martes, 25 de octubre de 2016

Es la historia la que acusa a quienes saquearon Bolivia

Fiscalía pide la detención preventiva de Samuel Doria Medina

El Tribunal Supremo de Justicia fijó la fecha para las audiencias de medidas cautelares de los implicados en los casos Focas y Ende, entre los que se encuentra el empresario y jefe de la oposición. El líder de Unidad Nacional (UN) calificó el proceso de político.
El empresario Samuel Doria Medina fue imputado en el caso Focas.
El empresario Samuel Doria Medina fue imputado en el caso Focas.
La Razón Digital / Angel Guarachi / La Paz
18:38 / 24 de octubre de 2016
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fijó para el 3 de noviembre la audiencia de medidas cautelares del empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y otros nueve exautoridades por el caso de desvío de recursos del proyecto Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), y para el 9 del mismo mes por el caso de la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).
La Fiscalía solicitó la detención preventiva del empresario, quien hace poco más de una semana invirtió 39 millones de dólares en la compra del 80% de las acciones del hotel Los Tajibos.
La información la dio a conocer la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Maritza Suntura, quien informó que se fijó la audiencia para las 15.30 del 3 de noviembre en el caso Focas y para las 15.30 del 9 de noviembre por el caso ENFE, según un boletín institucional.
Ambas audiencias, en las que se definirá si los acusados se defenderán en libertad o desde la cárcel, serán en el Salón de Debates del Órgano Judicial con sede en Sucre. La Fiscalía solicitó la detención de Doria Medina y de otros implicados.
"En este caso el Ministerio Público solicitó detención preventiva para Samuel Jorge Doria Medina, situación jurídica que se analizará en la audiencia pública del día jueves 3 de noviembre”, explicó Suntura.
El líder de Unidad Nacional (UN) calificó de político el proceso. "Informamos a nivel nacional e internacional persecución política judicial por el régimen; para eternizarse en el poder sin nadie al frente", escribió en su cuenta de Twitter.
El 13 de octubre, la Fiscalía General presentó la imputación formal en contra de 10 exautoridades –entre ellas–  Doria Medina por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por el caso Focas.
Además están imputados: Fernando Illanes de la Riva, German Reynaldo Peters Arzabe, Arturo José Beltrán Caballero, Raúl España Smith, Juan Demeure Vander, Antonio Cespedes Toro, Domingo Enrique Ipiña Melgar, Jesús Hernán Antelo Laughlin y German Quiroga Gómez.
En el caso ENFE, por la denominada capitalización de la empresa estatal en 1995, fueron acusados: Germán Reynaldo Peters Arzabe, Jaime Eduardo Villalobos Sanjinés, Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovic Ortiz, Moisés Jarmusz Levy, Irving Remberto Alcaráz del Castillo, Cristóbal Alfonzo Revollo Thenier, Edgar Ramiro Saravia Durnik, Santiago Atsuro Nishizawa Takano, Jorge Fernando Harriague Urriolagoitia, José Isaac Ardaya Calderón, Adolfo Arturo Dávalos Yoshida, Ramiro Salinas Romero, Julio Cesar Oropeza Bleichner y Franklin Mejía Ríos, por la presunta comisión de los delitos como contratos lesivos al Estado.
Las exautoridades, según la denuncia, avalaron la capitalización con la firma del Decreto Supremo 24186 que adjudicó la empresa estatal a la firma chilena Cruz Blanca por un precio menor al 50% al referencial.
“Asimismo, en relación a los imputados Cristóbal Alfonso Revollo Thenier y Édgar Ramiro Saravia, declarados rebeldes, se dispuso su notificación con la resolución de Imputación Formal, mediante edictos publicados en los medios de comunicación, conforme establece la norma procesal”, añadió la magistrada.
Fuente: La Razón, 24/10/2016
 http://la-razon.com/nacional/TSJ-Samuel-Doria-Medina-Focas_0_2588141226.html

jueves, 13 de octubre de 2016

Juicio a los privatizadores en Bolivia

El saqueo que Bolivia no perdona:

Fiscalía imputa formalmente a Doria Medina y a otras 24 exautoridades de Gobierno por varios delitos

