La historia no absuelve a quienes saquearon Bolivia

Sobre juicio a los privatizadores:

“Es un juicio a los que humillaron y vendieron el patrimonio del país”

Por: ELIZABETH RIVA ÁLVAREZ elpais@opinion.com.bo | 13/11/2016 | Ed. Imp.

ADOLFO MENDOZA, EXSENADOR DEL MAS.
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN.
Foto: MARTÍN NUMBELA

El impulsor de las investigaciones niega que se trate de un “juicio político”, el que se abrió contra Doria Medina.

El ministro de Planeamiento y Coordinación, en 1992, Samuel Doria Medina, está en el banquillo de los acusados en un proceso que le sigue el Estado boliviano, por varios delitos económicos, que él niega, en el caso FOCAS, (Formación de Capital en Áreas Secundarias).

El origen de este juicio está en las funciones de decisión sobre la economía boliviana que tuvo Doria Medina y en su presunto aprovechamiento ilícito para hacerse de una fortuna.

Adolfo Mendoza, exsenador del MAS, fue presidente de la Comisión de Investigación sobre la Privatización, entre 2013-2014. El resultado de este trabajo es, precisamente, la base del juicio que algunos opositores llaman “político”. Mendoza explica, en esta entrevista, en qué consistió ese trabajo y cómo los resultados implican a Doria Medina.



PREGUNTA: ¿Cómo se decide realizar la investigación sobre las privatizaciones en el país?

RESPUESTA: La decisión debió tomarse en anteriores gobiernos o, incluso, en los primeros años del gobierno de nuestro presidente Evo Morales. Y no se lo hizo, pese a ser una demanda del pueblo boliviano frente a gobiernos que permitieron el saqueo de nuestro patrimonio y la venta de empresas que, en su mayoría, eran productivas y no estaban en quiebra.

Nosotros asumimos ese difícil reto, incluso a costa de nuestra seguridad y de la guerra sucia desatada, para cerrar una fase oscura de la historia boliviana. Y para ello nos propusimos hacer una investigación académica, científica, sobre las consecuencias nefastas que tuvo la privatización para Bolivia. Esta decisión fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

P.: ¿Cuánto tiempo duró y cómo fue el proceso?

R.: La investigación científica duró un año y medio. Se dividió en dos partes: Estudio de la privatización de empresas del Estado y estudio de la mal llamada “capitalización” que, en realidad, fue otra manera de privatizar empresas estratégicas para el país.

De allí surgieron las siguientes conclusiones generales:

I. Se privatizaron, por debajo de su valor, empresas que eran productivas y generaban ganancias para Bolivia (ej. LAB, ENFE, PIL, Cementeras El Puente y Fancesa, Hilandera Santa Cruz, Fábrica de Aceites de Villamontes … la lista es larga);

II. Se perdió soberanía (ej. YPFB, LAB, ENFE, ENDE);

III. Se trasladó recursos naturales no renovables a manos privadas y transnacionales sin ningún beneficio para el país (ej. Minería, Hidrocarburos, Agua: Es el caso de Cochabamba con la privatización a favor de “Aguas del Tunari”, de la cual era socio Samuel Doria Medina);

IV. Se invirtió capital en las empresas, justo antes de su privatización;

V. El Estado asumió las deudas de las empresas y las dejó “limpias” a los que las compraron;

VI. Se usó al Estado como fuente de enriquecimiento privado.

En suma, se saqueó a Bolivia.

P.: ¿Cómo se llega a las conclusiones que implican a Samuel Doria Medina?

R.: Mediante métodos científicos de investigación. En todo caso, ese señor y muchos otros estuvieron presentes en todo el proceso de privatización desde 1989, unas veces como funcionarios públicos y otras como beneficiarios de la privatización. Esa es una verdad pública incontrastable.

P.: ¿Qué elementos se tomaron en cuenta en la investigación?

R.: 1. Valor de las empresas estatales; 2. Montos recibidos por su venta; 3. Pérdida de patrimonio; 4. Pérdida de utilidades; 5. Impacto negativo para la economía del país; 6. Endeudamiento externo para privatizar empresas estatales; 7. Redes de poder armadas para la privatización; 8. Violaciones a la Constitución y las leyes; 9. Vulneración de los propios procedimientos establecidos para la privatización; entre otros aspectos.

P.: ¿Qué grado de responsabilidad tiene Doria Medina?

R.: 1. En el caso de la privatización tiene una responsabilidad absoluta. No nos olvidemos que ese señor se oponía incluso a la “capitalización” porque era partidario de privatizar radicalmente todo lo estatal. Eso declaró ante acreedores y al Club de París.

En el caso de FOCAS: 1. Conducta antieconómica; 2. Contratos lesivos al Estado; 3. Incumplimiento de deberes. Fue parte de la privatización del sistema financiero boliviano, luego, cerrar la banca de fomento (Banco del Estado, Agrícola, etc.).

