producción de alimentos y construcción. Fueron concebidas para contribuir a la producción interna y la seguridad alimentaria del país.
P.- ¿Qué buscaban cuando llegaron al país?
R.: Creo que no es casual que las grandes economías capitalistas estén ligadas a la industria del armamento, narcotráfico, trata y tráfico de personas, entre otros elementos. Lo mismo sucede con la matriz energética en relación al petróleo. No es casual que en un momento de crisis alimentaria, a nivel mundial, estas grandes economías capitalistas encuentren en los alimentos una fuente de enriquecimiento, incluso de producción de energía.
Estos elementos que ahora vivimos y que tienen además un nombre en términos internacionales, “economía verde”, tuvieron que ver con las primeras jornadas de privatización a nivel mundial. No es casual que la Constitución Política del Estado asuma al agua como un recurso, pero además como un derecho humano y eso se debe fundamentalmente a las jornadas mundiales y en el caso de Bolivia, a la Guerra del Agua que permitió abrir un primer paréntesis y después, una ruptura de la lógica del funcionamiento del capital.
P.- ¿Qué tienen en común estas empresas?
R.: Que son redes de poder que se organizaron no para la privatización de una o dos empresas, sino para ejecutar todo un plan que marcó la historia de 20 años en nuestro país. Estas redes no deberán existir nunca más, ni en este Gobierno ni en ningún otro. No deberíamos permitir que se conformen y transfieran la riqueza estatal hacia manos privadas. Se aprovechan de la inversión pública para generar riqueza individual. Ese es el modelo de privatización, en el fondo no es solo un robo o saqueo sino la transferencia de capital que se concentra en pocas manos. Son redes que acomodan la Constitución Política del Estado anterior y las leyes a su beneficio, pero hay casos donde ni siquiera cumplieron estas leyes. Hay que advertir que estas redes todavía existen y son las que se beneficiaron de todo un modelo de privatización y están intentando generar el fracaso de las condiciones abiertas por las guerreras y guerreros del agua. Intentan revertir la defensa de los recursos naturales para volver a una situación de poder anterior.
P.- ¿Cómo funcionaba esa red de corrupción?
R.: Desde el poder político y con la injerencia de organismos extranjeros que presionaban para desarticular el aparato productivo estatal, se erigieron instituciones, por ejemplo la Comisión de Evaluación de la Empresa Pública que tenía amplias atribuciones para decidir sobre el destino de una empresa, por encima de los poderes regionales. Posteriormente, en la época de la “capitalización” se crearon las superintendencias que en vez de regular y controlar el desempeño y los compromisos de las empresas, dieron su aval a las ilegalidades cometidas; recuérdese el caso del LAB cuando la Superintendencia de Transportes dio su Ok a las supuestas inversiones que la brasileña VASP habría realizado en el LAB por 47 millones de dólares. Se dictaron leyes, decretos, incluso violando la Constitución de entonces que prohibía enajenar el patrimonio público de los sectores económicos estratégicos. Se tejieron redes sociales y políticas con la finalidad de reproducir su capital político y su capital económico. El caso paradigmático es Fancesa que se privatizó en la gestión gubernamental de ADN y MIR (1997-2001), beneficiando a un mirista: Samuel Doria Medina.
P.- ¿Quiénes se enriquecieron con las privatizaciones y se sabe dónde están ahora?
R.: La lista de los que se enriquecieron con la compra de empresas públicas es innumerable. Sin duda que algunos de ellos o están fugados o están participando en política, tratando de reagrupar o rearmar las redes de poder que hicieron posible su enriquecimiento. La lista definitiva daremos a conocer cuando entreguemos el informe al pleno de la Asamblea Legislativa.
P.- ¿Cuáles fueron las cinco empresas privatizadas en Cochabamba y su situación actual?
R.: Los gobiernos neoliberales trataron de privatizar todas las empresas públicas, más de 400 empresas en el país, de éstas, más de 40 en Cochabamba; entre las que figuraban empresas nacionales, departamentales, municipales e incluso las cooperativas de agua potable y alcantarillado, servicio eléctrico y telefónicas. Empero, dada la magnitud de la tarea privatizadora, los neoliberales tomaron la decisión de privatizar primero las empresas que pertenecían a las Corporaciones de Desarrollo, y lo hicieron mediante el Decreto Supremo 22836 (14, junio, 1991) y la Ley de Privatización promulgada el 24 de abril de 1992. En ese plan, de la exCorporación Regional de Cochabamba debían privatizarse 5 empresas: Fábrica Boliviana de Cerámica, Criadero de Truchas Piusilla, Planta de Té Chapare, Planta de Tarhui y la PIL. Por estas 5 empresas, el Estado boliviano percibió tan solo 7 millones y medio de dólares, siendo que el Estado gastó muchísimo más por concepto de estudios de factibilidad, terrenos, gastos de instalación e inversiones para poner en marcha esas empresas. En general, por concepto de privatizaciones de las 36 empresas que pertenecían a las Corporaciones de Desarrollo, se recuperó tan solo el 10 por ciento de lo invertido. Empresas que tenían el precio de un Rolls Royce fueron vendidas a precio de peta vieja.
P.- ¿Qué pasó con Semapa?
