Ex asambleístas declaran en caso privatizaciones

CS (28-01-15).- Cinco ex parlamentarios del oficialismo se presentaron ayer en la Fiscalía General para declarar dentro de la proposición acusatoria por la supuesta comisión de delitos en el proceso de privatización y capitalización que involucra a ex dignatarios de Estado como Gonzalo Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina y otros.

Los ex asambleístas formaron parte de la comisión mixta que investigó los procesos de privatización y capitalización de ENFE Andina y la denominada Formación de Capital de Áreas Secundarias (FOCAS) y ayer se ratificaron en el contenido de las proposiciones acusatorias presentadas en diciembre de 2014. La próxima semana el turno será de los denunciados.

El ex senador del MAS Adolfo Mendoza explicó que en el caso de ENFE Andina, además de subvaluar el costo de la inversión del Estado para venderla, no tomaron en cuenta los intangibles, como el derecho de tránsito exclusivo en el país, la cantidad y equipamiento en estaciones de ferrocarriles y vendieron la empresa por menos del 50% de su valor en libros.

“Le bajaron al mínimo el precio, luego la venden por menos del 50%; el valor en libros estaba establecido en $us 50 millones y se la vendieron en 13 millones, contrario a la propia ley de privatización y capitalización y las reglas establecidas para la transferencia de empresas”, señaló Mendoza.

Su colega Tania Melgar, ex senadora por el Beni, dijo que se ratifica en el contenido de las proposiciones acusatorias sobre dos casos que abren la posibilidad de ingresar en varias de las “páginas oscuras” del proceso de privatizaciones y capitalizaciones entre los años 1989 hasta 2000.

Por su parte, el ex presidente de Diputados Marcelo Elío sostuvo que su declaración enfatizó en el supuesto tráfico de influencias entre los políticos de ese tiempo. Aseguró que Samuel Doria Medina favoreció a Gonzalo Sánchez de Lozada con yacimientos mineros en COMSUR y la mina Bolívar en Oruro, y cuando éste salió del Gobierno, benefició al primero con las cementeras de El Puente de Tarija y FANCESA en Chuquisaca.

En esa misma línea, el diputado Javier Zabaleta dijo que su declaración pretende respaldar al Ministerio Público con la mayor información para la investigación sobre este tema.

Plazo

De acuerdo a procedimiento, la Fiscalía General tiene diez días para emitir un pronunciamiento de imputación o rechazo de investigación en el caso de dos proposiciones acusatorias.

Fuente: Correo del Sur

Adolfo Mendoza: proceso por capitalización y privatización podrá extenderse a otras ex autoridades

Abi (18-01-15).- El ex senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Adolfo Mendoza, anunció el domingo que la Fiscalía podrá ampliar el proceso por capitalización y privatización a otras ex autoridades, si lo considera necesario.

"Si es que la Fiscalía ve por conveniente ampliar la investigación e incluir a otras personas ya es parte de su atribución, pero queda claro que no es que se excluyó a alguien, sino que el trabajo de la Comisión fue tan responsable que no se puede levantar nombres de personas sobre las cuales no pesa documentación legalizada", dijo.

Mendoza aclaró que la proposición acusatoria que presentó, el martes pasado, la Comisión Investigadora de la Privatización y la Capitalización tiene todas las pruebas certificadas de que las 13 ex autoridades acusadas fueron responsables de vender las empresas estratégicas del Estado "a precio de gallina muerta".

"La decisión de la Asamblea ha sido verdaderamente responsable, no se puede levantar el nombre de otras personas, mientras no exista documentación probatoria, entonces no se está actuando aquí con supuestos y en esa documentación aparecen los nombres de las proposiciones acusatorias", sostuvo.

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el martes dos proposiciones acusatorias contra 13 ex autoridades de Gobierno, la primera contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes, Reinado Peter, Samuel Doria Medina, Arturo Beltrán Caballero y Flavio Escobar.

La segunda proposición acusatoria contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha, Reinaldo Peters, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos, Fernando Candia, José Luis Landívar y Rolando Suárez Montoya.

Las dos proposiciones acusatorias, que presentó la Comisión investigadora de la privatización, se refieren estrictamente a dos casos, la privatización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) y el proyecto de Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS).

Fuente: Abi

Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba dos proposiciones acusatorias por delitos en la privatización

PV (13-01-15).- La Asamblea Legislativa Plurinacional, por más de dos tercios de votos, aprobó, esta tarde, las proposiciones acusatorias de los casos Funda-Pro y Enfe-Andina, como producto de la investigación realizada por la comisión especial mixta encargada de revisar el proceso de privatización en Bolivia.

