Mendoza: gobiernos neoliberales se prestaron $us 450 millones para privatizar empresas estratégicas

Abi (30-12-14).- El ex senador del Movimiento al Socialismo (MAS) y director de la Comisión Investigadora de la Privatización, Adolfo Mendoza, informó el martes que los gobiernos neoliberales se prestaron más de 450 millones de dólares para financiar la privatización de las empresas estratégicas.

"Poco más de 450 millones de dólares fueron los recursos que el país se prestó de afuera solamente para financiar la privatización, entonces una cosa es el financiamiento de la privatización, con lo cual ya teníamos una deuda de poco más de 450 millones de dólares y otra muy distinta es cuánto el país perdió por no percibir las utilidades que se generaban en esas empresas", puntualizó.

Mendoza detalló que los 450 millones de dólares fueron destinados a estudios para la privatización, pago de consultores para poner precio a las empresas que se estaban privatizando y pago de honorarios al personal que se dedicaba a esa tarea.

En esa línea, Mendoza aseguró que ese dinero "se fue al aire", porque la privatización no generó los ingresos que en teoría prometieron "los privatizadores", al contrario, sirvieron para solventar el gasto corriente.

Mendoza agregó que los recursos de la privatización fueron a parar a manos de los propios acreedores, "vía pago de deuda externa contraída por los distintos gobiernos privatizadores".

A su juicio, con la privatización de las empresas, Bolivia perdió fuentes de empleo, utilidades de sus empresas estratégicas y empresas de las ex corporaciones, además de soberanía, dignidad, y "ganó una deuda".

Fuente: ABI

Comisión: Fortuna de Doria Medina creció con los dólares preferenciales

PC (29-12-14).- Samuel Doria Medina y su familia obtuvo su fortuna a partir de la venta de los dólares preferenciales que circularon durante el gobierno de Hernán Siles Suazo y la Unidad Democrática y Popular (UDP) y cuya venta estuvo a cargo de Jaime Navarro Tardío, actual compadre y amigo del exempresario del cemento, señala el informe de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la Investigación de la Privatización y la Capitalización (1989-2000).

Según las cifras reveladas por la comisión investigadora, la fortuna de la familia Doria Medina creció 23 veces en solamente un año (1984-1985) y con ello se hicieron con el paquete accionario de la Sociedad Boliviana del Cemento (Soboce).

En 1984, siete miembros de la Familia Doria Medina tenían 279.012 acciones en Soboce y para 1985, la cifra se incrementa a 6.566.359 acciones, según el periodista investigador, Edgar Ramos este incremento se debe a que Samuel Doria Medina Arana (padre) aprovechó la puesta en vigencia de los dólares empresariales.

“Samuel Doria Medina padre comenzó a acumular dólares preferenciales a partir de la desdolarización y eso –dicen las primeras investigaciones le sirvió para comenzar a comprar las acciones de los otros accionistas y convertirse en accionista mayoritario y al ser accionistas mayoritario en presidente del directorio de Soboce”, dijo Ramos.

El 3 de noviembre de 1982, se emitió el decreto supremo 19249, mediante el cual el gobierno de Siles intentó controlar la crisis financieras, fue conocido como el decreto de desdolarización, pero que tuvo como efecto negativo la creación del “mercado negro de dólares”, que consistía en la venta de la moneda extranjera de manera clandestina, “muchos empresarios lo hicieron al vender los dólares adquiridos a mitad de precio del Banco Central”, precisó Ramos.

Entre los miembros de la familia Doria Medina que se favorecieron con la compra de acciones de Soboce se encuentran Samuel Doria Medina Arana (padre) que incrementó su participación accionaria en 23 veces, Samuel Doria Medina Auza (hijo), Yolanda Doria Medina Auza, Susana Doria Medina Auza y Lourdes Doria Medina de Urriolagoitia lo hicieron en 20 veces, Teresa Doria Medina de Quisbert y Silvia Doria Medina de Rengel lo hicieron en 21 veces, todo en menos de un año.

En el momento de la emisión del decreto supremo de desdolarización estaba como ministro de Economía, Ernesto Aranibar Quiroga, hermano de Antonio Aranibar, excanciller durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) que llevó adelante la capitalización de las empresas estratégicas del Estado.

A partir de la participación mayoritaria de la familia Doria Medina en Soboce, ésta comenzó a expandirse y convertirse en un monopolio en la producción y comercialización del cemento, sobre todo teniendo a su presidente, Samuel Doria Medina como ministro del gobierno de Jaime Paz.

El asesor de la comisión legislativa, Adolfo Mendoza señaló que la adquisición de Fancesa y Facep por parte de Soboce se realizó “gracias a las políticas privatizadoras de los gobierno neoliberales” y en especial del ministro de Planeamiento de Jaime Paz, que “se reservó” las cementeras para sí, una vez que dejó el gobierno en 1993 y ya tenía las normas legales aprobadas a su favor y en desmedro del Estado.

Fuente: Cambio

Privatización: Comisión identifica a 20 personas en red de poder de Doria Medina

PC (21-12-14).- La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para Investigar la Privatización y la Capitalización (1989-2000) identificó a por lo menos 20 personas que fueron parte de la denominada red de poder de Samuel Doria Medina y que participaron en los procesos de entrega de las fábricas de cemento El Puente de Tarija y Fancesa de Chuquisaca.