R.: Es un ejemplo, no solamente boliviano sino latinoamericano del fracaso del modelo de privatización. Permitió revertir un proceso de saqueo de los recursos naturales, pero sobre todo revertir una lógica mediante la cual el capital internacional empezó a incursionar en otros terrenos que finalmente dieron paso a una nueva estrategia de acumulación a nivel internacional.
La privatización del agua era para afectar fundamentalmente un derecho humano antes que ofrecer el propio acceso al recurso. Era afectar el derecho a la vida.
P.- ¿Cómo se puede definir todo lo que ha sucedido en el proceso de privatización?
R.: Como un asunto de vergüenza nacional. No solo hablamos del saqueo sino de una lesión a la dignidad nacional porque esa lógica de gran inversión estatal que después no se recupera beneficia a quienes se hacen cargo de la empresa, ya como privatizada.
Todo esto nos permite sacar una enseñanza, cuando existe una empresa estatal ligada a los servicios básicos, esta no puede mercantilizarse. Cuando existe en juego el derecho a la vida, no se mercantiliza. Es una lección a futuro. Pero deberá quedar claro en la memoria la razón por la que todos se convirtieron en guerreras y guerreros del agua. Hubo una ruptura, un antes y un después de la recuperación de los recursos y la lucha por el derecho a la vida.
Para mí esto debe conocerse como el fracaso del modelo de privatización, cuando se mete con asuntos sensibles como los derechos humanos.
P.- ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas, políticas y sociales para el país?
R.: Con la privatización, ya sea por la venta directa de empresas o activos, o vía “capitalización”, o contratos de riesgo compartido, o contratos de arrendamiento o concesión de servicios públicos, el país perdió todo el aparato productivo estatal construido desde la Revolución del 52. Perdió también la posibilidad y la condición que el Estado boliviano tenía en el manejo y la distribución del excedente o la riqueza producida por esas empresas que, con dificultades y muchas limitaciones, servía para costear los gastos en educación, salud e infraestructura vial. Con la privatización, el país perdió también sus recursos naturales que, por dos décadas, fueron a engrosar las arcas de empresas extranjeras, principalmente del sector hidrocarburífero y minero.
P.- ¿Cuál es el objetivo de este trabajo de socialización de la investigación?
R.: Queremos que se vea el reverso de las políticas privatizadoras. El ejemplo de Semapa es claro porque fue aquí donde no funcionó una política de privatización.
Hace 14 años fue la Guerra del Agua y mostró el fracaso de la privatización. Todo esto se debió a la movilización popular porque todo lo otro estaba armado.
En la investigación se puede advertir que hubo una inyección de capital a Semapa durante dos años para sacarla del déficit y que haya superávit a partir de un crédito de 7 millones de dólares. La intención no solo era que sea atractiva para la inversión sino que había una lógica que era de endeudar al Estado para generar empresas. En el caso de Semapa se encontraba más o menos en buen funcionamiento a pesar de una larga tradición de déficit para que esos dineros invertidos no beneficien a una empresa estatal, sino inmediatamente a quien se adjudique esta empresa. Esos siete millones no fueron una inversión para Semapa sino un regalo que se quiso hacer para Aguas del Tunari. Esta lógica se ve una y otra vez en los ejemplos de privatización.
P.- Después de esta investigación, ¿qué queda pendiente?
R.: Nuestra intención no solo fue de trabajar de manera sistemática lo que ocurrió con la privatización para fines legislativos y de fiscalización, sino brindarles, con toda humildad, datos que les permitan recuperar la memoria o contenerla en los asuntos que no podemos ni debemos olvidar. Esto es para que seamos ciudadanos muy cautelosos, pero críticos respecto de lo que se hace con el manejo de nuestra economía. Nuestra intención es pedagógica pero también una suerte de juicio a la historia del saqueo de nuestro país. Queremos sentar las bases de una nueva lectura de la historia. Nos metieron el cuento de que la privatización iba a solucionar los problemas del país cuando en el fondo era exactamente todo lo contrario. Nos vendieron la idea de que la privatización era para frenar a las empresas deficitarias y en quiebra y hasta ahora escuchamos esos argumentos. Nos dicen que el Estado no puede administrar las empresas porque tradicionalmente es ineficiente la administración estatal y, en cambio, la administración privada es lo más adecuado porque además hay competencia. Sin embargo detrás de esta eficiencia o no, se esconde el verdadero motivo que es la transferencia de ganancias.
Una empresa estatal es ineficiente cuando los recursos que genera no se reinsertan y se van a manos privadas. Por lo tanto, la fuente no está en la ineficiencia sino en el saqueo y lo mismo puede suceder en una administración privada, véase el LAB una empresa no solo eficiente sino con ganancias y que fue capitalizada. Bajo administración privada quebró y hay señores que no rinden cuentas. Todo esto demuestra el fracaso de un modelo de privatización.
P.- ¿Qué candados han puesto las últimas leyes para que no se repita esta situación?
R.: El principal candado está en la propia Constitución Política del Estado Plurinacional que prohíbe la enajenación de los recursos naturales y del patrimonio que pertenece al pueblo boliviano; ahora venimos trabajando en la modificación normativa que responda a ese mandato constitucional, para que no se repita ese pasaje negro de nuestra historia.
Fuente: Opinion
