El presidente de la Comisión de Seguridad y Fuerzas Armadas de la Cámara de Senadores, Adolfo Mendoza, destacó ayer que con la aprobación de la ley se materializa el derecho constitucional de los pueblos indígenas a ser consultados.
El senador Mendoza explicó ayer que el proyecto de ley tiene “un paraguas necesario para que los protocolos o reglamentos sectoriales se puedan aplicar de manera adecuada” a cada uno de los procesos de consulta.
“No es lo mismo hacer una consulta en el sector hidrocarburos que en minería, en cuencas o en el sector de bosques”, sino tienen “distintas particularidades”. Por eso, la ley en cuestión servirá para la elaboración de protocolos tanto sectoriales como “territoriales”, este último será diseñado una vez que se determine realizar procesos de consulta en pueblos indígena originario campesinos.
La consulta previa es un mecanismo reconocido por la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que establecen que este trámite debe realizarse cada vez que se afecten los recursos naturales o la existencia de los pueblos indígenas.
La construcción de esta norma fue producto de la iniciativa del Gobierno, pero aún está en proceso de socialización y debate entre las organizaciones indígenas y campesinas.
La necesidad de aprobar la ley de consulta previa se visibilizó cuando los indígenas de tierras protagonizaron una marcha desde Trinidad a La Paz en rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS.
El Gobierno del presidente Evo Morales firmó contrato para la construcción de esa carretera con la empresa brasileña OAS, que tenía el financiamiento del banco BNDES de Brasil, sin embargo, no había realizado una consulta previa para obtener el consentimiento de los indígenas que viven en el parque.
Para subsanar este error, el Órgano Ejecutivo resolvió aprobar una ley de consulta “previa” que debió finalizar el 10 de junio, pero el proceso fue postergado por dos meses y ahora el Gobierno también anuló el contrato de construcción con OAS y el contrato financiero con BNDES.
El senador Adolfo Mendoza informó que la próxima semana, en Cochabamba, se pretende concretar una cuarta reunión de organizaciones sociales para ultimar detalles del proyecto de ley marco de consulta previa.
El documento en cuestión será debatido en la Asamblea Legislativa Plurinacional en el segundo semestre de este año.
Fuente: Pagina Siete