P.: ¿Cuál es el punto central en el caso FOCAS?

R.: El 8 de octubre de 1992, el ministro de Planeamiento y Coordinación, Samuel Doria Medina, y su director en la Unidad de Coordinación del Proyecto Formación de Capitales en Áreas Secundarias (UCP-FOCAS), Arturo Beltrán Caballero, otorgaron en préstamo de más de 21 millones de dólares a una Fundación denominada Funda-Pro, dineros provenientes de la cartera del Proyecto FOCAS y otros recursos que las Unidades Crediticias Financieras, dependientes de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, ejecutaban mediante créditos otorgados a productores de las poblaciones rurales y periurbanas del país. Este hecho configura los delitos de Contratos lesivos al Estado y Conducta Antieconómica; en el caso del ministro Doria Medina configura además el de Incumplimiento de Deberes.

P.: ¿A quién pertenecía esos recursos financieros que pasaron a manos privadas?

R.: Esos recursos eran de propiedad del Estado boliviano, de dineros provenientes de un Préstamo y Donación del Crédito Proyecto “FOCAS” (AID 511-T-071/511-0573) suscrito el 23 de julio de 1986 con los Estados Unidos que fue condonado el 23 de agosto de 1991, en el marco del Convenio de Condonación de Deuda Externa bilateral, en el que se condonaron $us 12.003.415, monto que fue desembolsado al 30 de junio de 1991 (de los $us 15.000.000 inicialmente comprometidos).

P.: ¿Por qué ese contrato de préstamo es lesivo para el Estado?

R.: El contrato de préstamo es lesivo al Estado porque transfirió recursos económicos estatales a la Fundación privada, sin normativa legal de respaldo; fue realizado en base a decisiones arbitrarias asumidas por el ministro de Planeamiento y Coordinación, Samuel Doria Medina y USAID, porque el Contrato de Préstamo Proyecto “FOCAS” en el cual decían enmarcarse jamás fue aprobado como Ley de la República y, por lo tanto, esas decisiones aprobadas no eran de aplicación en el Estado boliviano. Es más, la propia Ley Financial de 1992, en su art. 12 señala que se prohíbe a las entidades del sector público otorgar subsidios, subvenciones, aportes o donaciones en dinero o especie.

P.: ¿Cuáles son los argumentos para señalar que hay conducta antieconómica?

R.: El accionar del exministro de Planeamiento y Coordinación, Samuel Doria Medina, se encuadra en conducta antieconómica porque: 1. La firma de la Carta de Implementación N° 87 del Contrato Proyecto “FOCAS” aprobaba la enajenación de recursos estatales en favor de una entidad privada, la cual –con esos recursos estatales- crearía un Banco privado con fines de lucro (sociedad anónima) de su propiedad; 2. La firma de las Enmiendas N°10 y N°11, más de un año después de la condonación de la deuda, le daba el derecho de elegir a los socios de la Fundación privada sin fines de lucro, a la cual se le entregaría los dineros estatales (más de $us 21 millones de dólares), a darles ese préstamo con un crédito blando con un interés del 1 por ciento , menor al que Bolivia había comprometido pagar al acreedor, y que con esos dineros puedan crear un Banco: entidad financiera con fines de lucro.

P.: ¿Cuántas personas en total estarían implicadas?

R.: En la proposición acusatoria se menciona a siete personas, directamente.

P.: Se habla de apartar a Gonzalo Sánchez de Lozada del proceso por la capitalización ¿Qué opina?

R.: Sería un grave error apartar a uno de los principales saqueadores de la patria.

P.: La oposición dice que se trata de un juicio político, el que se sigue a Doria Medina. ¿Qué dice al respecto?

R.: En realidad es un juicio que hace la historia, que les hace el país a los que humillaron y vendieron por migajas el patrimonio boliviano. Es un juicio ante la historia sobre bases científicas de investigación y pruebas totalmente contundentes. Es una página oscura de la historia que no puede repetirse.

P.: También se cree que el caso FOCAS ya ha prescrito y que no se aplica la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz ¿Es así?

R.: No, no prescribió porque los delitos persisten.

Quienes hablan de prescripción, como Carlos Mesa, no conocen el proceso o no tienen memoria; mienten y son personas que en su momento fueron cómplices del saqueo de Bolivia.

P.: ¿Cuál es la sentencia o sanción que busca o ha propuesto la Comisión en este caso?

R.: Eso lo establecerá la justicia. Sin embargo, lo fundamental es la sanción moral e histórica.

P.: ¿Este será el único proceso o habrá otros?

R.: La Asamblea Legislativa Plurinacional debería iniciar otras proposiciones acusatorias sobre el proceso de privatización en Bolivia. La investigación científica y objetiva que hicimos les brinda todos los elementos necesarios.

Comisión

Adolfo Mendoza Leigue fue senador por el MAS, en la primera Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, y presidente de la Comisión de Investigación sobre la Privatización.