La comisión realizó un relevamiento de la información, análisis del daño económico y preparó dos proposiciones acusatorias, la primera, en el caso de Enfe-Red Andina por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes; los imputados son: Gonzalo Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante, Carlos Sánchez Berzain, Gonzalo Afcha de la Parra, Reynaldo Peters Arzabe, Alfonso Revollo Thenier, Jaime Villalobos Sanjinés, Fernando Candia Castillo, José Luis Landívar Bowles y Rolando Suárez Montoya.

La segunda proposición acusatoria se refiere al caso Funda-Pro, por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes; los imputados son: Gonzalo Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante, Carlos Sánchez Berzain, Fernando Illanes de la Riva, Reynaldo Peters Arzabe, Samuel Doria Medina Auza, Arturo Beltrán Caballero y Flavio Escóbar Llanos.

Las proposiciones fueron remitidas a la Fiscalía General del Estado, la cual tiene 30 días para rechazar, complementar o aceptar las mismas. En caso de ser complementadas y/o aceptadas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, por más de dos tercios de votos, autorizará el juicio de responsabilidades que deberá desarrollarse hasta obtenerse una sentencia en la justicia ordinaria.

El informe emitido por la comisión mixta, que se leyó inextenso, indica que se realizaron 16 investigaciones de caso, y por ello se determinó que el proceso de privatización se inició en 1985 y concluyó en 2002.

Los integrantes de la comisión especial mixta, por el MAS, fueron Adolfo Mendoza, Tania Melgar, Marcelo Elío, Javier Zabaleta, Héctor Arce y Emiliana Aiza; la oposición no designó a nadie para integrar la misma.

El presidente nato de la ALP, Álvaro García Linera, afirmó que este trabajo de investigación se ampliará en la próxima legislatura con la conformación de una comisión especial mixta para revisar los casos del LAB, Entel, Ende, entre otros.

“Cuando hablamos de la Patria, hablamos de cosas comunes, es un conjunto de bienes comunes y recursos comunes”, entre los que se encuentran las empresas públicas y los recursos naturales, explicó la autoridad.

“Pero cuando un gobierno toca las empresas públicas o los recursos naturales y los usa para entregarlos a manos extranjeras o privadas es un ataque a la patria, no es un tema de ideología, está afectando lo que es de todos, lo que es patrimonio de todos, y protegerlos es nuestra obligación”, señaló. La autoridad dijo que por eso se llama “vende patrias” a quienes se dedicaron a privatizar los recursos públicos.

“Hay cosas que no deben hacer nunca, no renunciar a su sentido de pertenencia a un país, a una nación y quienes renuncian a ese precepto de hermandad, de identidad común, son antipatrias, son traidores a la patria”, enfatizó.

Asimismo, recordó a los asambleístas que no se trataba de un debate político ni ideológico, sino de hacer justicia por daño económico al Estado, que es un delito que no prescribe, así lo señala la Constitución Política del Estado.

Fuente: Prensa Vicepresidencia

La Asamblea Legislativa cierra labor mañana con informe sobre proceso de privatización y capitalización

LR (12-01-15).- El vicepresidente Álvaro García convocó para las 09.00 de mañana (martes) a la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para conocer el informe en conclusiones de la comisión mixta sobre el proceso de privatización y capitalización de las empresas públicas, entre 1989 y 2000. García anticipó que ese trabajo terminará con una acusación formal contra los responsables.

La comisión especial fue conformada en julio de 2013 para investigar el proceso de privatización en Bolivia en el período: 1990–1993, 1993–1997 y 1997–2001, que incluye los gobiernos de Jaime Paz, Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Bánzer, quien dimitió un año antes de concluir su mandato viabilizando la sucesión constitucional de Jorge Quiroga.

“Informe de conclusiones de la Comisión especial mixta de investigación sobre el proceso de privatización y capitalización de las empresas públicas entre 1989 y 2000”, refiere la agenda de la convocatoria legislativa publicada hoy en medios de comunicación impresos.

García explicó el 7 de enero que el informe concluirá con una acusación formal en la Fiscalía contra los presuntos responsables por daños económicos al Estado porque –advirtió- los delitos de corrupción no prescriben. Añadió que los vinculados con ese proceso no quedarán en la impunidad.

“Ningún privatizador aunque hayan pasado 20 año se salva, quien ha hecho daño al Estado -lo haya hecho hace cinco años, hace diez, hace 20 años- no se salva, la mano de la justicia habrá de llegar hasta donde estén ellos”, advirtió en esa oportunidad.

Tras la presentación el informe, será clausurado el período 2010-2015 y se da paso al trabajo de las sesiones preparatorias en vista a la instalación del período 2015-2020.

Fuente: La Razon