La Fiscalía presentó este jueves una imputación formal por los casos de la Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas) y la capitalización de la Empresa Nacional Ferrocarriles (ENFE)
El opositor Samuel Doria Medina
El opositor Samuel Doria Medina
La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz
20:12 / 13 de octubre de 2016
La Fiscalía General del Estado presentó este jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia la imputación formal en contra de 10 exautoridades por desvíos de recursos del proyecto Focas, entre ellas contra el empresario Samuel Doria Medina. Además, imputó a otras 15 exautoridades por la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe).
“En el caso Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), fue imputado el ciudadano Samuel Doria Medina, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica”, reseña una nota institucional.
Según datos de la Fiscalía, se trata del contrato de préstamo del 8 de octubre de 1992 y la adenda de 21 de junio de 1993 -autorizadas por el Ministerio de Planeamiento y Coordinación- para la creación de microempresas y que habrían sido desviados a usos privados. Además se adjunta la resolución del Consejo Nacional de Economía y Planeamiento Nº 138/93 de 7 de julio de 1993.
A Doria Medina -jefe de la opositora Unidad Nacional (UN)- se suman, Arturo Beltrán por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica; Germán Quiroga Gómez, Antonio Céspedes Toro, Enrique Ipiña Melgar, Jesús Herman Antelo Laughlin, Fernando Illanes de la Riva y Reynaldo Peters Arzabe por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, por la firma del Decreto Supremo 23632 que homologó el préstamo y la adenda.
La Fiscalía, en el boletín institucional, precisó que también está imputado Raúl España y Juan Demeure Vander por la presunta comisión del delito de contratos lesivos al Estado. Se emitió resolución de rechazo para Flavio Escóbar por Conducta Antieconómica.
Mientras que en el caso Enfe, referido a la capitalización de la estatal en 1995, se presentó imputación formal en contra de Reynaldo Peters Arzabe, Alfonso Revollo Thenier y Jaime Villalobos Sanjinez por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antiecónomica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Las exautoridades avalaron la transacción con la firma del Decreto Supremo 24186 que adjudicó la empresa estatal a firma chilena Cruz Blanca por un precio menor al 50% del precio referencial.
Por este caso, también están imputados Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmusz Levy, Irving Remberto Alcaraz del Castillo por los tipos penales de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y conducta antieconómica, por ese mismo decreto.
Revollo, quien fue responsable de la capitalización, también está imputado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes por recomendar a la Comisión de calificación de la licitación la firma del contrato.
Édgar Saravia Durnik, Santiago Atsuro Nishizawa Takano y Jorge Harriague Urriolagoitia se suman a los imputados por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y conducta antieconómica, como miembros de la comisión de Calificación y por el informe de recomendación para adjudicar a Cruz Blanca.
José Isaac Ardaya Calderón, Arturo Dávalos Yoshida y Ramiro Salinas Romero están imputados por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, contratos lesivos al estado y conducta antieconómica, como miembros del Directorio de la Empresa Ferroviaria Andina Sociedad de Economía Mixta (FCA SAM), y su participación en la reducción de capital sociedad en más de 50%.
Julio César Oropeza Bleichner, como representante del Sector Público y su participación en la reducción de capital de la FCA SAM en más de 50%, por los tipos penales de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
El Ministerio Público además imputó a Franklin Mejía Ríos, por conducta antieconómica; Santiago Atsuro Nishizawa y José Isaac Ardaya Calderón por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y conducta antieconómica; además de Jaime Villalobos Sanjinés por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, junto a Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha de la Parra, Reynaldo Peters Arzabe, Alfonso Revollo Thenier, Jaime Villalobos Sanjinez y Juan Fernando Candia Castillo, Antonio Araníbar Quiroga, Jorge Otasevic Toledo, René Oswald Blattmann Bauer, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmusz Levy, Irving Remberto Alcaraz del Castillo, José Luis Landívar Bowles y Rolando Suárez Montoya, fueron apartados en el caso de un decreto, pero se mantienen en el proceso seguido en este caso.
La denuncia emergió de la Asamblea Legislativa Plurinacional que designó una comisión especial mixta para la indagación del proceso de privatización y capitalización de las empresas públicas entre 1989 y 2000.

Fuente: La Razón, La Paz, 13 de octubre de 2016

lunes, 3 de octubre de 2016

Acuerdo de Paz y plebiscito en Colombia


Los resultados del plebiscito en Colombia expresan uno de los límites de la democracia liberal. Pese a ellos, y por ello mismo, los Acuerdos de Paz permanecen. Es necesario vislumbrar una salida institucional: Asamblea Constituyente.