"Exijo como Senador de este país, que el Gobierno brasileño haga una seria evaluación para distinguir aquello que puede considerarse como persecución política, de aquello que a debidas cuentas esta como proceso de delitos comunes amparándonos en el Convenio que Bolivia no ratificó, pero Brasil sí, que señala expresamente que no se da asilo cuando median procesos comunes", explicó.
Mendoza dijo que los términos de ese Convenio de 1933 debe ser conocido por la población al asegurar que ese documento señala "que en ningún caso procede a asilo, cuando existe denuncia o hay procesos en torno a delitos comunes", como los que tiene el senador Pinto.
"Entonces hay un conjunto de elementos que es necesario evaluar, porque si no se da una imagen distorsionada incluso de lo que puede pretender Brasil", remarcó.
En ese contexto, dijo que a Pinto ya se le "hace agua la estrategia política que ha utilizado" con la figura de persecución política, con el solo fin de negarse a rendir cuentas a la justicia boliviana.
"Lo que nosotros tenemos que aportar son mayores elementos para distinguir estas dos figuras, no es bueno, ni ético que se pueda confundir una supuesta persecución política con no aceptar la rendición de cuentas", fundamentó.
El senador (Pinto) por el departamento amazónico de Pando, tiene 20 procesos penales en su contra, entre ellos, juicios por el desvío ilegal de fondos de la Zona Franca de Cobija (Zofraco) en favor de la Universidad Amazónica de Pando, en su gestión de Prefecto de ese Departamento (2001), causando un daño económico al Estado de alrededor de 11 millones de bolivianos, caso por el que fue imputado por delitos de conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
Fuente: ABI