“Dos empresas de las excorporaciones no fueron privatizadas cuando él (Doria Medina) era ministro, El Puente y Fancesa. Esas dos nada más se postergaron para el otro período gubernamental, del 93 al 97 y extrañamente, en ese periodo ya el 97, por ejemplo, la fábrica de cemento El Puente se privatiza, ¿Quién se beneficia? Samuel Doria Medina, ¿cuál el interés en estas dos cementeras?, si es que alguien en ese momento controlaba Fancesa, El Puente y además tenía bajo su dominio Viacha y Warnes, controlaba a partir del monopolio la comercialización y producción del cemento”, relató el expresidente de la Comisión, el exsenador Adolfo Mendoza.

Según la investigación de la Comisión, durante el proceso de privatización de la Fábrica de Cemento El Puente (Facep), ejecutada el 30 de enero de 1997, las autoridades que impulsaron el proceso privatizador entre 1991 y 1993 se hicieron de la empresa, una gestión de gobierno después. Samuel Doria Medina fue el ministro de Planeamiento y Coordinación, Flavio Escóbar secretario de dicho Ministerio, Hernán Paredes tenía un contrato de consultor y Geovanni Pacheco era coordinador del Ministerio.

Tres años después, una vez que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada ejecutó la privatización, Doria Medina es el adjudicatario de la fábrica, Escóbar se convierte en el representante legal, Paredes es el negociador de la empresa y Pacheco ocupa el cargo de gerente general de Facep, devela el informe de la Comisión Legislativa.

En la indagación también se identifica como parte de la red de poder en el proceso privatizador a Mario Cossío Cejas, quien fue el valuador de la empresa y luego como prefecto de Tarija entregó Facep a Doria Medina.

Están en la lista Jorge Quiroga, ministro de Finanzas; Mario Requena Pinto, subsecretario de Desarrollo Socioeconómico, Juan Carlos Requena Pinto, representante legal de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce); Federico Ruck Uriburi, asesor legal del Ministerio de Planeamiento y a la vez accionista de Soboce; Fernando Romero, accionista de Soboce y ministro de Desarrollo Humano; Ramiro Cabezas, superintendente de Bancos; Ernesto Araníbar, canciller y vinculado con Soboce.

También figuran en la lista Carlos Calvo Galindo, Eduardo Quintanilla, Tomás Guillermo Elío, Óscar Bonifaz, Fernando Bedoya, Roberto Saavedra Bruno y Rolando Kempff.

Este mismo grupo participó en la privatización de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), en 1999, cuando exautoridades de gobierno se adjudicaron las empresas “que se reservaron” del primer lote de unidades productivas transferidas.

“Uno de los gestores del modelo de privatización genera las condiciones para convertirse en un beneficiario directo de dicho modelo económico”, señala una de las conclusiones a las que llegó la comisión en su informe.

“Así funcionaron las redes de poder” concluyó el expresidente de la Comisión, quien ahora funge como asesor hasta la entrega oficial del informe.

Como Ministro aprobó leyes y decretos

Samuel Doria Medina, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, fue ministro de Planeamiento y presidente de la Comisión Evaluadora de la Empresa Pública, que definía precios y modalidades de venta de las empresas.

Impulsó la promulgación de la Ley 1330 de Privatización (14 de abril de 1992), el Decreto Supremo 22836 (14 de junio de 1991), que determina la privatización de 60 empresas de propiedad de las Corporaciones Departamentales de Desarrollo (Cordes).

Como Empresario se adjudicó empresas

Una vez que dejó la función pública, Doria Medina se adjudicó —con varias irregularidades y preferencias de por medio— las dos fábricas cementeras del Estado, Fancesa y El Puente. También fue propietario del periódico Hoy y tiene varias franquicias de empresas alimenticias extranjeras.

Socio de Aguas del Tunari privatizó el agua

El empresario del cemento tuvo el 5% de las acciones de la empresa Aguas del Tunari, grupo transnacional que se adjudicó —en el gobierno de Hugo Banzer Suárez— el servicio de provisión de agua potable en la ciudad de Cochabamba, el hecho derivó en la llamada Guerra del Agua (2000).

Fuente: Cambio

Senadora Melgar: ALD’s deben continuar investigación sobre privatización

PC (9-12-14).- La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la Investigación de la Privatización y Capitalización (1989-2000) recomendará que las asambleas legislativas departamentales (ALD’s) continúen con las pesquisas sobre la entrega de empresas del Estado a capitales privados y extranjeros.

“No se sabe qué paso con algunas empresas, por lo tanto este trabajo de investigación debe continuar en las Asambleas Departamentales, creo que hay mucho que hacer, no sólo por saber qué paso sino porque parece importante tomar algunas decisiones para recuperar algunas (empresas), otras fueron desmanteladas”, declaró la presidenta de la Comisión, la senadora Tania Melgar.

Indicó que el informe es amplio y que por lo menos abarca unos 20 volúmenes que a la fecha son editados e impresos para su presentación al pleno de la Asamblea. “Antes del 20 de enero será entregado”, precisó la legisladora.

“Tenemos identificados un montón de delitos, los cuales pueden transformarse en una acusación”, pero que las mismas deben ser evaluadas por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dijo Melgar.

El documento contemplará una explicación sobre lo ocurrido con las cinco empresas estratégicas capitalizadas, las compañías de las Corporaciones de Desarrollo y la evaluación general de proceso.

El informe será editado en un libro de distribución masiva, además de separatas que se entregarán con los diarios del país, “para que la población conozca cómo se desmanteló al Estado”, apuntó la senadora.

Fuente: Cambio

Mensaje de Adolfo Mendoza apoyando a Ecuador en su demanda de justicia ambiental

Fuente: Apoya al Ecuador